Informe presentado en audiencia solicitada por del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Laboratorio de Paz y Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, en el marco del 159 periodo de sesiones CIDH realizada en Panamá, el viernes 2 de diciembre de 2016.
Las ONG mencionadas plantearon aspectos relacionados con las violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los tratados internacionales que se han derivado del decreto del Arco Minero del Orinoco, como es el caso de la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada, la inexistencia de un estudio de impacto ambiental, así como la deuda que el Estado tiene con los pueblos originarios en materia de demarcación de los territorios. Además de ello la militarización de los territorios indígenas; la violación )con el decreto del Arco Minero (AMO), al derecho al trabajo, pues el gobierno se reserva las formas de contratación.
Otros temas denunciados ante la CIDH fueron los relativos a cómo el gobierno anuló las competencias de la Asamblea Nacional en el caso AMO, y la criminalización de quienes han expuesto públicamente su oposición al decreto.
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