ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
La máxima autoridad mundial en materia de derechos humanos acaba de felicitar al gobierno de Nicolás Maduro por mejorar su desempeño frente al ejercicio de la protesta ciudadana. ¿Realmente ha sido así?
Durante la sesión número 53 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada el pasado 5 de julio en Ginebra, el Alto Comisionado Volker Turk hizo una actualización oral sobre la situación venezolana. Frente a los representantes de los 47 países integrantes del organismo Turk afirmó: “Señor presidente: El número de asesinatos documentados a manos de agentes del Estado, así como las denuncias de tortura y malos tratos, siguen disminuyendo”. Sus palabras presentaban un resumen del informe sobre nuestro país divulgado un día antes.
En este documento, la situación de las manifestaciones se expresaba de la siguiente manera: “Al igual que en el período del informe anterior, el ACNUDH no recibió información sobre muertes en protestas ocurridas durante el período del presente informe”. Más adelante se agrega: “Durante el período que abarca este informe continuaron las protestas sociales (…) El ACNUDH observó que estas protestas habían sido en gran medida pacíficas y acogió con satisfacción las mejoras en la gestión de multitudes por parte de las autoridades”.
Sin mayor contextualización, estas afirmaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pueden llevar a un lector poco enterado a conclusiones erróneas: En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha mejorado su tolerancia y aceptación de la protesta popular de calle. Y esto, como sabemos quienes vivimos dentro del país, dista de ser así.
Ninguna vida vale el precio de una ideología, de una demanda, de una reivindicación. Que durante el año 2022 ningún venezolano o venezolana haya perdido la vida por participar en una protesta siempre será un motivo de alivio. Aquí o en Kurdistán. Pero entre nosotros eso no fue el fruto de la implementación de políticas democráticas de seguridad ciudadana, sino consecuencia de los cambios realizados por los propios manifestantes por miedo a los embates de la represión. Para explicarlo en una situación análoga: El descenso del 49% de las detenciones arbitrarias por ejercer el derecho a la libertad de expresión, en el año 2022 respecto al 2021 como reportó la ONG Espacio Público, se explica por los incrementos en los niveles de censura y autocensura a raíz de la aplicación de la llamada “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, y no por el cumplimiento de las obligaciones estatales en respetar, promover y proteger el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Aquí también, y para decirlo en verso, “la estadística sin explicación aumenta la confusión”.
Una encuesta reciente del Instituto Delphos calibró el ánimo de la población venezolana para participar en una manifestación. El principal inhibidor para salir a protestar, con un 38.9%, es el miedo, la percepción que hacerlo es peligroso. La segunda mayor respuesta, “No vale la pena / No sirve de nada”, con 22.1%, refleja precisamente que no existen canales institucionales para responder a las demandas de la sociedad. Ambas suman 61%. En una pregunta posterior, sobre lo mejor para hacer dada la situación actual, la respuesta mayoritaria (45.1%) fue “luchar sin correr muchos riesgos”. Para evitar la “confrontación” o los “encontronazos” con las autoridades, los manifestantes han ido variando en sus repertorios privilegiados para hacer demandas en la calle. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el año 2002 el 68,7% de las protestas ocurridas en ese período fueron concentraciones, el 11.5% fueron cierres de calle y el 3.49% fueron marchas. En una concentración te reúnes en un punto, das declaraciones a medios de comunicación y te dispersas. En contraste, para el año 2019, esa modalidad aglutinó el 38.7%, el cierre de calles 22.1% y las marchas el 8.6%. El OVCS no desagregó los datos para el 2017, pero creemos que para ese año los puntos porcentuales del cierre de calle y el de las marchas fueron tan importantes como el de las concentraciones. Más de 140 muertos sirvieron para meter el miedo en el cuerpo.
Los castigos ejemplarizantes lograron que el temor sea, en tiempos bolivarianos, el mejor “gestor de multitudes”. No solamente inhibiendo manifestaciones donde pudiera haber contactos físicos con los organismos de seguridad, sino también neutralizando a quienes las pudieran organizar, acompañar y amplificar. Tres semanas antes de las palabras de Turk dos trabajadores de Sidor, que lideraban una protesta por mejores condiciones laborales, fueron detenidos e imputados por los supuestos delitos de “instigación al odio”, “asociación para delinquir” y “boicot”. El propio informe divulgado en Ginebra registra la detención de 6 líderes sindicales en julio de 2022. Y para completar el cuadro, ya se han comenzado a reportar las agresiones contra candidatos y candidatas opositores en sus recorridos por el país, junto a detenciones al equipo logístico que prestó un servicio para la realización de los actos proselitistas. La fórmula del chavismo realmente existente para la gestión de multitudes sería evitar que se aglomeren.
El derecho a la protesta se encuentra íntimamente vinculado al disfrute de otros, como el derecho a la libertad de reunión y asociación y la libertad de expresión e información. Frente a su deterioro no se entiende como alguien puede sugerir que Miraflores “realizó mejoras en la gestión de multitudes”. El Alto Comisionado debería reconocer no elementos momentáneos sacados de contexto, sino la promulgación de políticas públicas institucionales con impacto duradero en la situación de los derechos humanos en el país. En este caso la “ambigüedad constructiva”, la tónica discursiva que parece ha permeado en los y las oficiales de Naciones Unidas presentes en el país, no solamente tiene todo de ambigüedad y nada de constructivo, sino que impide la comprensión cabal de la dramática situación padecida en Venezuela.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
