ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
Rafael Uzcátegui | El pasado 30 de septiembre falleció Joaquín Lavado, “Quino”, autor del personaje con el cual crecimos varias de las generaciones previas a internet: Mafalda. No era casualidad que esta adulta prematura, que hablaba con particular ingenio y sencillez de una variedad de temas a sus 6 años, viviera en Buenos Aires. Cuando el término era ampliamente desconocido, fue esta niña la que primero habló sobre derechos humanos, de manera comprensible, a una audiencia masiva. Esta sensibilidad era parte de un contexto particular, el argentino, en el que un país por entero respondía al horror de la dictadura militar con valores que materializaran la dignidad de hombres y mujeres. No es fortuito que yo mismo hable desde una ONG fundada por un argentino: Raúl Cubas. Cuando de este lado del continente pensamos en la frase “Memoria, verdad y justicia” lo hacemos vocalizándola con acento sureño.
Por lo anterior se pudiera pensar que los derechos humanos, independientemente de la ideología de quien esté en el gobierno, conforman una cultura suficientemente institucionalizada en Argentina. El discurso de su embajador ante la OEA Carlos Raimundi, del pasado 29 de septiembre, nos hace dudar si esto es realmente así. Sus palabras escandalizaron a organizaciones fuera de sospecha, como Amnistía Internacional, quien tuvo que pedirle a la Casa Rosada demostrar su compromiso con los derechos humanos de los venezolanos, tema de la controversia.
Ese 29 el Consejo Permanente de la OEA realizó una reunión virtual para discutir el reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. En un documento de más de 400 páginas, luego de 274 entrevistas y tras procesar una importante variedad de documentación, la Misión determinó que había elementos para creer que en el país se habían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, desde el año 2014, que constituían crímenes contra la humanidad. Además, que “existen motivos razonables para creer que el Presidente tenía conocimiento de violaciones y crímenes, en particular las detenciones arbitrarias y los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos los actos de violencia sexual, documentados en este informe”. Nicolás Maduro no es el único nombre publicado como responsable.
Luego de hora y media de discusión, el embajador argentino tomó la palabra: “No hago una lectura ideológica de los derechos humanos” fue su entrada. Seguidamente preguntó por qué se ponía el foco en Venezuela: “somos varios los países en los que han existido represiones desproporcionadas a las movilizaciones populares, persecución judicial, sistemas de espionaje (…) cuando uno pone el foco en un tipo de situaciones o en un determinado país y no en otros, es así donde se puede correr el riesgo de hacer una lectura o una interpretación sesgada”. A continuación, el embajador sugirió que también se debía hablar de la responsabilidad de la oposición: “se crean condiciones para que exista una situación de emergencia, después se acusa únicamente al gobierno como si fuera el único responsable de esa situación de emergencia, y acto seguido se pide que respete estándares a todos los niveles como si esa situación de emergencia no existiera”. Luego de citar informaciones del gobierno venezolano el derecho de palabra de Argentina pidió “abandonar la lógica de la estigmatización y la lógica de la escalada”.
Carlos Raimundi tiene razón en recordarnos que en todos los países de la región hay problemas, y algunos muy serios, en derechos humanos. Cuando habla de represión desproporcionada a las movilizaciones sociales las imágenes más recientes son las de Colombia y Chile. Pero la mayoría de los países de la región, con la excepción de Cuba y Venezuela, han aceptado la observación y la visita al terreno de las instancias internacionales de derechos humanos, incluyendo la de los mecanismos regionales vinculados a la OEA. El Estado colombiano autorizó que en enero del 2019 una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará el país para abordar el asesinato de líderes sociales, situación que calificó de “alarmante”. Un año después, en enero de 2020, la CIDH realizó una “visita in loco” a Chile para escuchar con sus propios oídos los testimonios de violaciones al derecho a la manifestación pacífica. Como perfectamente lo sabe el representante diplomático, los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos se activan cuando los Estados, por las razones que sean, fallan en sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y si las violaciones continúan siendo sistemáticas, o sea se repiten a través del tiempo, y sus responsables no sufren ningún tipo de sanción, los oficios diplomáticos de buena fe no sólo deben mantenerse intensificarse. ¿Hay que recordar la reiterada actitud del gobierno venezolano de ponerse de espaldas a la democracia y vulnerar sus compromisos en garantizar el bienestar de la población?, ¿Debemos argumentar que luego de conocer de cerca la actuación de los Carabineros chilenos -que tanto le preocupan- la CIDH no pudo visitar Venezuela para enterarse de los desmanes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)? Lo que Raimundi llama “la lógica de la escalada” se encuentra presente en los mecanismos adoptados en los últimos años frente al quiebre de la institucionalidad democrática en el continente, tanto dentro de la OEA -la Carta Democrática Interamericana- como en el propio Mercosur -El protocolo de Ushaia- frente a la modernización de los autoritarismos. Curioso que Argentina ahora recurra a la diplomacia “vintage”, como lo demuestra su intento de resucitar la controvertida teoría de los dos demonios, comienzos de los 80´s, en el que los actos del Estado venezolano serían equiparables a los de la oposición. Subrayamos: Con todo y sus errores, que los hay y muchos, el campo democrático del país no tiene en su haber las 23 personas fallecidas por tortura en Venezuela, para sólo citar los que Provea contó en el año 2019.
Un segundo elemento tiene que ver con la “estigmatización”, no que se investigue y se establezcan responsabilidades. ¿Memoria, verdad y justicia se han convertido en letra muerta para la actual política exterior argentina? Cuando no contábamos con mecanismos para hacer justiciables las violaciones de derechos humanos, léase los diferentes pactos y convenciones, las víctimas tenían como única herramienta de justicia lo que se llamó, durante mucho tiempo, el “nombrar” y “avergonzar”, naming and shaming en inglés. Las Madres, Abuelas de Plaza de Mayo y las diferentes organizaciones de HIJOS lo saben perfectamente, pues bastantes escraches realizaron para ponerle nombre y rostro a los responsables. En su alocución Raimundi expresó que la actuación del gobierno que representaba “se centra en la persona que sufre la violación”. Extraño por decir lo menos. Sus dos principales argumentos, aflojar la intensidad de las presiones y evitar que se nombrara y avergonzara a los responsables, están dirigidos a proteger a la otra parte, los victimarios.
Conocemos que dentro de Argentina se han generado diferentes reacciones, muchas de repulsa, a las palabras de su embajador en la OEA. No todo está perdido y habrá que estar vigilantes. Sin embargo, refleja una tensión -la fidelidad ideológica sobre los principios- que cruza no sólo al gobierno sino también a organizaciones sociales y de derechos humanos del sur en su mirada sobre Venezuela. La manera en que Argentina vote en las próximas horas dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre la necesidad de mantener el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos, nos dará luces de hacia dónde se inclina circunstancialmente la balanza. ¿Se recuerdan la tira en que Mafalda está mirando un letrero que dice “Prohibido pisar el césped” y ella responde “¿Y la dignidad no?”.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
