Óscar Calles, Prensa Provea | Desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) tuvimos la oportunidad de conversar con Eleanor Openshaw, abogada, defensora de derechos humanos y Directora de Programas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR). Eleanor lidera el trabajo de ISHR en la Comisión Interamericana y en la región de América Latina y el Caribe. Antes de unirse a ISHR hace 14 años, trabajó en Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz, con títulos de la Universidad de Oxford y de la Universidad Metropolitana de Londres.
Eleanor nos ofrece su perspectiva sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, abordando temas cruciales como la posible aprobación de la “Ley para el Control, Regularización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” que busca limitar el trabajo de las ONG en el país, la importancia de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, y las estrategias necesarias para mantener y ampliar el espacio cívico en un entorno de creciente represión y criminalización.
En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado su presión sobre las ONG y activistas por su trabajo de documentación y denuncia en el terreno. Eleanor discute cómo la mencionada ley podría afectar la labor de defensores de derechos humanos en el país y subraya la necesidad de una firme respuesta de la comunidad internacional para proteger los derechos y libertades fundamentales.
Asimismo, Eleanor resalta la importancia de la renovación de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, la cual ha sido crucial para documentar en detalle las graves violaciones de derechos humanos en el país, crear memoria y buscar justicia para las cientos de víctimas.
La especialista con más de 14 años en el Servicio Internacional comparte su visión sobre cómo la sociedad civil venezolana puede fortalecer su incidencia política a nivel internacional y destaca ejemplos de cooperación exitosa en América Latina y el Caribe que podrían servir de modelo. Su análisis es hoy una guía para entender el complejo panorama de derechos humanos en Venezuela y las acciones necesarias para promover la justicia, la democracia y resto de derechos.
¿Cómo impactaría la aprobación de la Ley Contra las ONG en el trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela? ¿Qué debe hacer la comunidad internacional?
Los estándares internacionales establecen el derecho de cada persona de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y de solicitar, recibir y utilizar recursos para ese objetivo. Esto viene establecido en la declaración de Naciones Unidas (ONU) sobre personas defensoras. El proyecto de ley de ONG en Venezuela, al menos el texto que hemos visto, la última versión, contradice estas normas internacionales de derechos humanos.
De promulgarse la ley presentaría unos obstáculos a la libertad de asociación al obligar a las organizaciones asociadas civiles a solicitar la autorización del gobierno para operar libremente y para darles información sobre su financiación extranjera y víctimas. Este énfasis explícito en la ley en la financiación extranjera sería la violación de un derecho a la privacidad de las ONG y garantizaría un mayor control sobre las organizaciones por parte del gobierno que es simplemente ilegítima. Que el proyecto haya sido presentado a la Asamblea Nacional para aprobarse, crea todo tipo de incertidumbre y zozobra.
La comunidad internacional necesita asegurar de continuar exigiendo que se retire el proyecto y que el gobierno venezolano haga todo lo que es legalmente su obligación de facilitar y promover el trabajo de sociedad civil.
Venezuela tiene, desde 2019 y próxima a discutirse su renovación, una Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para investigar las graves violaciones de derechos humanos desde 2014, ¿cómo ha sido este trabajo y por qué es importante la renovación de la Misión?
Sea cual sea el proceso y resultado de las elecciones presidenciales programados para el 28 de julio de este año, el régimen de escrutinio de la situación de derechos humanos de la ONU va a ser necesario en Venezuela, su continuación va a ser necesaria.
La misión de determinación de los hechos ha documentado, en sus cinco años de trabajo hasta el presente, centenares de casos de violaciones del derecho internacional. Ha puesto en evidencia las estructuras de mando y enumerado a las personas que puedan tener responsabilidad penal por esas violaciones, gente de los altos mandos del gobierno venezolano.
Eleanor Openshaw
La misión ha indicado que estas personas deben enfrentarse a procesos judiciales independientes cuanto antes. La misión ha afirmado también que se han producido violaciones que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
El “Fact Finding” en la misión ha tenido impacto en todo este trabajo, en todo este tiempo. Y lo más importante que resaltar es que ha asegurado que la voz de las víctimas haya sido escuchada y las violaciones contra ellas y sus familiares reconocidas y que hay alguna expectativa, algún deseo de que se logre la rendición de cuentas en un futuro próximo.
Otros dos defensores han sido detenidos en lo que va de 2024, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, sumándose a Javier Tarazona, quien tiene más de 1000 días arbitrariamente detenido ¿qué estrategias recomiendas para mantener y ampliar el espacio cívico en Venezuela, dada la creciente represión y criminalización de las actividades de las ONG y activistas?
Las personas defensoras deben, todas y todos, nosotras y nosotros, y más que nada, las que están trabajando en contextos como el de Venezuela, deben tener en cuenta su riesgo y poner en marcha medidas de seguridad para intentar protegerse a sí mismos y a sus colegas y familias. Eso solo te lleva hasta cierto punto. A fin de cuentas, tenemos que lograr que se ponga fin a las amenazas, los ataques, las restricciones y las detenciones contra personas defensoras en el país.
Los terceros estados tienen un enorme papel que desempeñar a la hora de seguir exigiendo el respeto de los derechos de las personas defensoras en el marco de cualquier conversación bilateral o multilateral que pudiesen tener, y especialmente si empiezan a intentar normalizar sus relaciones con Venezuela.
El tema de la seguridad, la protección y la promoción del trabajo de personas defensoras tiene que ser en el centro de esas conversaciones por el papel tan importante, tan esencial que desempeñan las personas defensoras en construir un futuro digno para la ciudadanía del país.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue expulsada de Venezuela precisamente por denunciar la desaparición y detención de Rocío San Miguel, aún no tenemos señales de su retorno, ¿cuál ha sido el impacto de la suspensión de las actividades de la OACNUDH en Venezuela?
La suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado ha sido una muestra más de la falta de cooperación de Venezuela con el sistema de la ONU.
Es importante que los terceros estados sigan firmes en su apoyo a la Oficina por la importancia de su trabajo y para dejar claro que no se puede tomar tales medidas en contra de los mecanismos y cuerpos de la ONU por simplemente hacer su trabajo.
La Oficina sigue trabajando desde Panamá con el mismo equipo de 13 personas y con el mismo mandato que antes de la suspensión. El 3 de julio, el Alto Comisionado va a presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos. Ese informe debería incluir un resumen exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en el país y una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores del Consejo. Esperamos ver esa información en el informe. Es una información muy importante para los terceros estados, para que puedan entender la situación y la gravedad de la situación actual en el país y tomar medidas adecuadas.
La Oficina del Alto Comisionado tiene que regresar, es una parte fundamental del sistema de escrutinio, monitoreo, presentación de informes de la ONU. Finalmente, desempeñan un papel crucial en este esfuerzo de rendición de cuentas.
¿Cómo puede la sociedad civil venezolana involucrarse más en la incidencia política a nivel internacional para defender los derechos humanos en su país? ¿Qué ejemplos de cooperación exitosa entre organizaciones de derechos humanos de América Latina y el Caribe podrían ser replicados para apoyar a los defensores en Venezuela?
Las personas defensoras y organizaciones venezolanas han ido usando los mecanismos y cuerpos de la ONU de manera muy efectiva ya muchos años. En relación con la Misión de la ONU ha habido un esfuerzo muy seguido, enfocado para lograr esa renovación del mandato de la misión de determinación de los hechos.
La sociedad venezolana ha logrado, a raíz de sus esfuerzos, que se haya podido crear la presión y atención necesaria de parte de los estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU para que se establecieran esos mecanismos.
En lo que se refiere a la cooperación, siempre hay valor y necesidad de intercambios entre personas defensoras de contextos similares y diferentes en relación con lo que funciona, estrategias efectivas cuando se utilizan los mecanismos de la ONU y mecanismos regionales, cuando esos están disponibles, y un intercambio sobre retos, lecciones aprendidas, en cuanto a lo que la sociedad puede hacer en contextos de tendencias autoritarias.
Espero que esas conversaciones puedan seguir e incluir a personas que a lo mejor están empezando a mirar el sistema internacional para lograr algún tipo de cambio a nivel nacional.
¿Cuáles son tus expectativas sobre la evolución del entorno para la ciudadanía y defensores de derechos humanos en Venezuela en los próximos meses en materia de sus derechos y la democracia?
Para el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) hemos tenido el placer y privilegio durante muchos años y más que nada en los últimos cinco trabajando en coalición con personas defensoras de Venezuela y trabajando dentro del país y fuera.
Estamos muy conscientes de las presiones enormes que caen sobre sus hombros en relación con las amenazas y ataques que han experimentado y la cantidad de trabajo que deben asumir.
Cualquier esfuerzo para lograr un futuro digno, un futuro democrático, requiere que las personas defensoras puedan trabajar de manera libre, sin obstáculos. Cualquier esfuerzo de promover los derechos humanos y la sostenibilidad de la institucionalidad democrática depende de las personas defensoras.
Eleanor Openshaw
Espero que las personas defensoras de Venezuela reciban más apoyo político y financiero, incluyendo de terceros estados, para asegurar su trabajo, para protegerles, para darles el espacio para trabajar.
Las personas defensoras son esenciales para lograr ese futuro donde los derechos de la ciudadanía se respetan.
Óscar Calles, Prensa Provea.
