El coordinador de Exigibilidad de Provea, Carlos Patiño, resaltó que con el pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, los tres organismos más importantes en derechos humanos han exigido la liberación del secretario general del sindicato Ferrominera del Orinoco. Indicó que los casos documentados por los organismos son presentados a la Corte Penal Internacional para sustentar el examen preliminar.
“El encarcelamiento del secretario general de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH)”, determinó el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que remitió el caso al relator especial sobre la tortura tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del organismo.
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Rubén González lleva 19 meses preso en la Cárcel de La Pica, en el estado Monagas, sentenciado por un tribunal militar a cinco años y nueve meses de cárcel por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a las Fuerzas Armadas, a pesar de ser un civil y que sus acciones han estado enmarcadas en la exigencia de mejoras salariales y respeto a las contrataciones colectivas, a pesar de lo cual, la gestión de quien se refiere a sí mismo como “presidente obrero” le ha puesto tras las rejas en dos oportunidades.
Pero el pronunciamiento del GTDA abre nuevas esperanzas para que el líder de los trabajadores de la industria del hierro vuelva a gozar de libertad, toda vez que se suma al trabajo tanto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, como al del Grupo Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad legal de la ONG Programa Venezolana de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió en entrevista para TalCual que la documentación del GDTA pasará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual podría solicitar la calificación del tribunal como delito de lesa humanidad por parte del organismo.
Carlos Patiño: La CPI tendrá más elementos
“El GTDA ha venido trabajando en las detenciones arbitrarias que se han cometido contra la disidencia civil frente el gobierno de facto y ha establecido que este patrón de detenciones arbitrarias sistemáticas en algunos casos con malos tratos, torturas y desapariciones arbitrarias se constituyen en un patrón que se podría calificar como crímenes de lesa humanidad”, aseveró Carlos Patiño.
Indicó que el GTDA como tal no tiene la facultad de calificarlos como tales, pero que las mismas pueden servir como elemento probatorio para el examen preliminar sobre la situación de Venezuela, el cual se encuentra en la Corte Penal Internacional, y que, como se sabe, puede establecer responsabilidades individuales y no solo del Estado venezolano si se llega a dictaminar que se ha incurrido en delitos de lesa humanidad.
– ¿Cuál es la importancia de este pronunciamiento y cómo se puede lograr el hacerla efectiva?
-Estamos frente a un gobierno obrero que encarcela sindicalistas en prisiones militares o un gobierno que se autodetermina obrerista y encarcela a sindicalistas y lo entrega a militares. Es importante el caso de Rubén González, que es emblemático, porque tres de las instancias más importantes en materia de DDHH han rechazado su detención arbitraria y han exigido su liberación; una, la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelett, en cuya actualización de septiembre de 2019 de su primer informe emitido en junio, establece en uno de los puntos la liberación del dirigente de Ferrominera del Orinoco, porque la considera una detención arbitraria; la segunda, ocurrida en el mismo mes y año, la de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, que es el mecanismo de más alto nivel de investigación que se activa por parte de la OIT hacia un Estado y que en 100 años se había activado 12 veces, siendo la vez número 13 hacia Venezuela, por incumplimiento de convenios de la OIT en materia laboral suscritos por el Estado venezolano, procedimiento que se activa en 2018, y en 2019 emiten un informe donde hablan de todas las violaciones que se cometen en cuanto a libertad sindical, y uno de los puntos de ese informe es la exigencia de la liberación de Rubén González y Rodney Álvarez.
“Ahora, como tercera instancia –continuó- está el pronunciamiento del Grupo de Trabajo, porque esta decisión hace un recorrido sobre todo el procedimiento regular de Rubén González, que es un perseguido desde hace más de 10 años. Los delitos que le imputan son militares, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada, con los que se le está violando el derecho al juez natural, porque estos delitos solo pueden ser cometidos por militares activos en el ejercicio de sus funciones, nunca por un civil. Además, le están aplicando un código de justicia militar que es preconstitucional, anterior de la Constitución de 1999 y si bien esos delitos existen allí, esa ley no está adaptada a la Constitución”.
En opinión de Carlos Patiño, Rubén González no ha cometido hechos que puedan considerarse delitos por la justicia ordinaria, sino que ejerció sus funciones sindicales en el marco constitucional y de la OIT. “Otro punto importante a destacar es que es el único civil detenido en la cárcel militar de La Pica, a pesar de que padece enfermedades crónicas y sus familiares han denunciado que no se le da la atención médica debida”, señaló el activista.
GTDA da un plazo para indemnizar a Rubén González
Carlos Patiño detalló que el GTDA reconoce la detención de Rubén González como privación de libertad arbitraria a la vez que señala que es contraria al principio del juez natural y el derecho a un tribunal independiente; pero también que le fueron violados sus derechos a libertad de pensamiento, de expresión, de opinión, de reunión y de asociación, todos derechos humanos, en el ejercicio de su actividad sindical y solicita la liberación inmediata.
“El grupo hace un planteamiento de seguimiento y da un lapso de seis meses no solo para la liberación sino a una indemnización por las arbitrariedades cometidas. Lo más importante de todo es que los mecanismos más importantes en materia de DDHH están condenando la detención arbitraria de Rubén González”, insistió Carlos Patiño.
-¿Qué queda por hacer para hacer efectiva y se cumplan los mandatos para su liberación?
-Hay que seguir documentando, visibilizando y exigiendo por las vías de estos mecanismos; los de Naciones Unidas toman tiempo, esto no termina con la resolución del GTDA. Esto está ampliando el expediente que cursa ante la CPI sobre todo este patrón de detenciones arbitrarias. Para mí es inexplicable que Rubén continúe siendo objeto de esa detención arbitraria siendo que las máximas instancias de DDHH han exigido su liberación. El caso de Rubén es bandera de movimientos de DDHH en otros países, un dirigente sindical encarcelado por la justicia militar.
Nuevo informe Bachelet
-La Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet dijo que persiste un patrón de violación a los DDHH a Venezuela. ¿Qué se espera de la acción de la Alta Comisionada?
-Hay que dividirlo en dos partes. Primero ¿qué ha pasado con las 23 recomendaciones que hizo Michelle Bachelet en 2019? El actual es la primera parte de un nuevo informe cuya segunda parte se presentará el 15 de julio, pero de su primer informe escrito, en junio de 2019, de acuerdo al seguimiento que le hemos hecho en Provea, apenas dos recomendaciones se estarían cumpliendo, quedando 21 pendientes. Éstos fueron la presencia de los oficiales de la Alta Comisionada acá en Venezuela, algo que fue acordado en un memorando de entendimiento, y el incremento de los planes de vacunación, lo que se ha logrado gracias al apoyo de agencias internacionales. ¿A quiénes corresponde el cumplimiento de estas recomendaciones? A Nicolás Maduro porque tiene el control del territorio nacional y de las principales instituciones. Hay casos con evidentes retrocesos como los derechos económicos y sociales porque el contexto de la emergencia humanitaria compleja hay un agravamiento de todos los derechos humanos de todas estas recomendaciones.
“Ahora Michelle Bachelet presenta 16 nuevas recomendaciones; si le sumas las 23 darían un total de 39 recomendaciones al día de hoy, a las que se sumarán las del 15 de julio en relación al sistema de justicia y el Arco Minero del Orinoco. Ella menciona el agravamiento de derechos económicos y sociales, corrupción, la desigualdad causada por la hiperinflación y la dolarización de facto; dice que persiste el deterioro de la calidad de vida y los servicios básicos, confirma el colapso del sistema de salud pública, el cierre de los espacios democráticos y cívicos bajo la directriz del TSJ y detenciones extrajudiciales además de las dificultades de entendimiento entre gobierno y oposición que faciliten una solución negociada a la crisis», explicó Carlos Patiño.
-¿Hacia dónde conduce el informe?
-Falta la segunda parte del informe que viene para el 15 de julio, se trata de seguir visibilizando a nivel internacional la persistencia de las violaciones de DDHH en el país con la intención de buscar una solución a la crisis. Una de las expectativas que ha manifestado la oficina de la Alta Comisionada, es que, más allá de tener unos oficiales en el país, que es importante porque gracias a la presencia de esos oficiales se ha podido documentar lo que está presente en este informe, es que necesita una oficina como tal, que pueda facilitar a través de la cooperación técnica con las Naciones Unidas la solución de estas graves violaciones detectadas.
Advirtió Carlos Patiño que, para que ello se cumpla, se requiere la cooperación y la voluntad popular “del gobierno de facto” (en alusión a la administración de Nicolás Maduro), algo que hasta ahora el Ejecutivo no ha demostrado; sin embargo, resalta que en este informe, Michelle Bachelet ha nombrado cierta cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro para aliviar la contundencia de aquel primer informe que a su juicio ha desnudado ante la opinión pública internacional la situación de grave crisis que se vive en Venezuela. “Hay que ver lo que era la percepción de la violación de los DDHH en Venezuela antes del informe de Michelle Bachelet y la de después. La comunidad internacional que tenía dudas sobre lo que estaba pasando y muchas de las solidaridades automáticas que existían hacia Nicolás Maduro. El informe sirve para ver si ha habido avances o retrocesos”.
Expectativas ante posible investigación por parte de la CPI
-¿Tiene Provea expectativas de que en el proceso en la CPI se llegue a juicio?
-Contrario a lo que parece, ya que hay quien dice que el examen preliminar va lento, hay que decir que éstas son instancias que no son expeditas. Para ponerlo en perspectiva, el mismo comenzó en 2018 y en 2020 estamos en una fase similar a la que está en Colombia, que lleva 15 años en examen preliminar. En dos años alcanzamos a Colombia. Tarde o temprano hay la posibilidad cierta de que los responsables de graves violaciones de DDHH sean sometidos a un juicio donde se determine su responsabilidad.
“Es importante ponerle rostros a estas violaciones”, acotó Carlos Patiño.
-¿Cómo ve que en Venezuela a las organizaciones defensoras de DDH como Provea las han acusado de buscar la desestabilización?
-No es la primera vez que una organización como Provea ha sido víctima de ataques infundados por mantener nuestros principios de denuncia y defensa de DDHH. Nosotros sencillamente como está evidente en nuestras publicaciones, lo que hacemos es acompañar a las víctimas, denunciar las graves violaciones a DDHH, poner en evidencia las violaciones que se están cometiendo en el país siempre va a herir susceptibilidades, pero eso no nos va a detener en nuestra labor. Es parte de lo que nosotros como defensores de DDHH estamos expuestos por el desarrollo de nuestra labor siempre al lado de las víctimas.
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Para la alianza Tal Cual – Provea
