Las más de 100 muertes ocurridas en el 2017 durante una ardua ola de protestas en Venezuela marcaron la vida de los padres de las víctimas, y la historia de un país que fue impactado por el registro de estos asesinatos que hasta el día de hoy no han obtenido respuesta del Estado venezolano
El 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos, se oficializó la creación de la Alianza de Familiares y Víctimas del 2017 (Alfavic), un comité que tiene como objetivo lograr que se haga justicia en el caso de los más de 100 asesinados en el marco de las protestas antigubernamentales en Venezuela durante ese año.
Alfavic surge de la necesidad de los familiares de estas víctimas en buscar justicia y hacerle frente a todas las trabas que el Estado les impone en sus casos, desde el constante cambio de fiscales, omisión de obligaciones de las autoridades, impunidad absoluta con todos los autores materiales de los crímenes, hasta impedir un derecho fundamental como tener los expedientes de sus seres queridos.
Justicia, verdad, reparación y no repetición de las violaciones a los derechos humanos, son parte de los objetivos de esta alianza.
En el 2017 Venezuela vivió uno de los años con más manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, fueron meses enteros de protesta en los que la ciudadanía salió a manifestar de manera pacífica.
Según un registro extraoficial realizado por el portal de noticias Runrun.es, hasta el 9 de julio de 2017 habían muerto 112 personas en el marco de las protestas de ese año.
Las protestas iniciaron el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaban sin poder a la Asamblea Nacional y otorgaba nuevos poderes al mismo TSJ. Esto desencadenó una ola de protestas en las que la ciudadanía exigía el restablecimiento de los poderes de la AN legítimamente electa, la liberación de los presos políticos, un cronograma electoral para llevar a cabo nuevas elecciones y la renuncia del mandatario.
Fueron cuatro meses de intensas protestas en todo el territorio nacional, durante este tiempo cientos de personas murieron víctimas de la represión desmedida de los cuerpos de seguridad.
Esta asociación civil sin fines de lucro compuesta por familiares registra la lucha en los expedientes de Juan Pablo Pernalete, Nelson Daniel Arévalo, Fabián Urbina Barrios, Luis Guillermo Espinoza, Rubén Darío González, Daniel Queliz, Leonardo González, Yorman Bervecia, Miguel Castillo, Yoinier Peña, Manuel Sosa, Augusto Puga, Roberto Duran y Luis Alviarez; 14 venezolanos que pagaron el precio por salir a manifestar pacíficamente contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Unos hechos que marcaron la vida de sus padres y la historia de un país que fue impactado por el registro de estas muertes que hasta el día de hoy no han obtenido respuesta del Estado venezolano, y que por el contrario solo han obstaculizado su camino hacia la verdad, una verdad que sus allegados buscan para limpiar la memoria de todos sus seres queridos.
La alianza Provea – TalCual entrevistó a varias de los familiares de los fallecidos en estas protestas y a un especialista que explicó de raíz la importancia que tienen los comités de víctimas, sobre todo en un contexto de violación a los derechos humanos, situación que se vive muy de cerca en Venezuela.
El abogado y defensor de los DDHH de Provea, Rodolfo Montes de Oca, subrayó la necesidad que tienen el país de crear este tipo de alianzas, en los que las víctimas del Estado buscan justicia.
– ¿Cómo describe a los comités de víctimas, en este caso a Alfavic?
Alfavic es una organización que de una u otra forma viene a romper el celofán, porque durante todo este período que es la quinta república y sobre todo en medio del proceso totalitario que va encabezando Nicolás Maduro hay muchas organizaciones de DDHH y muchas organizaciones de desarrollo civil, pero son pocas las que se han constituido como comités de víctimas. Digamos que los antecedentes más remotos que tenemos de eso es precisamente la gente de Cofavic, pero desde esa fecha no se ha creado un comité de víctimas que se mantenga en el tiempo y que busque en el caso concreto justicia para sus familiares, esto es algo novedoso.
– El 27 de septiembre el Consejo de DDHH de la ONU aprobó la creación de una misión de determinación de hechos, con el objetivo de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. ¿tendrá este organismo alguna facultad sobre estos casos?
La misión de determinación de hechos creada por la ONU va a conocer los casos de Alfavic, pero su importancia radica en que no es lo mismo que una organización de DDHH promueva casos de violaciones a los DDHH, a que sean las propias víctimas las que lleven estos casos ante esta instancia.
Esto es fundamental porque puede que el expediente que ellos levanten sustancie las causas que se están llevando sobre el gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, es decir, es información que los comités de víctimas puedan facilitar a la misión de determinación de hechos, pueden servir no solamente para informar, sino para sustanciar lo que pueda ser un posible caso ante la CPI, esto se ha desarrollado en otros países.
Es decir que en estos momentos Alfavic está demostrando al pueblo venezolano que es el tiempo de organizarse para comenzar a pedir justicia, y que hay un organismo internacional que va a escuchar a las personas y que, seguramente va a contribuir de forma significativa en ver a quiénes son los responsables y buscar la justicia para ellos.
Recordemos que la misión de determinación de hechos de la ONU va a emitir un informe público y verificable en septiembre de 2020.
– Después de haber transcurrido dos años de las protestas antigubernamentales de 2017 en las que fueron asesinadas más de 100 ciudadanos, ¿cuál es la situación actual de los DDHH en Venezuela?
La situación de los DDHH en Venezuela es deplorable. Mecanismos especiales que han sido aprobados en situaciones o en contextos de gran conflictividad como puede ser Timor Oriental o Costa de Marfil, países que tuvieron guerras civiles y sobre los cuales la ONU determinó que había que establecer una misión de determinación de hechos, demuestra que en Venezuela desde el 2014 existe un auge y una violación constante de los DDHH, y para una muestra de lo que estamos viviendo, se ha determinado que solo este año ha aumentado en un 508% lo que son los tratos crueles, denigrantes y la tortura, de los cuales dos organismos como lo son el Cicpc o la Dgcim llevan un récord de estas prácticas consideradas inhumanas.
No existe una voluntad política del Estado venezolano para solventar esta situación, existe una responsabilidad directa de funcionarios públicos en que estas violaciones se sigan cometiendo.
Algunas de las historias:
Carmen Elena recuerda con tristeza aquel miércoles 10 de mayo, día en el que su hijo Miguel Castillo de 27 años fue asesinado cuando participaba en una manifestación en Las Mercedes, Caracas. El joven falleció a consecuencia de los daños causados por una bala de plomo que impactó su torso.
-¿Cómo nació esa iniciativa para buscar justicia a través de Alfavic?
-Yo desde el 2017 estoy en contacto siempre con los Pernalete, porque a Juan Pablo lo mataron 15 días antes que a Miguel y, a la semana siguiente a Alejandro Cañizales, amigo de mi hijo. Desde entonces nosotros nos hemos puesto de acuerdo para hacer todos los pasos juntos, todo lo que haya que ir haciendo lo vamos haciendo juntos y no hemos recibido respuesta de nada, de nadie.
De todos los 14 casos que lleva Alfavic en este momento, solamente cuatro están en etapa de juicio, los demás estamos en etapa de investigación, y no solamente en estado de investigación sino paralizados, paralizados por completo.
En vista de eso nos reunimos y decidimos formar una alianza de padres que no fuera una ONG, que fuera el movimiento de nosotros los padres buscando justicia por nuestros hijos, reivindicación, porque el problema es que todos nuestros hijos han sido vapuleados en boca de los gobernantes. Hablan que son drogadictos, guerrilleros, guarimberos, de todas las etiquetas que les quisieron poner, entonces nosotros queremos justicia para nuestros hijos, reivindicación de sus nombres, todo lo que sea la no repetición de los hechos. Como padres estamos buscando todo eso.
-¿Qué ha pasado con el caso de su hijo?
-En el caso de Miguel ni siquiera tengo copia del expediente, o sea, denegación completa de justicia. Ya hemos ido teniendo el apoyo constante y monitoreado de las enviadas en Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Ellas nos van orientando, nos van diciendo, ellas nos acompañaron la semana pasada al Ministerio Público donde no nos habían querido recibir. Solo decidieron recibirme en la dirección de derechos fundamentales, y ahora me reuniré con la Defensoría del Pueblo.
Después de dos años y siete meses que cumplió Miguel de haber sido asesinado es que me están recibiendo. Los cuerpos de seguridad del Estado no hay forma que entreguen las evidencias, a mi hijo lo mató un Guardia Nacional, pero ellos no entregan el libro de novedades, el componente que estaba allí, las armas que se usaron, no hay forma que las entreguen.
Hasta octubre del 2017 el fiscal que monitoreaba y llevaba el caso escribía al Ministerio de la Defensa y a la GN, pero después que llegó Tarek William Saab el caso lo metieron en la gaveta.
-¿A quién responsabiliza de la muerte de su hijo?
-En su momento el fiscal que llevaba el caso me informó que el GN que le disparó a mí hijo no tenía la máscara antigas y le vio la cara.
Eso lo logró ver a través de un vídeo del VEN911, que tiene la filmación de lo ocurrido ese día, en ese momento le dijeron que políticamente no le conviene a la revolución entregar eso, y no nos las entregaron y puedo asegurarle que ahorita está perdida.
-¿Qué piden al Estado venezolano y a la comunidad internacional?
Basta de impunidad, los agresores de nuestros hijos muchos andan libres, muchos con órdenes de captura y no los ponen presos, no los van a buscar, hay varios que no tenemos copia de los expedientes. Estamos pidiendo eso, que el Ministerio Público que se supone es el ente del Estado que defiende nuestros derechos, que nos representa, esté de nuestra parte y entienda que no somos enemigos de él, eso es lo que le estamos pidiendo a la ONU y que en una próxima reunión nos podamos reunir con el circuito judicial para saber por qué hay tanto retardo procesal.
Justicia para Fabián
Iván Urbina lucha junto a su esposa, Mercedes de Urbina, por hacer justicia, una necesidad que nació desde aquel 19 de junio del 2017 cuando su hijo Fabián Urbina fue asesinado. El chico de 17 años participaba en una manifestación, cuando se encontraba a la altura del Distribuidor Altamira recibió un impacto de bala en el tórax, justo en el momento en el que funcionarios de la GN y la Policía Nacional Bolivariana reprimían la protesta. Murió a las pocas horas en una clínica caraqueña.
-¿Cómo va el caso de su hijo Fabián Urbina?
-Ahorita estamos en la fase de juicio, pero la audiencia de apertura de juicio estaba fijada para el martes 10 de este mes, pero fue diferida porque en el hecho en el que muere mi hijo también resultaron heridos cuatro jóvenes más, entonces como es un solo expediente a ellos no se les había notificado y también tiene que comparecer, entonces por eso se difirió para el 25 de febrero del próximo año.
Pero en la etapa preliminar para que se diera esa audiencia fueron 20 convocatorias, en la número 20 fue que finalmente se dio, las otras 19 fueron diferidas porque no había para trasladar a los enjuiciados, por el problema de las notificación de los otros muchachos, el asunto es que fueron 19 diferimientos, y es una convocatoria por mes, aparte el tiempo que ellos están de vacaciones, lo que uno ve es que hay un retardo procesal, se le da muchas largas a la cosas.
-¿Qué cree que buscan las autoridades alargando el proceso?
-Quizás buscando que uno se canse, que uno se fastidie, que uno se muera, que uno se vaya del país, o que simplemente deje las cosas así. Por eso una de las cosas que estamos reclamando son los retardos procesales, y eso se transforma en denegación de justicia, entonces como es un patrón que se ha repetido en diferentes casos de los muchachos asesinados hemos decidido conformar Alfavic, una alianza que nace con la intención de exigir justicia, de aunar esfuerzo, ya quizás no cada quien en su caso como individual sino aunar esfuerzos para única y exclusivamente exigirle al Gobierno que nos dé justicia y que los asesinos de nuestros hijos sean debidamente condenados por un tribunal, que paguen por su crimen. Eso es lo único que exigimos.
-¿Cómo funcionará Alfavic?
-Bueno ahora si vamos a entregar una solicitud o comunicación lo haremos como un comité, unidos, buscando así tener mayor peso, que nos tomen en cuenta las instancias nacionales que son las encargadas de impartir justicia, como las internacionales.
-¿Cuántos involucrados hay en el caso de su hijo?
-En el caso de mi hijo están siendo procesados tres funcionarios de las GN, pero de ellos está plenamente identificado el que asesinó a mi hijo, está detenido en Ramo Verde. La gente dirá ‘pero ya está detenido, cuál es la bulla’. Ese no es problema, él simplemente está detenido, pero no está condenado, o sea la idea es que en verdad se llegue al momento que sea condenado por un tribunal y que espero sea la pena máxima de acá de Venezuela. Él utilizó un arma de fuego que está totalmente prohibida para dispersas manifestaciones.
-¿Cómo está su familia luego del asesinato de su hijo Fabián?
-Fabián era mi segundo hijo, mi hija mayor se fue tres meses después del asesinato de su hermano. Mi esposa y yo tenemos más de dos años que no vemos a nuestra hija porque ella debió salir del país por el mismo motivo por el que se han ido tantos jóvenes.
Esta situación en Venezuela nos dejó sin hijos, porque nos matan uno y nuestra hija tuvo que salir del país, te podrás imaginar lo que eso impacta a uno como padre. Hemos tenido que cambiar nuestro patrón de vida, porque hemos tenido que estar involucrados en todas estas cosas de tribunales, de exigir justicia que no es nada fácil aquí en Venezuela.
-¿Qué buscan con Alfavic?
-La idea es que estas cosas no se repitan jamás y nunca aquí en Venezuela, la idea es que ningún joven sea asesinado simplemente por opinar y pensar diferente al gobierno que esté de turno, porque ningún gobierno es netamente aceptado porque siempre habrá alguien que esté en contra, pero eso no da derecho a nadie, entonces para que más nunca vuelva a suceder algo así en nuestro país.
La impunidad campea
Juan Pablo Pernalete murió el 26 de abril de 2017, cuando las protestas en Venezuela no cumplían ni siquiera un mes. El joven estudiante de 20 años murió luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pectoral izquierdo mientras participaba en una manifestación en Altamira. La protesta era reprimida por funcionarios de la GN quienes disparaban perdigones y lacrimógenas contra los manifestantes, logrando herir a varios de ellos.
Hoy José Pernalete y Elvira de Pernalete, cuentan cómo ha sido el largo proceso en su lucha incansable por conseguir justicia para su hijo, asesinado en el marco de las protestas antigubernamentales y buscan sembrar un hito para que historias como estas jamás vuelvan a repetirse en el país.
-¿Por qué deciden crear Alfavic y no seguir buscando justicia de manera individual?
-Alfavic se crea de la necesidad de nosotros de conseguir justicia para nuestros hijos. En nuestro caso han pasado más de dos años y ocho meses y todavía somos víctimas de obstrucción a la justicia, impunidad del Estado, silencio.
-¿Creen que esta demora sea intencional?
El Estado juega a desgastarnos física y mentalmente, nos revictimizan, nos niegan el acceso al expediente, no realizan las solicitudes ni llevan las investigaciones concretas para individualizar no solamente a las personas que nos asesinaron a nuestros hijos, sino también para a nivel de juicio permitir que se hagan las audiencias.
-¿Cómo ha transcurrido el caso de Juan Pablo en manos de la justicia venezolana?
-Siempre nos cambian el fiscal, por lo menos en el caso de Juan Pablo, la fiscalía 62 que lleva el caso de mi hijo lo han cambiado 14 veces, 14 veces que tenemos que revictimizarnos, volver a contar la historia al fiscal nuevo, porque resulta que el saliente no dejó ninguna nota, ningún avance con respecto al caso.
El caso de nosotros a pesar de que hay un pronunciamiento del MP por parte de la fiscal Luisa Ortega Díaz, en el que señala que mi hijo fue asesinado por un GN que le disparó directamente a pocos metros una bomba lacrimógena al pecho, el MP no ha individualizado al GN que lo asesinó y mucho menos a la cadena de mando.
El caso sigue en la fase de investigación, no ha pasado a preliminares, a juicio ni nada, porque la GN sigue diciendo que no se encontraba en el lugar de los hechos, cuando hay pruebas, hay testigos, hay vídeos que demuestran que ellos asesinaron a Juan Pablo.
Ellos (el Estado) no hacen nada, lo que hacen es cansarnos, y cada vez que un fiscal intenta hacer algo es cambiado. El caso está prácticamente paralizado, no hay avances reales hacia un posible juicio.
-Denunciaban el día de la oficialización de la conformación de Alfavic que varios habían sido víctimas de sobornos, ¿qué tan cierto es esto?
-En el caso de nosotros como tal no hemos recibido llamadas, pero si otros padres y familiares que conforman Alfavic han recibido llamadas, incluso hay una madre que fue para evidenciar qué era lo que le estaban solicitando, ella se presentó y le dijeron que le iban a dar una casa, que le iba a dar línea blanca, le iban a operar la rodilla y le iban a dar un sueldo, que eso correspondía a un pote que hizo el Gobierno para indemnizar a la familia. Ella se negó y dijo que quería justicia, igual que los otros padres, ninguno ha aceptado este tipo de sobornos.
-¿Han pensado dejar el caso?
-En ningún momento hemos pensado dejar el caso así, nosotros continuamos, nos han cambiado el fiscal, pero nosotros vamos semanalmente al Ministerio Público y le dejamos muy claro a estas personas que 100 veces no los cambian 101 vamos a seguir. Seguimos aquí en Venezuela, no nos vamos a ir, nosotros no tenemos por qué huir, estamos solicitando justicia, sí, evidentemente nos desgastan, juegan a cansarnos, hay un silencio total por parte de las instituciones encargas de dar justicia en el Estado.
Creemos que es política para que nos gastemos y dejemos eso así, pero nosotros no lo vamos a dejar así, nosotros vamos a continuar exigiendo justicia y verdad, y reparación en cuanto a la memoria de nuestro hijo porque fueron tratados como delincuentes cuando eran jóvenes que a ninguno le han podido demostrar nada, jóvenes con futuro, que tenían familia, ninguno de ellos se ha retractado, es una afectación moral y psicológica.
-¿Cómo han sido estos años sin su hijo?
-Es un daño irreparable, no hay forma de llenar ese vacío que nos dejó Juan Pablo a nosotros, hay mucho vacío, tristeza, decepción, es un dolor diario que no va a pasar, pero nosotros no vamos a callar, se lo debemos a nuestro hijo, que solo pedía un país diferente, que era un soñador, por eso salía a manifestar y eso no le da derecho a nadie de quitarle la vida. Hoy sus padres seguimos a pesar del dolor, decididos a transformar este dolor en acción para seguir buscando esos sueños que quería mi hijo, una Venezuela en libertad y progreso.
Nosotros sabemos la verdad y por eso la defendemos, por eso vamos a ir a los organismos que sean necesarios. Sabemos que aquí en Venezuela no somos escuchados, al contrario, quieren silenciarnos, pero vamos a seguir evidenciando que no nos quieren dar justicia para poder ir a los organismos internacionales, llevando pruebas de la ejecución de nuestros hijos y de los otros jóvenes asesinados en las protestas del 2017.
-Ustedes han ido a diferentes organismos internacionales, ¿qué han logrado hasta ahora?
Nosotros tenemos en el comité de Derechos Humanos de la ONU una denuncia en contra del Estado venezolano por la violación del derecho a la vida de nuestro hijo, el derecho a pensar diferente, el derecho a reunirse, y también nosotros introdujimos paralelamente una demanda por causar daños psicológicos y morales a nuestra paz familiar.
Desde el 26 de abril de 2018, un año después de la muerte de nuestro hijo, esta segunda demanda fue recibida en la ONU, desde donde nos piden información constante sobre nuestro caso y es hacia dónde vamos a apuntar para que en conjunto con los familiares que conforman Alfavic nos unamos por la violación de DDHH que sufrieron nuestros hijos.
-Alfavic actualmente está conformado por los familiares de 14 de los asesinados en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017 pero se dice que son más de 100 las víctimas de ese año ¿cuál es su mensaje para el resto de los familiares?
-Nuestro mensaje es que debemos unirnos, no podemos callar ante todas estas violaciones a los DDHH que se hicieron en el 2017. Callar es ponernos del lado de los verdugos, los que nos hicieron tanto daño, tenemos que seguir alzando nuestra voces, tenemos que seguir, aunque sabemos que muchos familiares se han ido por miedo, por muchas otros causas que vive Venezuela actualmente, otros no quieren hablar porque son amedrentados, pero queremos pedirles en nombre de esos jóvenes que salieron a ejerces sus derechos, un futuro para ellos y para nosotros, que tenemos que seguir.
Para alianza Provea-TalCual.
