No sé cuando regresaremos a las aulas de clases, porque regresaremos más temprano que tarde, pero solo entonces, pienso, podremos calibrar en su justa dimensión la profundidad de la crisis que devasta al sector educativo nacional.

La suspensión de actividades originada por la irrupción de la pandemia del COVID-19 acaba de cumplir un año y no se vislumbra su reinicio, al menos en los próximos meses, más allá del anuncio irracional e irresponsable del gobierno de reanudar actividades en el próximo abril, cosa que, sin duda, no ocurrirá.

Pero cuando se abran de nuevo las puertas de las escuelas, liceos y universidades, tristemente podremos constatar los verdaderos alcances de la tragedia que sufre la educación venezolana.

Deserción masiva de educadores y estudiantes, deterioro grave de la planta física, ruina de los servicios básicos asociados al funcionamiento del sistema (transporte, luz, agua, telefonía, internet, comedores y otros), mengua nutricional y emocional de quienes sobreviven al colapso y una disminución significativa de la cobertura y calidad de la educación son los signos más patéticos de una tragedia de incalculables consecuencias para las generaciones presentes y futuras y para el devenir del País en el corto, mediano y largo plazos.

Y es que la cuarentena decretada ante la pandemia del coronavirus es solo el velo que cubre la verdadera causa y los verdaderos alcances del desmantelamiento del sistema educativo nacional. Veamos:

El rasgo más importante de la situación social venezolana es el empobrecimiento generalizado de la población, hasta el punto de la posibilidad de una hambruna. La pobreza por ingresos alcanza al 90%, según datos de la ENCOVI, mientras la pobreza crítica bordea el 50%.

El resultado de todo esto no puede ser otro que la profundización de las desigualdades y la exclusión social, la imposición del oscurantismo y la dominación

El salario, las prestaciones sociales y el ahorro de los trabajadores y sus familias han sido pulverizados; las contrataciones colectivas han sido sustituidas por unas tablas salariales de hambre que borran viejas conquistas alcanzadas en largas luchas. Mientras el salario mínimo mensual es de apenas Bs 1.800.000, el costo de la canasta básica se sitúa en Bs 320 millones. Completa el resumen el descalabro de todos los servicios públicos, cuyas tarifas se incrementan en proporción a su ruina.

Sobre este cuadro cabalga la crisis de la educación. Según estimaciones de las federaciones nacionales del magisterio, cerca del 50% del personal docente ha abandonado el sistema como consecuencia de unos sueldos de hambre que promedian 3 dólares mensuales.

Sus convenciones colectivas de trabajo han sido sustituidas, unilateral y arbitrariamente, para imponer unas tablas salariales que nivelan hacia abajo los sueldos, les arrebata importantes reivindicaciones y los deja desasistidos de seguridad social.

En ausencia de incentivos económicos, sociales, culturales y/o académicos, nuestros profesionales de la educación migran hacia otras actividades y oficios, o emprenden el camino tortuoso de cruzar la frontera en procura de mejores horizontes.

El correlato de este drama es la deserción masiva e incuantificable de la población estudiantil a todos los niveles del sistema. Víctimas del empobrecimiento y el hambre, sucumben ante la incertidumbre reinante, agravada por la prolongada paralización de las actividades académicas y por el fracaso anunciado de las clases virtuales o a distancia.

Presas del ocio, apremiados por el menoscabo de las condiciones de existencia de sus núcleos familiares y sin perspectivas promisorias de cara al futuro, se entregan al trabajo precario e inestable, al aprendizaje y ejercicio improvisado de algunos oficios, sobreviven en un ambiente proclive a la proliferación del delito y los vicios o engrosan las filas de nuestra diáspora regada por el mundo.

Cierra este esbozo crudo de la realidad educativa el deterioro acelerado de la planta física y de la infraestructura de servicios, acrecentados por el abandono, el saqueo y el pillaje que está desmantelado una parte significativa de las escuelas, liceos y universidades, ante la mirada indolente y cómplice de las autoridades del régimen.

Antes de la pandemia, 1275 planteles educativos, entre públicos y privados, habían cerrados sus puertas, según cifras aportadas por el INE. ¿Cuántos más no podrán abrirlas cuando haya cesado la emergencia sanitaria? Esta situación se agrava con el cerco presupuestario deliberadamente tendido sobre todo el sistema, promoviendo de facto una autogestión paliativa que es una forma velada de privatización.

Sobre los despojos del viejo sistema educativo nacional, a su vez, el régimen va edificando de forma sostenida otro, orientado al adoctrinamiento y la sujeción, a la castración de las facultades espirituales y humanísticas de la población, de signo tecnocrático, alienante y empobrecedor, cuyo objetivo es la dominación de la ciudadanía y la reproducción de su modelo societario, de carácter dictatorial y totalitario.

Para llevarlo adelante impone mecanismos de chantaje y control social sobre educadoras y educadores, anula los rasgos democráticos de funcionamiento del sistema, al tiempo que anuncia la incorporación de 100 mil nuevos “docentes”, reclutados de entre los integrantes del plan “Chamba juvenil”, entrenados para su vil propósito.

El resultado de todo esto no puede ser otro que la profundización de las desigualdades y la exclusión social, la imposición del oscurantismo y la dominación, el rezago científico y tecnológico del país, la profundización de nuestra dependencia y un mayor empobrecimiento de toda la población.

Dignificar la educación y el ejercicio de la profesión docente, para darle a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes condiciones y posibilidades de formación y crecimiento, en el marco de una educación popular, científica y humanística, democrática y libertaria, deben ser objetivos fundamentales en la lucha por superar la grave crisis humanitaria que sufre la Nación. Para ello es imprescindible derrotar a la dictadura, responsable de tanta ruina y tanto sufrimiento ocasionados a nuestro país y a nuestra gente.

ACERCA DEL AUTOR:

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.