ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | En medio de la tensión política que se vive en el país por las arbitrarias e inconstitucionales decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que fortalecen la manera autoritaria como viene gobernando el presidente Nicolás Maduro y su equipo, pasó un poco desapercibido el asesinato de manera atroz de dos presos bajo la custodia de la policía estadal del estado Táchira.
No se trató de un crimen más perpetrado entre los propios presos. La crueldad usada al punto de asumir prácticas de canibalismo demuestra los niveles de degradación a los que se ha llegado en el sistema penitenciario venezolano. Y en ello hay una responsabilidad directa de la ministra de asuntos penitenciarios. ¿Por qué? Veamos lo siguiente.
La ministra decidió sin mayor planificación cerrar varias cárceles en el país, pero no porque disminuyó el número de presos, al contrario viene aumentando. Distribuyó los presos en otras cárceles sin importar si eran enviados bien lejos de los tribunales que los procesan, lejos de las familias y si agudizaba el hacinamiento.
El hacinamiento en los retenes se incrementó a niveles alarmantes. Empezaron a ocurrir motines, fugas, riñas, asesinatos y a proliferar todo tipo de enfermedades
Pero adoptó una media todavía más arbitraria y totalmente inhumana. Decidió que los jueces no mandarían más presos a las cárceles hasta que el ministerio decidiera donde habría cupo. Así que los retenes policiales se fueron llenando de presos acusados de los más diversos delitos. El hacinamiento en los retenes se incrementó a niveles alarmantes. Empezaron a ocurrir motines, fugas, riñas, asesinatos y a proliferar todo tipo de enfermedades.
Los retenes policiales solo son para albergar detenidos por unas cuantas horas. No tienen ni la infraestructura, ni el presupuesto ni personal preparado para mantener por meses e incluso por años a personas privadas de libertad.
A pesar de las constantes denuncias, informes presentados por el ministerio público, preocupaciones expresadas por la defensoría del pueblo y varias organizaciones de derechos humanos además de las familias, la ministra le dio la espalda a esa realidad y con ello contribuyó a que cada día se agudizara.
El defensor del pueblo denunció recientemente la gravedad del problema. Según el Defensor Tarek William Saab existen en los retenes policiales 33.000 detenidos muchos de ellos con varios años e incluso personas ya condenadas. No hay duda que la insensibilidad e indolencia de la ministra llevó la situación a extremos de deshumanización.
Los asesinatos ocurridos en politáchira posiblemente no hubiesen sucedido si se hubieren adoptado medidas oportunas y adecuadas para descongestionar ese reciento policial y una vez iniciado el conflicto de los presos, responder con rapidez y eficacia a la situación. Pero solo después de 28 días la ministra se atrevió a encarar la situación, cuando se extendió el rumor que dos presos había sido asesinados y posiblemente asesinarían a los funcionarios policiales que estaban en condición de rehenes.
El Estado venezolano, representado por la ministra de asuntos penitenciarios iris Valera, es responsable por los daños y perjuicios sufridos por los presos y sus familiares
El Estado venezolano, representado por la ministra de asuntos penitenciarios iris Valera, es responsable por los daños y perjuicios sufridos por los presos y sus familiares, principalmente de las personas asesinadas. Hay también una responsabilidad penal que debe investigar el ministerio público no solo, como ya lo inició, de algunos funcionarios policiales, sino de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, la que puedan tener la propia ministra y el gobernador Vielma Mora.
El artículo 43 de la Constitución es muy preciso. El Estado protegerá la vida de las personas privadas de libertad. Al ser asesinadas por la omisión del Estado de no adoptar medidas adecuadas para garantizar la vida, se genera inmediatamente responsabilidad por lo sucedido y los daños y perjuicios producidos
Mientras la ministra y su equipo directivo sigan asumiendo la crisis penitenciaria del país con soberbia, falta de humanismo y adoptando medidas improvisadas, la situación no mejorará. Continuarán enlutándose los hogares de las familias de muchos presos y la degradación en el modo como sobreviven las personas privadas de libertad se profundizará.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
