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La reducción de las capacidades del sistema sanitario público se intensificó aún más en 2021.

Tras 22 meses de la pandemia generada por el Covid-19 y el estado de colapso estructural, el sistema mostró una caída operativa de servicios que alcanzó hasta 70% en 2019 y más de 80% entre 2020 y 2021.

Los esfuerzos de atención se concentraron en la atención de los casos de Covid-19, que aumentaron este último año; ello saturó los establecimientos disponibles y generó un mayor retiro del personal de salud capacitado, por extremas dificultades para trabajar y protegerse de la alta exposición a contagios de Covid-19.

La caída de las capacidades del sistema sanitario público incrementó las denuncias de vulneración del derecho a la salud y de los derechos laborales del personal, y agudizó las privaciones de la población a estándares de atención mínimos, causando más daños a sus condiciones de salud.

Aunque la pandemia de Covid-19 influyó en las extremas caídas del sistema en los últimos dos años, la persistencia de políticas de desinstitucionalización, desestructuración, desfinanciamiento y cierre de acceso a estadísticas epidemiológicas y sanitarias, continúan siendo sus principales causas.

Aumentaron las denuncias

Durante 2021, Provea registró un total de 71.186 denuncias de vulneraciones del derecho en los centros de salud públicos. Este número de denuncias supera por tercer año consecutivo el registrado a lo largo de todos los años de monitoreo de denuncias en el país.

En el seguimiento a las denuncias se observó un crecimiento exponencial, pasando de un promedio de crecimiento interanual de 84% entre 2012 y 2013, a 340% entre 2019 y 2021.

Una de las consecuencias más graves del extremo declive en el que se encuentra el sistema sanitario público es el retiro masivo de personal de salud capacitado.

En 2021 este problema se agravó al aumentar en 70% la salida de personal médico y a 80% el de enfermería.

Entre las denuncias que hizo el personal durante 2021, Provea recogió 450 por falta de transporte público o gasolina; 1.300 por negativa de las autoridades a contratos y tablas salariales justas, y 1.386 por no contar con equipos de bioseguridad para protegerse del Covid-19 y por la escasez de insumos para prestar atención a las personas con el virus.

Vigilancia frágil frente al Covid-19

Transcurridos 22 meses de la pandemia, hasta diciembre de 2021 el gobierno notificó un total acumulado de 444.635 casos confirmados y 5.324 muertes por Covid-19, con un alza de 292% y 418% en el número de casos y muertes en comparación con 2020.

En 2021 ocurrieron al menos tres picos de alto repunte de casos que el gobierno adjudicó a la circulación de nuevas variantes. Sin embargo, la población cumplió muy poco la cuarentena a medida que iba flexibilizándose, principalmente por la carencia de medios de vida y de acceso a los alimentos.

Las capacidades de vigilancia y detección de casos continuaron siendo frágiles.

En el Índice Global de Seguridad Sanitaria (GHS Index) Venezuela pasó del puesto 176 al 186, entre 2019 y 2021, cayendo en las capacidades de prevención de brotes, detección temprana y notificación, compromisos con normas internacionales y financiamiento para reforzar las capacidades nacionales, así como en factores de riesgo y vulnerabilidades.

El gobierno inició la vacunación contra el Covid-19 en febrero de 2021, con la meta de alcanzar al finalizar el año a 70% de la población, estimada oficialmente en más de 22 millones de personas, para quienes eran necesarias más de 40 millones de dosis.

Hasta junio, el gobierno notificó 11% de población vacunada con una dosis. Al aumentar los puestos de vacunación, eliminando el trámite de citas, el porcentaje oficial subió a 43,9% en septiembre, 67% en noviembre y 82,4% en diciembre.

Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que para 2021 Venezuela había alcanzado 77,2% de personas vacunadas con la primera dosis y 47,6% con la segunda.

Gobierno descuida sus obligaciones

Mientras que casi todos los esfuerzos gubernamentales se concentraron en la pandemia, redirigir servicios y personal a los casos de Covid-19 disminuyó la atención a personas con problemas crónicos y agudos, embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y con discapacidad, personas en cárceles y personas de pueblos y comunidades indígenas.

En su informe de agosto, la directora de la OPS reportó que Venezuela presentaba altas tasas de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Según datos de HumVenezuela, en 2021 aumentó la prevalencia de enfermedad en la población, elevándose a más de 70% hasta el primer semestre del año, al dejar de acudir a los servicios de salud por su suspensión o inoperatividad.

De una población de 28,7 millones de personas para 2021, hasta junio 18,8 millones habían perdido servicios de atención primaria, ambulatoria y hospitalaria, lo cual agravó la situación de salud de 10,4 millones con los problemas de salud más graves; de estas personas, 4,9 millones no recibieron atención médica y 3,8 millones tampoco tuvieron acceso a medicinas.


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