En Provea tienen expectativas para que antes de que finalice este año se liberen algunos presos políticos para generar condiciones para realizar las elecciones parlamentarias. Rafael Uzcátegui espera que uno de los liberados sea el sindicalista Rubén González
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, asegura que por varios años consecutivos en Venezuela se han ido deteriorando los indicadores de los derechos humanos; por lo que afirma que este año la situación ha sido negativa en esta materia.
A juicio de Uzcátegui, en 2019 se profundizó la dictadura de Nicolás Maduro, la emergencia humanitaria compleja, la migración forzada, la pobreza, la desigualdad y la exclusión en el país. Sin embargo, para el representante de Provea, la visita de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos a Venezuela, así como la presencia de dos representes en el país, puede calificarse como avances, a pesar de que hace falta progresar más.
No obstante, Rafael Uzcátegui considera que aún hay mucho por hacer por los derechos humanos en Venezuela; ya que el incumplimiento de los estándares mínimos en esta área por parte de Maduro evidencian su verdadera voluntad política.
Contrario a que Uzcátegui considera que el próximo año no será positivo, cree que existirán las oportunidades para que la sociedad civil tenga su propia voz en medio del conflicto y sumen al restablecimiento de la democracia.
-¿Cómo ha sido el año 2019 en materia de derechos humanos?
-Este año ha sido negativo, ha sido un año difícil para los derechos humanos; ya tenemos varios años consecutivos con deterioro de los indicadores. La situación más grave que ocurrió es que se profundizó aún más el debilitamiento de la institucionalidad democrática porque el 10 de enero se juramentó una persona a la presidencia de la República como consecuencia de un fraude electoral y eso generó una crisis social y política que movilizó a los diferentes actores durante el resto del año.
Esa fue, de lejos, la peor situación, que también tuvo un impacto inmediato en la situación de los DDHH porque la ausencia de instituciones que den respuesta a los ciudadanos y la persistencia en un modelo que ha agravado la crisis en nuestro país está aumentando las penurias para millones de venezolanos que se siguen yendo de Venezuela en una situación precaria como migrante forzado.
En primer lugar tenemos la profundización de la dictadura, en segundo lugar el aumento de la pobreza que tiene que ver no solamente con la emergencia humanitaria compleja, el deterioro de los servicios básicos, la dolarización por la vía de los hechos de la economía; lo cual genera una doble exclusión; no solo quienes ya estábamos excluidos por la situación de discriminación social y política del Gobierno, sino que ahora quienes no puedan participar en esta economía dolarizada están sufriendo una nueva exclusión para su calidad de vida y continúa la crisis migratoria de los venezolanos.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se convirtieron en el gran mecanismo de control territorial, especialmente en los sectores populares y, ante la ineficacia de las estrategias opositoras para intentar encauzar de nuevo la vía democrática, tenemos ahora una crisis de representatividad muy grande que genera mucha incertidumbre sobre todo en los escenarios políticos del año que viene.
-¿Qué se puede esperar de los informes de Bachelet, de las visitas de sus representantes en Venezuela a los presos políticos?
-Este es un año negativo; sin embargo, también tuvimos dentro de la situación de gravedad algunos avances para contener esta situación y creo que el más importante es el monitoreo que viene haciendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela.
Ese informe, esa presencia de los dos altos oficiales en nuestro país, que están en un plan de trabajo con las autoridades del Gobierno venezolano; lo que nos ratifica es que si no tenemos un acompañamiento de la comunidad internacional, si no hay presiones, si no hay visibilización de la situación, el gobierno de Nicolás Maduro ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo van a mover un dedo por prevenir y sancionar violaciones de derechos humanos; así que lo que podemos esperar es que continúe ese acompañamiento, ya el Alto Comisionado solicitaba en su informe de ayer (18 de diciembre) una ampliación de su presencia en Venezuela.
Existen algunos avances en ese plan de trabajo de nueve puntos entre el Gobierno y el Alto Comisionado, pero ya informaba que algunos acuerdos no se han cumplido o no se han cumplido en su totalidad. Uno de ellos es la posibilidad de visitar los recintos de detención de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que son los servicios de inteligencia civiles y militares. Se continúa solicitando esa posibilidad porque precisamente ha sido en esos dos sitios donde hay más denuncias sobre torturas y malos tratos a las personas privadas de libertad.
La sociedad civil tiene que convertirse en un contralor del nivel de cumplimiento de esos acuerdos. Son nueve puntos que nosotros invitamos al Alto Comisionado a que informe cuál es la extensión y cuál es el contenido de ese informe de trabajo. De manera sutil sabemos que son nueve puntos, pero la sociedad venezolana debería estar suficiente informada para poder hacer una contraloría social de esos niveles de acuerdo, pero solicitar que, además del Alto Comisionado otros observadores y otros organismos internacionales en materia de DDHH puedan visitar Venezuela, puedan tener un nivel de interlocución con las autoridades para poder mejorar la situación concreta en nuestro país.
-¿Cuáles serían esos otros organismos que deberían visitar Venezuela para comprobar la situación de DDHH?
-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado reiteradamente la posibilidad de visitar Venezuela y es el organismo regional que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA). También la Misión de Verificación de los Hechos ha anunciado su visita al país; pero el Gobierno ha negado la posibilidad de que ingresen a territorio venezolano y esta ha sido aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; además, va a comenzar su funcionamiento a partir del mes de enero durante un año. Esto es una muy mala señal que evidencia la verdadera voluntad política de Nicolás Maduro para mejorar la situación en derechos humanos al no permitir el ingreso de esta misión.
También estamos solicitando que otros relatores independientes de Naciones Unidas puedan visitar Venezuela. Ahora mismo, las conversaciones entre Bachelet y Maduro hay dos relatores que podrían visitar Venezuela en un corto plazo, pero son dos relatores que al Gobierno le interesa por los temas que trabajan: uno es el relator sobre el derecho al desarrollo y el otro es el de medidas unilaterales, medidas coercitivas unilaterales; que tiene que ver con todo el tema de sanciones internacionales.
Pero las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y el propio Comisionado están solicitando la posibilidad de que haya mandatos adicionales; es decir, que otros relatores puedan visitar Venezuela; por ejemplo, el relator de pobreza, el relator de Naciones Unidas defensor de derechos humanos, el relator sobre detenciones arbitrarias.
Se debe ampliar la presencia de organismos internacionales, no solamente en los temas que le interesan a Nicolás Maduro.
-¿Cuál es la situación actual de los presos políticos?
-La cifra del Foro Penal habla de 390 presos políticos actualmente en Venezuela. Actualmente se está haciendo una campaña porque se ha venido especulando sobre la posibilidad de que, derivado de esta negociaciones entre las autoridades de Nicolás Maduro y los representantes de esos partidos políticos minoritarios, conocidos como «La Mesita», a partir de ese mecanismo de diálogo puedan ser liberadas personas que están privadas de libertad por razones políticas.
-¿Pueden esperarse liberaciones antes de que finalice el 2019?
-Hay expectativas para que eso ocurra antes de que finalice el año porque además, eso pudiera generar el inicio de una serie de condiciones para poder realizar un proceso electoral el año que viene. Sería una señal de buena voluntad, sería el inicio del otorgamiento de condiciones para la realización de elecciones parlamentarias.
Desde Provea estamos participando con el caso de Rubén González, el caso del sindicalista que ha generado la atención de los mecanismos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que también ha estado presente dentro de los informes de Bachelet y, por supuesto, tenemos la expectativa, y sus familiares también, que él pueda ser liberado antes de terminar el año.
Hay que recordar que las organizaciones de izquierda, que hoy se sienten representadas en el gobierno de Nicolás Maduro históricamente hicieron campañas para que liberaran a sus presos políticos antes de Navidad con el argumento de que las familias de esas personas pudieran estar con su ser querido celebrando las fiestas; así que eso mismo es lo que se les está pidiendo hoy: que los familiares de Rubén González, de diputados y los diferentes presos políticos que están ahora en las cárceles venezolanas puedan disfrutar las fiestas en familia y se pueda comenzar a generar condiciones para retomar mecanismos de diálogo como el de Noruega o mecanismos adicionales que permitan la convocatoria a un proceso electoral con la mayor confianza por parte de todos los venezolanos.
-¿Cuál es la perspectiva para el año 2020?
-Yo creo que esa pregunta la debe responder todo el liderazgo social y político de Venezuela. Hay que responder a la pregunta si uno cree en la posibilidad de que la salida venezolana es inminente o si va a ser una transición a mediano plazo.
Muchos de nosotros, incluyéndonos en Provea teníamos la expectativa a comienzos del año 2019 de la posibilidad de una transición inminente debido a toda la ofensiva que se realizó en esos meses, el reconocimiento de la comunidad internacional de la crisis venezolana, de toda movilización que ocurrió en todo el país; sin embargo, hoy, a título personal, creo que estamos cada vez más alejados de la posibilidad de una salida inmediata, de una salida inminente y como se ha disipado la posibilidad del uso de la fuerza en el caso venezolano, como hay crisis de representatividad de los sectores políticos, como también hay menor capacidad de convocatoria para movilizaciones por razones políticas y también como están paralizados los mecanismos de diálogo que habían generado mayor expectativa, pareciera que ahora esa posibilidad de una salida inminente es lejana y los venezolanos nos tenemos que cambiar el chip para una resistencia a largo plazo.
El año 2020 va a ser un año electoral. Permanentemente, Nicolás Maduro está mandando señales de que se está preparando para ese evento, con su llamado a los milicianos, con la realización del censo de viviendas; con eso nos está diciendo que está preparando su base electoral de movilización para un evento de esta naturaleza.
Yo podría especular que, como ha ocurrido en años anteriores a finales de año, cuando todos estemos desmovilizados porque estamos en los días de fiesta de fin de año, el Gobierno pudiera anunciar la fecha de las elecciones parlamentarias de manera unilateral porque condiciona toda la agenda social y política. Eso es una especulación, pero atendiendo a lo que ha hecho, a finales de años anteriores, antes de que se acabe el año anuncia una decisión que condiciona la agenda política de los primeros días del año siguiente.
Por otro lado, se va a profundizar la emergencia humanitaria compleja. Además, podemos tener una migración de tipo pendular, es decir, de personas que se vayan del país durante algunos meses para ahorrar en dólares y luego regresar a su país para reinvertir; pero no todos los migrantes van a tener esa posibilidad, así que vamos a seguir teniendo esa situación de crisis migratoria.
La situación de desaparición del Estado como la hemos conocido va a continuar y el control territorial de grupos irregulares, pero de además de grupos institucionales al margen de la ley va a continuar; esta presencia de las FAES como mecanismo de control territorial, geopolítico de las zonas populares, donde además están participando en delitos como secuestros, como contrabando de gasolina, como tráfico de diferentes sustancias ilegales, pues pareciera que se va a incrementar.
Esta situación de desaparición del Estado, de Estado fallido, pareciera que se va a consolidar el año que viene; sin embargo, dentro de todo este panorama oscuro, creo que hay diferentes oportunidades: una de ellas es la necesidad de la emergencia de la sociedad civil como un actor en el conflicto político; es decir, las organizaciones gremiales, sindicales, de DDHH, sociales y populares necesitan tener su propio perfil, su propia voz en el conflicto y, ante la erosión del liderazgo político, creo que hay un vacío de representatividad que pudiera ser parcialmente llenado por ese liderazgo de la sociedad civil, hay una oportunidad para que las organizaciones sociales puedan configurar su propias demandas en el conflicto y puedan tener un perfil propio para poder ayudar y sumar al restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Alianza Tal Cual-Provea
