El 12 de junio se celebra el Día Internacional contra el trabajo infantil, que busca concientizar sobre las situaciones que vulneran los derechos de millones de niños en el mundo, obligados a trabajar, muchas veces bajo condiciones de esclavitud, por la precariedad de las condiciones de vida de sus familias.
Si bien en Venezuela no contamos con información oficial sobre el número de niños trabajadores o sus condiciones de trabajo, un informe de la ong World Vision de 2020 destacó que el trabajo infantil en Venezuela habría aumentado 20% en el contexto de la pandemia. Los testimonios e imágenes de niños trabajando abundan en reportajes periodísticos, no solo en entornos urbanos, también en zonas rurales y fronterizas donde las condiciones de vida son las más precarias.
Aun cuando no hay cifras oficiales de trabajo infantil, los hallazgos de Encovi muestran una tendencia al descenso de la asistencia escolar en toda la población infantil y juvenil, siendo el año 2022 el que registró una menor tasa de asistencia desde 2014. No podemos saber en qué proporción, pero muchos de estos niños que han dejado de estudiar se encuentran en situación de vulnerabilidad y pueden engrosar las filas del trabajo infantil en Venezuela.
Para abordar esta dura realidad, conversamos con Nelson Villasmil, Licenciado en Trabajo Social y actualmente Consejero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Sucre del Estado Miranda.
¿Cómo ha afectado la emergencia humanitaria compleja la asistencia de los niños a la escuela?
Podemos decir que la crisis humanitaria ha afectado la deserción escolar. Desde el año 2014 hemos recibido desde el Consejo de Protección muchas denuncias provenientes de los centros educativos donde se nos indican que bueno que los niños, los adolescentes no fueron inscritos o dejaron de asistir a la escuela. Cuando hacemos el análisis de las razones por las cuales dejaron de asistir, vemos que van ligadas a la crisis económica y a las condiciones socioeconómicas de la familia.
Eso también lo evidenciamos cuando entrevistamos a los niños niñas y adolescentes que están en situación de calle y les preguntamos las razones por las cuales están en calle y por las razones por las cuales están ejerciendo alguna actividad laboral de manera informal, como puede ser la venta de golosinas dentro de la estaciones del metro como puede ser este pararse en un semáforo a limpiar vidrios y tener algún tipo de beneficio. Lo que nos dicen es que en la casa no hay comida.
Cuando les preguntamos qué hacen con el dinero que obtienen del trabajo informal que están realizando, nos dicen que compran comida para llevar a la casa porque no hay, porque su mamá es madre soltera, porque la comida no alcanza, porque el dinero que devengan los padres del trabajo no alcanza para cubrir la cesta básica. Estas situaciones hacen que ellos se vean de una u otra manera obligados a salir a la calle a realizar trabajos de manera informal. Y eso trae como consecuencia el abandono del sistema educativo.
Aquí se nos presenta un problema porque una vez que el niño o adolescente obtiene acceso al dinero, a los beneficios que obtienen del trabajo informal o, en algunos casos, el trabajo formal, es difícil reincorporarlos al sistema de educación formal, volver atraerlos a su medio de socialización primario como debe ser la escuela.
En tu experiencia en el municipio Sucre, ¿crees que ha aumentado el trabajo infantil?
En el municipio de Sucre cuando las y los adolescentes acuden a la sede a tramitar el registro y la credencial de adolescente trabajadores se les pide que llenen un formulario. Allí hay una pregunta que es muy específica: se les pregunta el motivo y las razones por las cuales quieren incorporarse al mercado laboral. Generalmente las y los adolescentes responden que lo hacen porque quieren ayudar a la familia en la economía del hogar o porque desean este comprarse cosas que sus padres no pueden proveerles por la condición socioeconómica, por la crisis por la cual atraviesan.
A medida que se complica la situación económica, más necesidad tendrán niños, niñas y adolescentes de contribuir al ingreso del hogar.
Aquí vale decir que ya para reflexionar Venezuela tiene unas leyes de avanzada garantistas de Derechos Humanos. El problema de Venezuela no son las leyes, el problema de Venezuela es que se ejecute lo que la propia ley dice, no que no queden letra muerta.
¿Reciben en el consejo de protección muchas solicitudes de registro de adolescentes trabajadores?
El Consejo de Protección es un organismo que funciona en cada municipio del país alrededor de 335 municipios hay en el país. La función de esta instancia es preservar o restituir los derechos a los niños y adolescentes que hayan sido amenazados o violados. Entre las competencias que nosotros tenemos como consejo de protección está la de emitir el registro de adolescentes trabajador y la credencial de adolescente trabajador.
A partir de los 14 años de edad, los y las adolescentes pueden incorporarse al mercado laboral, el convenio 138 de la OIT que el Estado venezolano suscribió y ratificó, indica que la población económicamente activa es a partir de los 15 años de edad. En Venezuela, por un acuerdo tripartito entre el Estado los sindicatos y los empleadores, se fijó como edad mínima para la incorporación de las y los adolescentes a partir de los 14 años de edad es decir que a partir de los 14 años de edad, los adolescentes y las adolescentes pueden acudir de manera voluntaria al Consejo de Protección a tramitar el registro y la credencial de adolescentes trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Durante 2023 se han realizado 593 registros de adolescentes trabajadores en el Municipio Sucre.
Debe haber un equilibrio entre el derecho a la educación y el derecho al trabajo; es decir, que la adolescente no deje sus estudios para incorporarse al mercado laboral. Aquí hay que decir que el Estado no promueve la incorporación de los adolescentes a partir de los 14 años de edad; si se puede retrasar esa incorporación, sería lo ideal. El Estado desea por lo menos desde el punto de vista teórico que el adolescente continúe estudiando porque se reconoce que sobre todo en los adolescentes de condiciones socioeconómicas bajas el estudio es un medio liberador, que le brindará mejores oportunidades de vida.
La ley permite que se pueda autorizar a los y las adolescentes menores de 14 años de edad. En esos casos, sí es a una autorización que emite el Consejo de Protección previo análisis de la situación. La ley dice que estos niños y adolescentes menores de 14 años y de hasta 12 años de edad pueden incorporarse al mercado laboral, pero para realizar actividades artísticas. En lo que va de 2023, solo se ha emitido una autorización de esta naturaleza.
A los adolescentes mayores de 14 años de edad se les reconocen todos los derechos en materia laboral: pueden suscribir contratos y pueden sindicalizarse. Hay limitaciones para prevenir la explotación laboral infantil: no pueden trabajar horas extras, tienen que trabajar máximo seis horas diarias y 40 horas semanales, no pueden trabajar en horarios nocturnos y no pueden realizar actividades que supongan riesgos para su salud. Esto quiere decir que un adolescente no podría trabajar en una campo petrolero o en una mina del Callao o del Arco Minero del Orinoco.
Sabemos que esta normativa no se cumple: de manera informal hay adolescentes dedicados a realizar trabajos que ponen en riesgo su integridad y su salud, eso es una realidad a pesar de que el Estado venezolano ha suscrito y ratificado los convenios internacionales que protegen a estos trabajadores vulnerables, sobre todo el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil.
En el caso de las y los adolescentes que realizan trabajos informales en las calles del municipio, cuando le preguntamos cuánto dinero reciben diaria o semanalmente, responden generalmente que obtienen entre 30-40 dólares diarios. Cuando eso lo ponderamos mensualmente, es una cantidad que un empleador formal no está en capacidad de proveer. Entonces, ¿cómo compite el trabajo formal con el informal? Cuando hay una hay un diferencial tan enorme con respecto a los ingresos que se recibe por la actividad entonces en algunos casos es muy complejo convencer al adolescente de que debe formalizar su registro, de la posibilidad de incorporarse al mercado laboral formal y haciendo la salvedad de que no debe dejar sus estudios porque se considera que es una manera de poder elevar el nivel de vida futuro.
Por eso debemos reconocer que hay un subregistro porque hay una cantidad de niños y adolescentes mayores que bueno que están incorporados al mercado laboral de manera informal y que no se puede tener la certeza de que sus empleadores no los están explotando laboralmente, que les están garantizando todos sus derechos. Porque lo que busca el registro y la credencial es evitar la explotación laboral: que ese adolescente o que ese niño no sea explotado por el patrono Al tener una cantidad de niños niñas y adolescentes que están realizando trabajos informales dentro de la informalidad esa posibilidad de prevención se pierde.
¿Qué políticas públicas se podrían implementar para disminuir el trabajo infantil en el país?
Una de las políticas públicas que debería crear el Estado para la prevención del trabajo infantil y la explotación laboral tenemos la creación y financiamiento de programas de asistencia dirigida a las familias cuyos padres y madres no pueden garantizarle el derecho al nivel de vida adecuado a sus hijos. Aquí vale decir que este derecho comprende la vivienda, el vestido, el calzado. la alimentación nutritiva y balanceada que requieran los niños niñas y adolescentes. El Estado debería de crear políticas dirigidas en este sentido a garantizarle a la población más vulnerable, en este caso los niños niñas y adolescentes, sus derechos más básicos.
Otra de las políticas que pudiese crear el Estado a través de los de las escuelas son los comedores escolares donde, previo estudios socioeconómico de las familias, se le ofrezca a cada niño, niña o adolescente que asiste diariamente a la escuela un plato de alimento nutritivo y balanceado que satisfaga las normas desde la dietética, la higiene y la salud. De esta manera estaríamos evitando la deserción escolar y los motivos que llevan a estos jóvenes a insertarse precozmente en el mercado de trabajo.
El Estado debe además promover y difundir los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes a través de los de los diferentes medios de comunicación que maneja haciendo énfasis en la erradicación de la explotación laboral del trabajo infantil y de la trata de personas.
