ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
Calixto Ávila | Los recientes debates en el Consejo de Derechos Humanos, el 23, 24 y 25 de septiembre, son sin duda alguna los más trascendentales sobre Venezuela en la historia del sistema universal de las Naciones Unidas. La presentación del informe de la Misión de Determinación de Hechos (MDH) y la actualización verbal de la Sra. Bachelet, contaron con intervenciones individuales y colectivas de 63 miembros de la ONU. El seguimiento de estos debates permite sacar varias conclusiones preliminares sobre el impacto de las estrategias de propaganda, insultos y confusión implementadas por el gobierno de facto para enfrentar los debates en Ginebra.
Desde los primeros momentos, ese gobierno atacó personalmente a los miembros de la MDH, calificándolos directamente de “mercenarios” mientras sus aparatos de propaganda fabricaban informaciones para descalificar la trayectoria personal de los tres comisionados. No hay que olvidar que esos funcionarios fueron nombrados y mandatados por la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en consecuencia tienen las inmunidades diplomáticas previstas en los tratados internacionales especializados, ratificados por Venezuela. La reacción vino a primera hora del segundo día, el jueves 24, cuando la misma presidencia del Consejo abrió el debate afirmando: “recuerdo a todas las delegaciones que las declaraciones despectivas o las inflamatorias afirmaciones de naturaleza personal dirigidas a responsables de los mandatos del Consejo son inaceptables, todos pueden expresar sus puntos de vista sobre el informe presentado o sobre las presentaciones de los encargados del mandato pero ataques personales no serán aceptados” (traducción propia del inglés). El insulto es parte de las estrategias de ese gobierno y se equivoca al creer que no debe pagar un precio en las Naciones Unidas.
Por otra parte, para deslegitimar la MDH y su informe, ese gobierno se refiere a la Resolución 42/25 del 24 de septiembre de 2019, como una resolución impuesta por el Grupo de Lima, políticamente motivada e instrumentalizada. Como si esa resolución del Consejo de Derechos Humanos, que creó la MDH y mandató a Bachelet para presentar su informe, no hubiera sido aprobada por mayoría simple siguiendo los artículo 19 y 20 del Reglamento sobre periodos de sesiones del Consejo. Todas las resoluciones del Consejo son aprobadas de la misma forma, luego de un debate democrático decidido mediante el voto. No aceptar el resultado, por el hecho de perder en la votación, es visto en las Naciones Unidas como una muestra de mala fe, pues las reglas de juego han sido previamente aceptadas por todos sus miembros.
Ese gobierno no acepta perder elecciones en lo interno y tampoco está dispuesto a aceptar los resultados de los votos en el Consejo de Derechos Humanos, cuando no le convienen
En octubre de 2019, varios funcionarios del gobierno de facto calificaron de “histórica” la votación de la Asamblea General que puso a Venezuela entre los 47 miembros el Consejo. Esos mismos funcionarios hoy se percatan del exiguo apoyo a ese gobierno entre los otros 46 miembros. Así lo indica la votación en contra y en solitario, el pasado 17 de julio, de la “Resolución sobre responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”, y la reciente votación en contra y junto a Eritrea (dos votos), de la Resolución 45/1 votada por mayoría (25 votos) y que abrió un debate en urgencia este 18 de septiembre sobre la situación de derechos humanos en Bielorrusia en un contexto de fraude electoral. En esta última votación, Venezuela fue el único país en votar siempre a favor de 17 propuestas de reformas a esa resolución, impulsadas por Rusia para quitarle fuerza, y que fueron todas rechazadas por voto mayoritario. Finalmente, los debates entre el 23 y el 25 de este mes testimonian esa falta de apoyo: de los 63 Estados que intervinieron sobre Venezuela, solo diez (*) apoyaron los argumentos del gobierno de facto y ninguno de ellos es miembro del Consejo y por tanto no tienen derecho al voto.
Ese gobierno no acepta perder elecciones en lo interno y tampoco está dispuesto a aceptar los resultados de los votos en el Consejo de Derechos Humanos, cuando no le convienen. Huye hacia adelante con argumentos de defensa de la soberanía, se victimiza alegando guerras mediáticas y complots, mientras insulta a sus pares en el Consejo y desconoce a esta institución. La última jugada de ese gobierno fue la remisión al Secretario General de la ONU, de un informe llamado “La verdad de Venezuela contra la infamia” en un hecho que buscaba desconocer a la MDH y su informe, pero que en verdad termina ignorando al órgano competente que es el Consejo de Derechos Humanos, del que además forma parte. Se trata de una actitud escandalosa que sin duda afectará la deteriorada imagen de ese gobierno en el Consejo.
Finalmente, como lo hace a nivel interno, ese gobierno no asume ninguna responsabilidad por la dramática situación de Venezuela, culpa a los otros y se victimiza. Ha machacado hasta la saciedad el discurso de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, para justificar la crisis humanitaria y de derechos humanos del país. Compartimos plenamente la petición de la Sra. Bachelet para que se levanten las sanciones sectoriales unilaterales, por afectar los derechos humanos de la población, pero es un despropósito no aceptar discutir ningún otro tema distinto a las sanciones. Esta desbalanceada actitud de ese gobierno ha generado un desgaste entre sus pares en el Consejo. En efecto, muy pocos Estados apoyarán propuestas de resoluciones sobre derechos humanos que no pongan la lupa sobre las graves violaciones a los derechos humanos constatadas por la MDH y que no tienen relación alguna con las sanciones, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y la violencia sexual y de género. Tampoco apoyarán una propuesta que no incluya la situación de los derechos a elegir y ser elegido, la libertad de opinión y expresión, la situación de periodistas, presos políticos y defensores de derechos humanos, hechos y situaciones que no pueden ser achacadas a las sanciones. No aceptarán ver solamente las sanciones sin revisar el impacto en los últimos 20 años de la corrupción a gran escala y su impunidad, en la emergencia humanitaria compleja que vive el país, o el enorme gasto público destinado actualmente (y ostentado sin pudores) al aparato represivo y militar, pese a la existencia de las sanciones.
Las estrategias de propaganda, insulto y confusión desplegadas por ese gobierno han deteriorado aceleradamente su imagen en el Consejo de Derechos Humanos. No hay que olvidar que el abandono del sistema interamericano de derecho humanos había ya afectado su reputación ante la comunidad internacional, cuyas instituciones funcionan como vasos comunicantes. Como en un juego de dominó, ese gobierno trata de “trancar el juego”, pero los otros jugadores se percatan de que esconde las fichas y no respeta ni las normas ni a los participantes en la mesa.
* Esos diez países fueron: Corea del Norte, Bielorrusia, Irán, Siria, Myanmar, Laos, Nicaragua, Rusia, China y Cuba.
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Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
