ACERCA DEL AUTOR:
Jesús María Casal
Abogado especialista en Derecho Constitucional. Profesor universitario. Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela
En tiempos de turbulencia, cuando la tormenta arrecia, es preciso asirse a los fundamentos inamovibles, a los derroteros principistas que deben guiar nuestra actuación, para que cuando aclare no estemos tan apartados de la meta que queremos alcanzar.
En la actual situación venezolana no hay duda de que el pluralismo y los derechos humanos son pilares de la reconstrucción institucional y social que el país demanda y deberían ser puntos de encuentro entre todos los actores de una sociedad que sea o aspire ser democrática.
Quienes dicen mover los hilos del poder están privilegiando la agenda económico-petrolera y pareciera que relegan a una etapa final la llamada “transición”, aunque la liberación de personas encarceladas por motivos políticos que está en curso siembra esperanzas sobre una visión más integral del proceso de transformaciones.
Estas liberaciones marcan la pauta sobre lo que estimo debe ser el eje de los reclamos sociales ante el ciclo que se ha abierto y está en plena configuración y pendiente de definiciones: garantizar los derechos humanos y, como manifestación de ellos, el pluralismo político.
Así, las mencionadas liberaciones, o más bien excarcelaciones, que deberían traducirse en la libertad plena de los afectados, no pueden dejar intacta la estructura y el modo de operar que hicieron posibles las respectivas privaciones arbitrarias de la libertad, sino que deben dar paso al compromiso firme de no avalar o llevar a cabo limitaciones arbitrarias de la libertad personal y de asegurar a todo detenido, en los casos en que la restricción de la libertad esté justificada, todas las garantías referidas a la asistencia de abogado de confianza, a poner a los familiares en conocimiento de la privación de libertad y del lugar en que tiene lugar y a permitir la comunicación con ellos, y al respeto de la integridad física.
En la actual situación venezolana no hay duda de que el pluralismo y los derechos humanos son pilares de la reconstrucción institucional y social que el país demanda y deberían ser puntos de encuentro entre todos los actores de una sociedad que sea o aspire ser democrática.
Lo mismo puede decirse de otros derechos humanos.
En el ámbito de los derechos civiles y políticos, debe salvaguardarse el derecho de asociación, dejando sin efecto las limitaciones abusivas al funcionamiento de las ONG, al igual que el derecho de manifestación y el de participación política, sin inhabilitaciones impuestas por autoridad administrativa o al margen de un proceso penal con plenas garantías.
No ha de soslayarse además el derecho a la celebración de elecciones libres y equitativas.
En materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, debe protegerse la libertad sindical y demás derechos de los trabajadores y debe ponerse coto a la destrucción ambiental ligada al Arco Minero del Orinoco.
Esto por aludir solo a algunos temas pendientes en relación con la vigencia de los derechos humanos.
Atender la emergencia humanitaria compleja es otra prioridad.
En relación con todos los derechos, cobra ahora especial significación el derecho de los pueblos a la libre determinación, en los aspectos políticos y en lo relativo a la disposición, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales.
El pluralismo político, por su parte, implica crear un clima que favorezca la discusión nacional sobre asuntos económicos, políticos, también de derechos humanos, que a todos conciernen.
El pluralismo político no descalifica y excluye a un adversario del juego político, sino valora la participación de quienes estén en el otro extremo del pensamiento, aunque representen una opinión minoritaria.
Debe cesar toda censura o restricción indebida a la libertad de expresión y debe restablecerse un sistema que promueva el pluralismo en los medios de comunicación y deje amplios espacios para la crítica.
Asimismo, la reconciliación es un propósito relevante.
En estos días se insiste mucho en que todo tiene su tiempo y se subraya la importancia de la estabilización, el orden y la gradualidad.
Pero nada de esto tiene sentido si no hay claridad de objetivos y mucho menos si estos fueran ajenos a la democratización.
No se niega que ciertas reformas económicas y propósitos de estabilización económica puedan anticiparse a determinados cambios institucionales, pero mientras aquellas se implementan debe trabajarse conscientemente en la construcción del marco institucional apropiado para la realización de los derechos humanos.
Hay medidas y prácticas contrarias a estos derechos que no pueden subsistir mientras la recuperación económica se alcanza, pues ello restaría confiabilidad y licitud a las acciones que se emprendan en este campo.
No todo deba hacerse de inmediato y simultáneamente.
Entre otras razones, porque la profundidad de los problemas que deben resolverse en la esfera del Estado de Derecho es de tal calado que se requieren reformas de corto, mediano y largo plazo.
Pero sí hay que comenzar desde ahora a trabajar nacionalmente con intensidad en la agenda prioritaria de derechos humanos, con el espíritu de pluralismo al que antes se hizo mención.
Una administración de justicia independiente deberá afrontar los desafíos del establecimiento de responsabilidades por delitos contra los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, de la reparación a las víctimas y de las garantías de no repetición.
Es esencial el protagonismo nacional en todas estas áreas, sin perjuicio del apoyo que pueda prestar la comunidad internacional a instancias de los respectivos actores.
Téngase en cuenta adicionalmente que el derecho internacional de los derechos humanos y los informes y sentencias de organismos competentes en la materia serán guía fundamental para la democratización.
Quienes detenten el poder están obligados a respetar los derechos humanos.
En ámbitos señalados y en muchos otros existen ya estudios y propuestas nacionales muy acertadas, no se parte de cero.
Pero es momento oportuno para ponerlas en común, validarlas en un debate más amplio y avanzar, al ritmo que las circunstancias permitan pero sin perder temple o impulso, en la ruta de la recuperación democrática para la vigencia de los derechos humanos.
ACERCA DEL AUTOR:
Jesús María Casal
Abogado especialista en Derecho Constitucional. Profesor universitario. Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela
