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Marino Alvarado

Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.

Marino Alvarado | En 2012 el expresidente Hugo Chávez lanzó la Misión a Toda Vida Venezuela. Fue presentada como un plan de seguridad integral que tenía como propósito garantizar resultados a corto y mediano plazo en la mejora de la seguridad ciudadana, pero también era la reafirmación en teoría de una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos.

Se anunció cuando ya se notaba el retroceso en ese objetivo que se trazó el gobierno en 2006 de crear un nuevo modelo policial. Lo de nuevo era precisamente porque se quería una policía que se ganara la confianza de la ciudadanía, que actuara en el marco de la ley, con efectividad pero con la menor letalidad posible valorando el derecho a la vida.

Cuando Nicolás Maduro llegó al Poder en 2013 la Misión a Toda Vida empezó a transformarse en Misión Muerte. En Misión de terror. Los abusos de los cuerpos policiales y militares se quintuplicaron. Se alentó la represión y el maltrato a los sectores populares. El momento cumbre de esta política fue la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), razzias policiales en las zonas más pobres del país con miles de detenciones arbitrarias y ejecuciones. Operativos donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos bajo el mando del General Gustavo González López y después del actual ministro del interior Nestor Reverol. Recordemos la masacre de Barlovento cuando en octubre 2016 en uno de estos operativos 13 personas fueron detenidas y desaparecidas. Semanas después fueron encontradas muertas. Todas habían sido ejecutadas por integrantes del Ejército. Como consecuencia de esa masacre y todas las críticas que produjo incluso de sectores vinculados al gobierno, las OLP fueron desapareciendo sin que Maduro diera la cara para explicar los motivos, luego que había defendido y avalado los abusos.

Dichos operativos fueron desapareciendo y en su lugar pasaron a tener mayor relevancia las acciones de las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El gobierno transformó este componente de la policía en un escuadrón de la muerte que comete a diario múltiples violaciones a los derechos humanos. Un grupo exterminio que infunde terror no a los delincuentes sino a las familias humildes de los barrios que sufren sus atropellos. Allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias acompañadas con frecuencia de malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. Una policía de disparen a matar que pareciera la evaluación de su éxito se mide en personas asesinadas.  Toda la antítesis de lo que pretendió ser un modelo policial nuevo y la llamada Misión a Toda Vida. En esa labor al Faes lo acompaña el Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas (CICPC) ampliamente denunciado por sus arbitrarias actuaciones.

Maduro y su cúpula gobernante no solo han desmejorado a niveles alarmantes la calidad de vida de los más pobres sino que ha diseñado una política de seguridad que ve a los pobres  enemigos a aniquilar. Por eso sin compasión entran las fuerzas militares y policiales en los barrios a realizar masacres. Con toda impunidad. Un gobierno que se dice a favor de los pobres y solo genera sufrimiento a los pobres.

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