ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
Keymer Ávila | Como ya hemos comentado en otro artículo, la necropolítica es la expresión mortífera de la biopolítica y no excluye los dispositivos disciplinarios. Al igual que uno de sus principales instrumentos, el sistema penal, es también selectiva, racista y clasista. En el caso venezolano si bien su expansión es cada vez más grande, acelerada y violenta, no se distribuye equitativamente ni con la misma intensidad en todos los sectores de la sociedad.
La masacre por goteo que se lleva contra los pobres desde hace años y que se incrementó aceleradamente desde el 2015 sirvió como globo de ensayo para aplicar luego esta violencia institucional hacia sectores con mayor poder de reclamo social. La tolerancia y apoyo hacia estos operativos policiales militarizados, de carácter letal, contra los barrios marginales por parte de las clases más incluidas durante 2015 y 2016, se volverían en su contra en 2017. Aunque en una dosis e intensidad distinta.
Para las capas medias y altas de la sociedad que se atrevan a disentir el gobierno les tiene otras modalidades menos letales, pero también violatorias de sus derechos civiles, tales como detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos ilegales, procesamientos en jurisdicción militar, etc. Un ejemplo es el que se dio durante las protestas de 2017, la violencia institucional ilimitada de carácter letal aplicada contra los pobres se adaptó para la clase media, de una manera menos mortal pero igualmente terrorista; se trata de los casos de los allanamientos masivos de urbanizaciones en Caracas, Zulia, Miranda, Carabobo y Lara en cuyos alrededores se habían realizado protestas contra el gobierno. Allí operó la racionalidad bélica de ocupación militar, donde el allanamiento se convirtió en el castigo mismo. Las fuerzas de seguridad destrozaron bienes comunes, ascensores y viviendas. Esto es una clara manifestación de lo que Mbembe denomina guerra de infraestructuras, donde los funcionarios también realizan actos predatorios y de pillaje, se llevan como botín de guerra objetos pertenecientes a las víctimas que tengan algún valor (electrónicos, joyas, dinero, ropa, incluso alimentos).
Es de advertir que este pillaje institucional también se le aplica a los pobres, la diferencia es que la clase media, durante esos allanamientos, no tiene una pérdida total de sus viviendas , ni tampoco resultados fatales (a menos que se considere la muerte de sus mascotas). No los matan de manera masiva como lo hacen con los jóvenes de los barrios, pero sí le aplican su dosis de terror. Y luego esa misma lógica de abuso institucional, de operación militar, es adaptada para opositores con mayor poder de reclamo social e impacto mediático como diputados o alcaldes. Solo durante 2017 las detenciones por razones políticas incrementaron un 464,7%.
El gobierno tiene diversos mecanismos disciplinarios y de contención de carácter masivo, destinados principalmente para los más humildes, los más conocidos son el “carnet de la patria”, con el cuál se puede tener acceso a bienes y servicios, y las cajas “CLAP” (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que traen carbohidratos y aceite vegetal a precios subsidiados, que en un contexto de desabastecimiento, escasez, hiperinflación y devaluación de la moneda, resulta de gran valor. Ambas son eficientes herramientas de control político, social y policial. En las recientes protestas ocurridas en sectores populares durante la penúltima semana de enero, estos dispositivos mostraron su eficacia para la delación, extorsión y aplicación del terror en las comunidades más humildes, deteriorando severamente el tejido social, así como las lógicas mínimas de solidaridad y fraternidad que deben existir entre los vecinos.
Finalmente, el gobierno considera a las críticas internas, disidencias o desafiliaciones, de sus cuadros políticos como actos graves de traición que se pagan con la cárcel o el destierro, los ejemplos más emblemáticos son las detenciones de los ex Ministros de Interior y Justicia, de Defensa, así como el exilio de la Fiscal General.
En síntesis: para los pobres que resulten molestos, disientan, o que simplemente puedan ser útiles para enviar un mensaje al resto de la comunidad, se tiene la aplicación máxima de terror, que puede expresarse de múltiples formas, que va desde su eliminación física, hasta desapariciones o detenciones ilegales y arbitrarias, seguidas de amenazas a sus sobrevivientes para que no denuncien los hechos. Para los sectores más incluidos, con mayor poder de reclamo social, se tienen también diversos mecanismos para su disciplinamiento, menos mortíferos, pero también muy efectivos.
Para más detalles sobre la puesta en marcha de estos dispositivos pueden ver la investigación completa en este enlace: https://www.academia.edu/37864150/Estado_de_excepci%C3%B3n_y_necropol%C3%ADtica_como_marco_de_los_operativos_policiales_en_Venezuela
Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo
Durante los primeros 5 meses de las OLP -año 2015-, PROVEA (2016) registró 17.215 allanamientos ilegales a viviendas de las barriadas pobres del país, lo que tuvo un impacto en el incremento de estas violaciones a la integridad personal en un 33.754%. Se registraron también, al menos, 10 casos de incendios, 976 casos de demoliciones y 1.490 desalojos arbitrarios de viviendas. En el seguimiento de los operativos policiales que hemos realizado durante los años 2016 y 2017, se contabilizaron 994 denuncias de destrozos y daños dentro de viviendas, así como 35 robos cometidos por los propios funcionarios en el marco de estas intervenciones.
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Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
