El director del Observatorio Electoral Venezolano cree que todo el esfuerzo puesto de cara al 21 de noviembre para reinstitucionalizar el voto queda manchado por lo ocurrido en Barinas, con la anulación del resultado y la usurpación de funciones al CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia
Víctor Amaya, Alianza Provea-TalCual | Lo ocurrido en Barinas ha terminado por marcar una compleja elección de múltiples cargos en distintas partes del país, donde se escogiero miles de cargos. La totalización de la elección por la goberación del estado llanero, no obstante, ha sido la mancha que puede atentar contra los avances que se haya podido lograr en la confianza del electorado sobre el voto en Venezuela. La valoración la hace Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), una de las organizaciones acreditadas por el Consejo Nacional Electoral para hacer seguimiento del proceso completo.
El OEV emitió un informe posterior al 21 de noviembre que retrata una jornada con vicios y una participación algo mejor que las de procesos anteriores. Pero el foco de toda la evaluación está en Barinas, y en Caracas donde finalmente se tomó la decisión en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que usurpó funciones del Poder Electoral.
«La Constitución establece que Venezuela tiene cinco poderes públicos que son de la msima jeararquía. No hay ninguno más fuerte que otro. Esto está hecho para que, por diseño, a pesar de la práctica, haya contrapesos entre los poderes públicos y se garantice la calidad de la democracia», explica Lander. A su juicio, se violentaron los preceptos constitucionales restando autoridad al CNE.
«El 21 de noviembre el sistema automatizado trabajó bien, como se preveía luego de ser muy auditado por un equipo de profesionales universitarios políticamente plural, que fue una decisión del CNE para recobrar la confianza de los electores, y las demás que se hicieron. Se determinó que el sistema es seguro, es secreto, confiable. Se demostró que el sistema técnicamente funciona bien, pero luego viene el evento de Barinas, un estado simbólicamente muy importante para el oficialismo», detalla el director del OEV.
La organización que encabeza tuvo 24 observadores en Barinas durante la jornada electoral, que confirmaron que «el problema estuvo en cuatro actas. Una del municipio Torrealba y otras tres del municipio Arismendi que no habían llegado a la Junta Regional Electoral porque son remotos, el Arismendi es el extremo oriental del territorio. Esas cuatro actas faltantes eran importantes porque tenían un número de votos superior a la diferencia ente los dos candidatos que se estaban disputando el triunfo».
Lander cuenta que el acta del municipio Torrealba se incorporó y quedaron tres por totalizar: «una automatizada pero que no se había totalizado por ser un centro remoto donde la transmisión digital no había sido posible, y otras dos manuales que fueron en mesas de votación donde la máquina se estropeó y hubo que pasar a votación manual». No obstante, recalca que resulta inexplicable que esas tres actas no hayan llegado a la Junta Regional Electoral durante casi una semana. «Hasta llevándolas a pie hubiesen llegado en dos o tres días».
Lander expone que la decisión de la Junta Nacional Electoral de asumir la totalización restante fue ajustada a la ley, pero se interpuso el TSJ
-¿Adolfo Superlano debía actuar ante el CNE a hacer su reclamo?
-Por supuesto. La primera instancia es el Poder Electoral que tiene sus procedimientos. Si hubiese recibido una apelación y alguien se sintiera insatisfecho, entoces sí puede recurrir al TSJ pero no en primera instancia.
-¿Cómo debía actuar la Sala Electoral, desestimar la solicitud?
-Claro. Eso hubiera sido una opción. Y también lo hubiera sido, como se debatió aunque no gozó de la mayoría de los rectores, que el mismo CNE se dirigiera a la Sala Constitucional y le dijera que esa acción de la Sala Electoral es inconstitucional porque está usurpado funciones del Poder Electoral, para así desconocer esa sentencia. Eso se discutió, como lo informó el rector Roberto Picón, pero en la votación quedó tres a dos.
Luis Lander dice que las razones esgrimidas para anular los comicios en Barinas niegan la presencia de varios filtros previos. «El sistema impide la postulación de alguien inhabilitado, sale una alerta. Luego, cuando se hace la postulación hay un período posterior de impugnaciones, y cualquier ciudadano puede solicitarla. Pero en este caso la inhabilitación se hace del conocimiento público después de las elecciones y ya cuando la totalización está prácticamente culminada».
Nadie sabe cómo Adolfo Superlano supo que el candidato de la MUD estaba inhabilitado, cuando la Contraloría no ha publicado esa decisión y ni siquiera el Consejo Nacional Electoral estaba enterado, como lo afirmó el rector Picón. Tampoco se conocen los motivos de la decisión que, según el TSJ, está fechada el 17 de agosto de 2021, y por primera vez se aplica de manera retroactiva luego de haber ocurrido las votaciones.
Se trata por tanto de una innovación al uso de las inhabilitaciones, que ya tiene más de una década. «Termina siendo un aspecto muy grave de estas elecciones que Sala Electoral se inmiscuya en asuntos que no le corresponden y con mecanismos poco transparentes. Una inhabilitación debe conocerla el inhabilitado y el propio electorado», reclama Lander.
-Habitualmente cuando se habla de condiciones electorales se pone el foco en las condiciones previas que conducen a la votación. ¿Se le ha puesto poco empeño a acordar las condiciones postelectorales, visto que hay espacio para la elimiación de competencias, por ejemplo, o ahora anulación de resultados?
-Esas son irregularidades que no deberían ocurrir. Si se trata de reconstruir un vía electoral, pacífica, para solucionar las divergencias de la sociedad venezolana, entre las cosas fundamentales está el respeto a los resultados del sufragio. En el discurso se dice pero no se respeta que alguien gana aunque la diferencia sea de un voto. Estamos viendo que se terminan buscando mecanismos para no respetar eso. Parece que para que el resultado de una elección sea aceptado la diferencia debe ser significativa. Estamos repitiendo en Barinas algo similar a lo que pasó en Bolívar en 2017, donde la diferencia fue estrecha y se buscaron mecanimos extraelectorales para hace que gane el que el poder quiere que gane.
Ojo avizor
El trabajo del Observatorio Electoral Venezolano se completó con 780 personas desplegadas en todo el país. Según su informe, observaron el traslado de electores con recursos públicos en 68% de los centros de votación. Y de esa cifra, 35,3% pertenecían a consejos comunales, miembros del Comité Local de Abastecimiento y Producción, líderes o jefes de calle. En su juramentación, Freddy Bernal agradeció públicamente a las estructuras de los CLAP ayudarlo a ganar.
«Lo que va a marcar esta elección es lo ocurrido en Barinas y la sustitución del voto como mecanismo de elección, pues la sentencia muestra que ya había un resultado que se anuló para repetir las eleccciones. Ese uso indebido de las inhabilitaciones es la marca. Claramente a lo largo de todo el proceso electoral fue abiertamente visible y muy manifiesto el uso de recursos públicos para la campaña de candidatos. Hay que decir que no es algo exclusivo del del oficialismo, sino que se ha convertido en una práctica de la política nacional. Gobernaciones y alcaldías opositoras, en menor medida, lo hicieron», refiere Luis Lander.
De hecho, en el informe del OEV queda patente que la práctica se evidenció en 12,5% de los centos ubicados en estados y municipios con gobernaciones o alcaldías de la oposición.
«Una cosa que se repite siempre es que no habrá puntos partidistas en las cercanías de los centros de votación. Hemos hecho observación en todas las elecciones y ese ofrecimiento nunca se ha cumplido. Ha cambiado la modalidad, en esta oportunidad fueron menos vistosos pero sí los hubo haciendo registro de movilización o haciendo propaganda partidista», detalla el director del OEV.
Los voluntarios registaron que hubo puntos del oficialismo a las afueras o en los alrededores de seis de cada 10 centros de votación. En 27,6% de los centros observados hubo puntos opositores de la MUD, y en 14% otros partidos políticos no oficialistas los instalaron.
Lander denuncia que hubo uso de patrimonio público para movilizar electores al centro de votación, «y además ha sido reiterado lo de vigilar el acto de votación acompañando al elector hasta la máquina, usando indebidamente un mecanismos amparado por la figura del voto acompañado. La norma dice que el elector debe solicitarlo y seleccionar a quién lo acompaña, persona que además debe quedar registrada. Es decir, el reglamento está bien, el problema es su aplicación». En el docuento del OEV se registra que uno de cada 10 voluntarios presenció que algún elector al momento de votar estuvo acompañado sin solicitarlo.
En el informe del Observatorio Electoral Venezolano se señala que en 12% de los centros se reportó que hubo electores inducidos a votar a favor de algún candidato o partido político en particular. En 8% fue posible constatar prácticas de intimidación o coacción a los electores que ejercían el voto.
-¿Cómo evalúan el rol del Plan República?
-Allí siempre hay una discusion porque todo acto electoral es escencialmente civil. En lo ideal, no deberían involucrarse salvo como electores. Pero en Venezuela siempre los militares han ejercido un papel de resguardo y seguridad en el proceso electoral. Lo que termina ocurriendo es que el Plan República se inmiscuye en situaciones que no le corresponden. Por ejemplo, tuvimos observadores acreditados que miembros del Plan República desconocieron su credencial y no dejaban que cumplieran su labor. Quien debe revisar la validez de la credencial son los miembros de mesa, no la FAN. Eso ocurrió. Y en algún punto hubo retención de algunos observadores bajo denuncias de que las credenciales eran forjadas. Ese no es su rol, se excedieron.
-También hubo denuncias de testigos afirmando que los funcioanrios del CNE, los coordinadores, actuaban como «dueños del centro electoral». ¿Lo registraron?
-Esa figura del coordinador es reciente, y la lógica es que tiene mejor comunicación directa con el CNE, pero ha terminado poniéndose por encima de los miembros de mesa y deciden cosas que no les corresponde. Por ejemplo, esa espinita en el zapato que siempre ha sido la prolongación de la apertura de las mesas de votación más allá de la hora establecida. Con frecuencia ocurre que esos coordinadores de centro, más que los miembros de mesa, terminan decidiendo cuándo se cierra el centro y hacen prórrogas inapropiadas cuando eso no les toca.
Según comenta Luis Lander, la lectura del 21N debe ser ponderada. «Usar los criterios blanco y negro para ver los resultados no funciona. Ni hubo participación masiva, ni hubo abstención masiva. La participación es ligeramente superior a las elecciones anteriores. Veníamos de 2015 a esta parte con una participación disminuyendo y ahora hubo una cierta recuperación».
El factor europeo
-¿Tienen coincidecias y diferencias con respecto al informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea?
-En general son bastantes coincidentes. La observación de la UE resaltó que el sistema automatizado funciona bien, como nosotros también lo decimos. Esa Misión ha dicho que los problemas que se reflejan en las elecciones es la falta de independencia de poderes, la debilidad del estado de Derecho, la usurpación de funciones de unos entes sobre otros que contravienen lo establecido en la ley. Hay aspectos de la jornada, que quedó muy manchada por los eventos de Barinas, pero antes de eso habíamos registrado progresos en el funcionamiento del sistema electoral, ganando mayores niveles de confianza y eso lo refleja la UE.
La Unión Europea dijo que los rectores no identificados con el oficialismo funcionan más como auditores internos y sin real capacidad ejecutiva. Aun así, para Luis Lader la actuación de los rectores del CNE es mucho más institucional que la de sus antecesores. «Han han tenido una acción un poco más activa y más pública sin romper con la institución. Cuando el CNE decide tres a dos que acata la decisión de la Sala Electoral y que va a realizar elecciones el 9 de enero los cinco rectores se abocan a eso, en conjunto. En ese sentido se puede ver un esfuerzo por restaurar una institucionalidad».
-¿Cuál cree que será el impacto de esta Misión de Observación europea?
-Creo que hay que esperar a que bajen un poco las turbulencias porque podría ocurrir, y eso sería lamentable, que se repitiese lo que pasó antes cuando la UE vino a observar las elecciones de 2005 y 2006 y, aunque dijeron que los resultados eran los anunciados por el CNE sugirieron mejoras a futuro. Aquellos informes generaron un disgusto que produjo un cambio en la reglamentación sobre la observación internacional que pasó a llamarse acompañamiento, con actividad muy restringida. En esta oportunidad el CNE le dio a esta Misión mayores libertades que a cualquier otra de las organizaciones que vinieron al país. Podría pasar que el CNE u otra instacia del gobierno que se inmiscuya quiera regresar a esas limitaciones. Si se produjera eso, es la misma UE la que dirá que no viene más.
El Observatorio Electoral Venezolano participará del seguimiento al proceso que se reiicia para la repetición de elecciones en Brinas el 9 de enero de 2022. «TUvimos 26 observadores y quisiéramos que el CNE nos reafirme como una organzación de observación electoral y nos permita incrementar el número para poder duplicarlos. Eso requiere también que nosotros seamos capaces de reclutar esa cantidad adicional para ese trabajo, que no es solo el día de las elecicones sino para los procesos previo y posterior», menciona Luis Lander.
Alianza Provea-TalCual
