La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines proyecto que tiene como fin otorgar al gobierno de Nicolás Maduro la potestad de suspender o disolver a las organizaciones, si considera que estos han actuado contra la estabilidad de la nación o de las instituciones.
El mandato constará de 17 artículos que obligará a las ONG a la entrega de información, como los nombres de sus financistas, acción que amenaza directamente el funcionamiento de las organizaciones, sobre en nuestro país donde existe un alto registro de persecución.
Para la entrevista en #SonDerechos, Mario D´Andrea, Director de Civilis Derechos Humanos, manifestó que este proyecto representa un ataque hacia la sociedad civil que busca crear una jaula para impedir la participación de los ciudadanos en los diferentes asuntos públicos a expresarse y organizarse. “Particularmente pienso que esta nueva norma de regulación podría afectar no solo a sociedad civil, sino también al gremio empresarial, a la iglesia y al cualquier grupo organizado que busque participar en la defensa y promoción de los derechos humanos. En caso de los defensores se verán afectados directamente porque dicho mandato no reconoce a las asociaciones, de hecho, se impondrán más de cuatro registros nuevos por medio de una personalidad jurídica a todos sus miembros como si éstas organizaciones manejarán fondo públicos del estado, y en el caso de las ONG, expone que nacerán desde cero a partir que dicho proyecto se apruebe, fue un mandato creado con el fin de restringir, eliminar y limitar el derecho de asociación de las organizaciones”, declaro.
D´Andrea señaló que si las organizaciones no cumplen con los requisitos y disposiciones para operar debidamente en nuestro país deberán cancelar altos impuestos. “A través de un procedimiento administrativo te podrán suspender tus funciones y te obligarán a cancelar altos tributos monetarios de hasta tres mil dólares. Es decir, ahora habrá muchas maneras de sancionarte dependiendo a la conveniencia política que ejerza el estado”, aseveró.
Finalmente, destacó que de aprobarse esta ley cualquier persona quedará expuesta a ser arrestada, criminalizada u hostigada sino cumple con la normativa completa ya que el único fin que persigue el estado es el sometimiento de la sociedad. “En nuestro país la única forma de hablar es través de los consejo comunales, única manera de organización que hoy reconoce el estado a pesar de su inconstitucionalidad. Este será un proyecto que arremete contra toda la sociedad civil y el ejemplo más claro de nuestra región es Nicaragua”, apuntó.
Eduardo Herrera, productor de Son Derechos
