El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre el derecho a la vivienda en Venezuela, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) demostró, con cifras oficiales, las inconsistencias de las cifras oficiales de construcción.
El viernes 2 de diciembre de 2016 la CIDH realizó la audiencia “Derecho a la vivienda en Venezuela”, solicitada por el Estado venezolano. En ella participó como contraparte Provea, para aportar información adicional suministrada por los funcionarios. La delegación estatal estuvo liderizada por Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, junto a funcionarios del Ministerio de Vivienda.
Luego de la intervención del Estado Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea enfocó su intervención en tres temas: 1) Falta de acceso a la información sobre las políticas de vivienda y contradicciones en las cifras sobre su ejecución; 2) Violaciones al componente “seguridad jurídica de la tenencia” inherente al derecho a la vivienda adecuada y 3) Violaciones al derecho a la vivienda como consecuencia del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).
Citando cifras del Banco Central de Venezuela, Provea refutó que en Venezuela se hayan construido durante el año 2015 más de 300.000 viviendas como afirmó el Estado, lo que sumaría un millón desde la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela: “En su informe “Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos” –afirmó Uzcátegui- correspondiente al cuarto trimestre de 2015, el principal banco del país registró que la construcción había sido el sector de la economía que más había disminuido durante los últimos tres meses del año, con un decrecimiento de -23,8%. Al revisar el mismo informe del Banco Central, pero para el tercer trimestre del año 2015, los resultados son similares: La construcción volvió a ser el sector de la economía con mayor crisis en el país, con un retroceso de -20,2%”. El activista también citó frases de la Memoria y Cuenta de los ministerios de vivienda y trabajo en la que afirman que la falta de insumos de construcción no permitió cumplir las metas establecidas.
OLP y violaciones al derecho a la vivienda
Uzcátegui recordó que la seguridad jurídica de la tenencia, uno de los componentes del derecho a la vivienda, protege a sus habitantes de un desalojo: “Según las visitas realizadas a comunidades favorecidas por la Misión Vivienda, así como por diferentes denuncias recibidas por Provea, las personas que han recibido casas por parte de esta política pública no cuentan con un título de propiedad que les garantice protección contra desalojos arbitrarios”. A pesar que los funcionarios del Estado habían asegurado que Venezuela era un país “de cero desalojos”, 1.490 familias habían sufrido desalojos arbitrarios por parte del Operativo de Liberación del Pueblo.
Por otra parte Provea registró que 976 viviendas fueron demolidas y otras 10 fueron incendiadas por agentes de la fuerza pública, en 5 estados de Venezuela, durante la ejecución del OLP en el año 2015, mostrando fotografías de demoliciones, desalojos e incendios de varias comunidades en el país, incluyendo la campaña #NavidadSinCasa, que realiza el Comité de Víctimas de la OLP de La Ensenada. Uzcátegui finalizó su intervención mostrando una imagen en la que aparecía Nicolas Maduro:
“Finalmente queremos mostrarle esta fotografía, tomada en el año 1998 en el barrio La Ensenada, ubicado en la Carretera Panamericana de Caracas. En ese momento el militante del Movimiento V República, Nicolás Maduro, sostiene en sus brazos a la hija de Carlos González, quien aparece en su lado izquierdo. La señora que hace el símbolo de la victoria es Irene, esposa de Carlos González, ambos parte del grupo del partido que en ese momento promovía la candidatura de Hugo Chávez a la presidencia de la República. 18 años después un 24 de julio, en el mismo sitio donde se tomó la fotografía, se realizó una OLP, justificada por los funcionarios policiales y militares con el argumento que se realizaba “por órdenes presidenciales”. La hija de Carlos Gonzalez, Irene González, que en el momento de la foto tenía 2 años, hoy se encuentra damnificada y sin vivienda como consecuencia de la OLP. Ella y su padre, Carlos González, son miembros del Comité de Víctimas de La Ensenada, quienes están realizando en este momento la campaña #NavidadSinCasa”.
Prensa Provea
