Hacía una tarde plomiza en Lima, donde Vilma y yo habíamos sido convocados para una reunión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Ella es una mujer afable, entrada en años, con la cual me había topado antes en varios escenarios internacionales, especialmente en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando le tocó su turno para hablar, palabras más palabras menos, expresó: “Muy bien todo lo que ustedes están discutiendo, pero yo lo único que pido es que se paren los asesinatos de manifestantes en Nicaragua”. Entendía perfectamente su urgencia. Yo mismo la había experimentado durante el 2017 cuando ante cualquier oportunidad verbalizaba el monólogo sobre el asesinato de protestantes en las calles venezolanas.
Vilma es de esas mujeres calificadas como imprescindibles por el poema repetido como introducción a una canción por Silvio Rodríguez, para él válido para casi todo el mundo, menos para los propios cubanos. Buena parte de la izquierda ha dado la espalda a Nicaragua, como hace 16 meses atrás se la dieron a Venezuela. Pero ella sigue liderando el Centro Nicaraguense para los Derechos Humanos (CENIDH), fundado en 1990, terquedad que la ha valido ser reconocida con los premios Premio Stieg Larsson y Salvador Justo por su trabajo por la dignidad humana en su país. Hablar con Vilma sobre la crisis nicaragüense, en momentos en que los muertos superaban los 300, era un dejavú para cualquier venezolano. Por eso mismo lo urgente de registrar sus palabras y divulgarlas lo más ampliamente posible.
– Ya llevan varios meses en el conflicto ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el principal patrón de violaciones de DDHH?
– Esta es una situación inédita por las modalidades que se han desarrollado, por la persistencia y por la brutalidad. Hemos valorado que en el conflicto han ocurrido cuatro etapas. La primera el tratar de controlar las redes sociales; segundo, la negligencia en la atención de un incendio, que se dice fue provocado; y la tercera, la inconsulta reforma al Seguro Social. Esta última situación fue el detonante de la protesta, encabezada por los estudiantes universitarios, que tomó de sorpresa a todo el país. Daniel Ortega había logrado perpetuarse en el poder, primero con el pacto con Arnoldo Alemán, luego la reforma de la constitución y ejerciendo un control total sobre todas las instituciones, destruyendo totalmente la independencia del poder judicial. Adicionalmente, se había encargado de destruir a la oposición a través de dos mecanismos, el primero a través de la cooptación haciéndolas aparecer como oposición en las farsas electorales. El segundo fue la destitución de diputados democráticamente electos. Todo este panorama hace que actualmente en Nicaragua no exista una política que presente una salida a la represión que se está desarrollando
– Haz comparado la represión actual con lo que sucedía en la época de Somoza
– Hablando de la represión propiamente es algo totalmente inédito. Ni siquiera en la guerra de liberación, donde existían dos bandos claramente definidos, por un lado, un grupo político-militar que era el Frente Sandinista y, por el otro, la guardia de Somoza, donde ambos factores estaban armados. En este momento es un pueblo totalmente desarmado enfrentando no solamente a la policía, sino también a grupos parapoliciales que funcionan con toda brutalidad, todo eso combinado con otras expresiones sociales que Ortega venía organizando, como los grupos de motorizados. También han involucrado a pandillas de jóvenes y también ha sacado de las cárceles a delincuentes comunes suministrándoles armas. Asimismo, efectivos desmovilizados de la policía y del ejército han sido rearmados para cumplir labores de represión.
– En Venezuela la primera reacción del gobierno, durante las protestas del año 2017, fue que se desgastaran y luego pasó a la represión. ¿Ha sido similar en Nicaragua?
– En un primer momento fue la represión a la protesta y, en la medida que esta fue disminuyendo, el número de asesinados fue aumentando, entrando en una segunda etapa que hemos denominado “Operación Limpieza”. Se destruyeron las barricadas que habían sido colocadas por la gente para defenderse, como el caso de Moninbó, bastión del Sandinismo y la que sufrió unas de las represiones más brutales, generando incluso muchos desaparecidos. igual pasó en Chontales donde los “tranques” –trancazos- estaban compuestos por campesinos organizados los cuales ya habían resistido anteriormente por la intención de construir un canal por esa zona. Huyeron a las montañas con heridos que no habían podido ser atendidos en los hospitales porque también Daniel Ortega utilizó al sistema de salud desde un primer momento impidiendo que los hospitales atendieran a los heridos, impidiendo así la atención médica oportuna.
– ¿Y cuáles han sido la tercera y cuarta etapa?
– Esas dos etapas tiene que ver con la represión selectiva. Ir de casa en casa deteniendo personas específicas y si no encuentran a la persona que buscan detienen a la familia. La cuarta ha sido tomarse las calles para impedir las manifestaciones. Lo último ha sido decretar una ley que prohíbe cualquier marcha que se organice contra del gobierno y judicializar a los dirigentes que las organicen. El poder judicial está siendo instrumentalizado con esos fines. Antes de esta crisis en Nicaragua no había presos políticos. Ahora el número aproximado es de 600, cifra que cambia constantemente. En estos momentos hay 325 personas, entre muchachos y personas mayores, siendo procesados judicialmente, violentando sus derechos al no ser presentados a las 48 horas de su detención. No les permiten ver a sus familias, se les nombran defensores de oficio, las audiencias las hacen en privado, convirtiendo a las víctimas en victimarios acusándolos de terroristas y de golpistas. La otra estrategia que usó el gobierno fue el “diálogo” invitando a la iglesia católica como mediadora, creyendo que la alta jerarquía católica se iba a convertir en su aliada por su cercanía al Cardenal. Al no lograrlo dinamitó el diálogo y, en este momento, tenemos 3 meses en que las conversaciones están paralizadas. En ese contexto Ortega ha realizado allanamientos a las iglesias, ha golpeado a sacerdotes. Sus declaraciones las hace a medios internacionales con el objetivo de mantener esa imagen de víctima, acusando a los movimientos sociales de ser artífices de un intento de golpe de estado.
– Al momento de esta conversación ¿Cuál es la cifra de heridos?
– Nosotros, en comparación con las cifras que manejan otras organizaciones, somos los más conservadores. Manejamos una cifra de 326, discriminados por sexo, si son estudiantes, si son pobladores, sin son extranjeros, además que existe un número indeterminado de desaparecidos. Por otro lado, tenemos el desplazamiento forzoso del campo a la ciudad, pero sobre todo de las ciudades fuera del país. Ya ACNUR ha declarado que hay 30.000 nicaragüenses que han huido hacia Costa Rica y ese país ya estaba tramitando la figura de refugiados. Es un problema que va a afectar a toda Centroamérica, Costa Rica no puede asumir sola este problema y no sé cuál ha sido la respuesta a nivel internacional por parte de ACNUR y la Cruz Roja. En cuanto a las medidas cautelares sólo nosotros hemos interpuestos 67, que favorecen a casi 300 personas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto al marco jurídico se han implementado unas leyes para tipificar el terrorismo y esto ya estaba presente en el Código Penal. Sin embargo, lo han reformado para incluir una serie de situaciones como terroristas. Esto fue corroborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien manifestó que producto de las entrevistas con familiares y víctimas las acusaciones no podían ser tipificadas como terrorismo. Pero también están siendo imputados por delitos tipificados como crimen organizado. Por otro lado, desde el gobierno, se ha impulsado las invasiones de tierras de personas que hasta hace poco eran sus aliados y ahora son expulsadas por el propio gobierno. En estos momentos Ortega está peleado con las empresas privadas y con el Ejército. Las manifestaciones que hace no son como antes y tiene que recurrir a una serie de mecanismos para obligar a las personas y a los empleados públicos a asistir. Todavía tiene un núcleo duro que lo apoya, pero según una encuesta solo tiene un 22% de apoyo por parte de la población.
El valor de la defensa de los derechos humanos
– Hablemos sobre el trabajo que vienen realizando desde el Centro Nicaraguense para los Derechos Humanos (CENIDH)
– Los que trabajamos en el Cenidh somos como treinta y estamos concentrados en este momento en la atención a las víctimas. Estamos trabajando muy cerca con la CIDH, como no le dan acceso a la Fiscalía están trabajando con nuestra información, incluso hemos designado a dos personas para que los atiendan y les brinden toda la información que tenemos. Lo mismo estamos haciendo con otras organizaciones. Mi opinión, sin embargo, es que tienen toda la buena voluntad, pero los siento como “tímidos”. Creo que la estrategia que están siguiendo es que no los saquen, como sí lo hicieron con la comisión que vino por parte del Alto Comisionado de la ONU. En estos momentos vivimos una situación de descalificación y de calumnias. Además, nuestra organización la mantienen cercada por estar a pocos metros de la residencia de Daniel Ortega. Estamos sujetos a hostigamiento y obstaculización. No nos dejan entrar a las cárceles, nos impiden ir a las audiencias, es decir toda una política en contra de los defensores de DDHH.
– ¿Nicaragua tiene Defensoría del Pueblo?
– Sí, pero no funciona del todo, ni siquiera sabemos quién es el funcionario que la ocupa. Nosotros interpusimos un recurso de inconstitucionalidad en contra de una ley y ni siquiera nos han dicho si ha sido admitido.
– ¿Cómo calificas la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis nicaragüense?
– De parte de organismos como la CIDH y de la ONU la consideramos buena. Creo que han reaccionado de acuerdo a la normativa, pero consideramos que la CIDH está empeñada en tener como caso principal el caso de Nicaragua y lo están demostrando. En cuanto a la ONU ha sido un poco más retraída. En cuanto a la OEA, con el cambio de la correlación de fuerzas que antes estaba copado por los países del ALBA, habían nombrado el grupo de los doce, pero ahora lo veo como muy lento. Por otro lado, Estados Unidos está jugando su juego, realizan amenazas pero no actúan, además que no queremos que actúen, pero hace algunas semanas la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, aprobaron una ley que le retira la visa y le confisca el dinero a miembros del gobierno, tomando como premisa la violación de los DDHH y la corrupción. Creo que no va ser aprobada en la Cámara de Representantes porque Ortega los tiene convencidos de que él es el muro de contención de la droga. En cuanto al movimiento de DDHH a nivel internacional la organización que ha reaccionado con más fuerza es Amnistía Internacional, quien ya ha presentado dos informes, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) también se ha pronunciado; Human Rights Watch, a través de Vivanco, ha hecho pocas acciones pero ha dado muchas declaraciones. Puedo decir que no ha habido una fuerte reacción como la que hubo con Nicaragua antes porque la gente sigue aferrada a la idea de lo que fue la Revolución Sandinista y en ese sentido ponen en duda la magnitud de la represión.
Los dobles raseros
– ¿Crees que después de lo de Nicaragua la izquierda tiene que revisarse?
– Totalmente. Yo no he tenido una formación marxista, pero repugna que quieran ubicar la lucha de los derechos humanos en Nicaragua como algo de la izquierda o en la derecha. Ciertamente los movimientos de DDHH han estado muy vinculados a las luchas de liberación, que generalmente han sido impulsadas por la izquierda frente las derechas dictatoriales. Se aferran a lo que en teoría quisieron hacer y no lo que hace la gente, son las personas las que hacen las realidades.
– No hay víctimas buenas y víctimas malas.
– Exactamente. Para nosotros los registros que llevamos están los 30 paramilitares muertos, están los 22 policías muertos, no hay distinción con el resto de los fallecidos.
– ¿Qué piensas que pueda pasar en el futuro?
– Esa pregunta nos las hacemos. Tengo terror en que se pueda desarrollar una guerra civil. Quisiéramos encontrar la manera que Daniel Ortega se vaya, porque no hay ninguna posibilidad de arreglo a la situación de Nicaragua con Ortega en el poder. Además, no solamente es él y el núcleo de poder que lo rodea, sino que tiene a un sector de la población descompuesta y eso va costar muchos años en revertirlo. Existe una ruptura en el tejido social del país. La creación de organismos como los Consejos Ciudadanos, luego Consejo de Familia han servido para mantener a la gente controlada a través de programas de salud, programas sociales como Hambre Cero. Han servido para desarrollar el clientelismo político y ahora son organismos de espionaje, y son personas de esas organizaciones las que salen en las noches a radiar las casas y les colocan una frase que dice “Plomo”, para que al día siguiente lleguen personas armadas a agredir. Por eso considero que aunque las gestiones formales son necesarias, veo que sus efectos son a largo plazo. En estos momentos necesitamos con urgencia que se deje de estar asesinando gente, que permitan la libre circulación de las personas.
– Cómo defensora de DDHH ¿tiene miedo de estar en Nicaragua?
– Sí, pero no solo es miedo, es también impotencia al ver que las gestiones que uno realiza no sirven para nada. Lo que en países normales, con instituciones, funciona aquí no. ¿Cómo ayudar a la gente? ¿Cómo mantener la esperanza si has dejado de creer en los instrumentos jurídicos? Personalmente tengo medidas cautelares desde el año 2008, cuando Ortega asumió el poder, producto de nuestro trabajo en los lugares donde ocurren los hechos.
Especial | Rafael Uzcátegui | Colaboración: Luis Silva
