ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
Rafael Uzcátegui | ¿Fue un error que el presidente Juan Manuel Santos decidiera consultar con el pueblo su opinión sobre el llamado “Acuerdo de paz entre Gobierno de Colombia y Farc para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera”? Nuestra respuesta, desde la perspectiva de promotores del derecho humano a la participación es, una y cientos de veces: NO. ¿Pudieron haberse mejorado las condiciones en que la gente participó en este proceso? Posiblemente sí, pero serán los colombianos y colombianas los que deben argumentar esta respuesta.
Como se recordará Provea y 14 organizaciones no gubernamentales venezolanas, junto a otras de diferentes partes, tanto de América Latina como del mundo, difundimos un comunicado en el que expresábamos que “la finalización del conflicto armado entre las partes, un paso importante en el proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación histórica y social en un país que ha vivido una crisis humanitaria y de derechos humanos durante los últimos 50 años”, finalizando con “respaldamos el Sí para el plebiscito que tendrá lugar el próximo 2 de octubre. A partir de la aprobación de este acuerdo será posible activar, precisar y vigilar los mecanismos que necesita Colombia para asegurar los principios de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”. Nuestros deseos no se cumplieron, ganando por el voto popular la opción contraria, resumida en el “No”, con el 50,2% de los votos totales. Malos promotores seríamos si sólo nos gustara la democracia cuando sus resultados electorales favorecen a la opción que más nos gusta. Por supuesto que hay muchos así, pero no es nuestro caso.
El derecho a la participación no comienza, finaliza o se limita a la emisión de un voto cada vez que la ciudadanía es convocada para ello. Sin embargo, el derecho al sufragio universal, directo y secreto es uno de sus mecanismos, logrado tras años de luchas populares en el mundo. La gente debe ser consultada ante cualquier decisión fundamental que los vaya a afectar en su vida cotidiana, a diferentes niveles. El conflicto armado ha dejado 8 millones de víctimas, y este acuerdo fue posible tras 4 años de negociaciones que fueron plasmadas en un documento de casi 300 páginas. A pesar que el presidente Santos tenía facultades jurídicas para aprobar acuerdos de paz con grupos armados ilegales sin recurrir a consultas, prefirió someter los resultados a la consulta democrática. La imposición de una medida de tal naturaleza hubiera significado una paz endeble, sin la debida legitimación de las mayorías. A pesar del resultado adverso, la democracia colombiana amaneció este 4 de octubre más fortalecida. Les tocará a todas las fuerzas vivas de nuestros hermanos y hermanas colombianas continuar caminando el sendero por una paz inclusiva, con justicia, que anime a expresarse a ese 60% que se abstuvo de participar en los comicios.
Estos principios que son válidos para la consulta colombiana lo son, también, para el resto de las democracias de la región, por imperfectas que sean, incluyendo la venezolana. En nuestro país los principales conflictos políticos actuales tienen que ver con la ausencia de mecanismos de participación de la ciudadanía, que incluyen la posibilidad de expresarse mediante el voto. El retroceso del poder adquisitivo de los salarios, la imposibilidad que las organizaciones sindicales incidan en sus niveles de incremento; las amenazas a los territorios indígenas la no realización de los procesos obligatorios de Consulta Previa antes de promover proyectos de minería en sus hábitats tradicionales. Por otro lado, la negativa de las actuales autoridades electorales en revelar la fecha de las elecciones regionales, que por ley deberían realizarse en diciembre de 2016. También los permanentes obstáculos a que la ciudadanía pueda ejercer, sin obstáculos innecesarios, su derecho a evaluar la gestión de los funcionarios electos por voto popular a la mitad de su mandato, mediante un Referéndum Revocatorio. El supuesto país bandera de la “democracia participativa y protagónica” ha decidido cerrar todos los canales para la contraloría social y la incidencia del ciudadano común en las decisiones gubernamentales.
El Relator Especial sobre las Libertades de Reunión Pacífica y Asociación de Naciones Unidas, Maina Kiai, ha expresado: “los períodos electorales son un momento único en la vida de una nación en lo que respecta a la reafirmación e incluso el fortalecimiento de los principios democráticos, como la no discriminación, la igualdad entre los géneros, el pluralismo de opiniones y la paridad. Los períodos electorales son un momento muy importante para construir instituciones democráticas, que den respuesta y rindan cuentas, y que los Estados deben establecer salvaguardias muy estrictas y claras para impedir que se interfiera indebidamente con las libertades públicas, en particular en lo que respecta a los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Los Estados deben realizar mayores esfuerzos por facilitar y proteger el ejercicio de esos derechos fundamentales, de los que todos deben gozar, especialmente los miembros de los grupos en riesgo”.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
