En cumplimento de la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela de septiembre de este año, la Alta Comisionada ha presentado esta semana un informe verbal en Ginebra. El informe es una evaluación de la situación durante las últimas 12 semanas. La Alta Comisionada destaca la cooperación que ha debido mostrar el gobierno de facto para con sus dos delegados permanentes en el terreno así como las negociaciones para el ingreso de dos mecanismos temáticos al país. El informe da cuenta del deterioro de la situación de los derechos humanos en el país en este corto periodo, tanto en derechos civiles y políticos como en la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.
Este informe oral forma parte de un proceso de examen de la situación en Venezuela que, según la resolución del septiembre pasado, debe darse también en 2020 con dos actualizaciones verbales y un informe escrito de la Alta Comisionada. Así, entre febrero y marzo deberá presentar una nueva actualización oral, entre junio-julio presentará un segundo informe escrito, donde uno de los mandatos del Consejo de Derechos Humanos es hacer seguimiento a la situación en el Arco Minero, y finalmente entre septiembre y octubre deberá presentar una nueva actualización oral. La misma resolución ha establecido una Misión de Determinación de Hechos, cuyos miembros son Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox Vial (Chile) y Paul Seils (Irlanda) tras ser elegidos por la Presidencia del Consejo, y quienes deberán presentar un informe al Consejo durante el 45 periodo de sesiones entre septiembre y octubre de 2020.
El informe de la Alta Comisionada fue seguido por una respuesta del Embajador representante del gobierno de facto quien negó la existencia de una crisis humanitaria, repitió el trajinado discurso de la no interferencia de asuntos internos y de la instrumentalización política de los temas de derechos humanos y achacó la culpa de la negada crisis a las sanciones unilaterales. También descalificó los futuros resultados de la Misión de Determinación de Hechos, diciendo que su informe estará cargado de “falsedades y mentiras”, sin mencionar que su gobierno se niega a permitir el acceso de dicha Misión al territorio nacional desconociendo así la resolución del Consejo.
Durante el debate, 20 estados criticaron al gobierno de facto, al igual que una intervención de países cercanos al Grupo de Lima y otra de la Unión Europea. Solo Nicaragua, Irán, Cuba, Bielorrusia y China apoyaron el discurso del gobierno de facto, mientras que Rusia trató inútilmente de torpedear el debate alegando cuestiones de procedimiento. Este debate ha mostrado el aislamiento al que deberá hacer frente el gobierno de facto cuando se integre como miembro del Consejo el año entrante, cuyos miembros son mayoritariamente democracias con valores opuestos a la dictadura venezolana.
El informe de actualización oral presentado por la Alta Comisionada amerita una lectura detallada pues ilustra el deterioro de la situación en tan corto lapso. Solo destacaremos los siguientes aspectos:
- Se ha firmado una carta de entendimiento que permite un proceso de cooperación técnica, que es parte del mandato general de la Oficina de la Alta Comisionada, y la presencia de tan solo dos oficiales con acceso a todo el territorio nacional y a los centros de detención, pero que no han podido ingresar a los lugares de detención de los servicios de inteligencia del Estado.
- El gobierno de facto solamente está dispuesto a recibir al Relator Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales y al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, cuando hay más de 30 relatores y grupos de trabajo que podrían visitar a Venezuela para evaluar la situación. Dentro de esos mecanismos está el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que ha solicitado que se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens, en lo que insiste la Alta Comisionada.
- El informe da cuenta del deterioro de los derechos económicos sociales y culturales y se refiere a las sanciones económicas y su impacto en los servicios, para decir que se requiere “mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales”. Sin duda será un gran reto para ese gobierno dar información detallada, cuando ha ocultado durante años esa información y en su lugar ha dado prioridad a la propaganda. La misma situación se da sobre la información sobre muertes violentas, en la que la Alta comisionada subraya “la ausencia de cifras oficiales públicas y actualizadas”.
- La Fiscalía manejada por Tarek Willian Saab, ha comenzado a entregar información en un esfuerzo por mostrar que está haciendo avances contra la impunidad generalizada. Pero la información parece parcial y manipulada. No se le ha dado información a la Alta Comisionada sobre el número total de denuncias de violaciones a los derechos humanos ni sobre cuántas de ellas corresponden a ejecuciones extrajudiciales. La Alta Comisionada también afirma haber recibido información de esa fiscalía de que al menos 55 oficiales fueron condenados por el delito de homicidio en relación con 68 víctimas “entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES” -afirma el informe-. Sobre este escuadrón policial, la Alta Comisionada afirma haber recibido más información sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales. Es importante indicar que algunos de los pocos casos investigados por el Ministerio Público contra el Faes es porque este componente de la Policía Nacional Bolivariana ha asesinado a varios integrantes de cuerpos policiales y militares.
- Ante las proyecciones de las Naciones Unidas de que para finales de 2020 la cifra de migrantes forzados llegará a 6.5 millones, la Alta comisionada manifestó preocupación por el aumento de la migración irregular y por el aumento de los precios de los pasaportes decretado por el gobierno de facto y que equivalen 54 salarios mínimos por un nuevo pasaporte, según ese informe.
- Se puede esperar una alta actividad en el monitoreo de la situación de los derechos políticos durante 2020, en particular en el ataque contra la Asamblea Nacional y las elecciones que se plantean para el año venidero. Ya destaca la Alta comisionada el despojo de la inmunidad parlamentaria a 30 miembros de la AN y los actos de hostigamiento contra la oposición.
- La Alta comisionada alerta sobre los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las Milicias Bolivarianas y sobre la presentación, ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que fortalece e incorpora esa Milicia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Estos son solamente algunos aspectos del informe, por lo que invitamos a una lectura integral. Lo que está claro es que el gobierno de facto se ha visto obligado a mostrarse colaborador con el Sistema de las Naciones Unidas. Ya tiene rabo de paja al haber abandonado el Sistema Interamericano, y sabe que no puede hacer lo mismo en la ONU. Por otra parte, ese gobierno al ejercer el poder de facto sobre el territorio nacional, sigue vinculado por los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional penal. Está visto que 2020 será un año en el que deberá responder ante el sistema de Naciones Unidas. Pero también deberá responder ante la Organización Internacional del Trabajo, cuya Comisión de Encuesta, estará evaluando en el mes de septiembre de 2020 el cumplimiento de sus recomendaciones emitidas luego de visitar al país este año. Y finalmente, no se puede olvidar que el examen preliminar adelantado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, seguramente avanzará de la etapa 2 a la etapa 3 durante el primer semestre del año entrante.
