En entrevista para la alianza Provea-Tal Cual, El activista y defensor de los DDHH, Alí Daniels, explicó que la misión de determinación de hechos sobre Venezuela representa un logro para las organizaciones defensoras de los derechos en el país, porque no es una comisión que ofrecerá resultados de su investigación en corto plazo.
El viernes 27 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una misión de determinación de hechos sobre Venezuela, todo con el objetivo de determinar quiénes son los responsables de posibles violaciones de derechos fundamentales en el país durante el mandato de Nicolás Maduro.
Esta medida fue promovida por los países integrados en el Grupo de Lima, por organizaciones defensoras de los derechos humanos tanto dentro como fuera de Venezuela.
El abogado experto en Derechos Humanos (DDHH) y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó qué pasará con la aprobación de esta misión del Consejo de DDHH sobre Venezuela.
—¿Qué impulsó al Consejo de DDHH de la ONU a dar luz verde a esta medida?
—Hace ya varios meses más de 100 organizaciones le pidieron al Consejo de DDHH de la ONU establecer una comisión de investigación sobre los hechos que han ocurrido en Venezuela, particularmente los crímenes de lesa humanidad, en razón de ello el Grupo de Río hizo una propuesta de resolución donde estableció un mecanismo intermedio, que es esta misión de determinación de los hechos.
—¿En qué consiste esta misión?
—Tiene como mandato no el determinar que hubo violaciones a los DDHH en Venezuela, eso ya lo dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sino en el establecimiento de responsabilidades; es decir, quiénes cometen esas violaciones en particular, en casos muy específicos que señala la resolución.
De acuerdo a lo suscrito en el documento de la ONU la misión de determinación de hechos tiene como finalidad investigar “las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitraras, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014”.
La idea es que se determinen cadenas de mando, que determinen, por ejemplo en el caso del capitán Acosta Arévalo, la Unión Europea recientemente aplicó unas sanciones en contra de los funcionarios responsables, entonces el caso de esta resolución es en el mismo camino, no decir solamente los responsables materiales de la tortura y muerte del capitán, sino que incluye a los jefes de esas personas.
Esa es la idea, no quedarse solo con los responsables directos sino vincular a los que estaban encargado de que esos hechos no ocurrieran y, sin embargo, pasaron.
—¿Recuerda algún caso en el que la ONU haya puesto en marcha una misión de determinación de hechos?, de ser así: ¿Cuáles fueron los resultados?
—El caso de Myanmar (Birmania), donde se aplicó una misión igualita y esa misión determinó una lista de más de 100 personas responsables de diversas violaciones a los DDHH. Esta lista se remitió en privado al Consejo de DDHH de la ONU, para que a su vez este lo pasara a la Corte Penal Internacional y la CPI, trabajando en conjunto con la misión, pasó del examen preliminar a la etapa de investigación que ya es el juicio.
Eso tuvo un efecto real en la determinación de los responsables y la idea es que en el caso de Venezuela pase algo parecido. Ya no es para saber si aquí hay ejecuciones extrajudiciales sino para saber quién las comete.
—¿Qué viene luego de esta aprobación de una misión sobre Venezuela?
—El proceso apenas se ha iniciado, ahora viene el nombramiento de los delegados, nosotros (las organizaciones de DDHH) ahí tenemos otro trabajo: velar porque las personas que nombren para esta comisión sean personas honorables, que no puedan estar sujetas a presión por parte del Gobierno, personas que tengan experiencia en la materia y que sepan cómo hacer la investigación de tal modo que sea efectiva.
«Eso es tan importante como la propia aprobación de la misión. El tema es que de aquí a un año los delegados presenten un informe con el cumplimiento de su misión».
Como ven no es una cosa para cinco o diez años, no, es una cosa que en el corto plazo ya tiene que tener consecuencias y tiene que establecer ya nombres.
—¿Quién es el encargado de nombrar los delegados de esta misión?
—Eso está en manos del Consejo que nombra la comisión, pero las organizaciones de la sociedad civil, tanto las nacionales como internacionales, pueden establecer recomendaciones para que las personas que estén ahí sean las más idóneas.
—La representación del gobierno de Maduro ante la ONU dijo que no permitiría el ingreso al territorio de esta misión, ¿qué pasa en este escenario?
—Uno ahí ve la hipocresía gubernamental, porque ayer (jueves) el embajador de Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU, Jorge Valero, dijo que el gobierno venezolano iba a colaborar con los mecanismos de las Naciones Unidas y ya están diciendo lo contrario, entonces ahí se pone de manifiesto la falseada y falta de palabra del Gobierno que hoy te dice una cosa y mañana te dice todo lo contrario.
Lo otro es que ese mismo Gobierno que está diciendo que no va a colaborar, pretende en octubre que lo elijan miembro del Consejo de DDHH, entonces con qué moral te vas a postular en octubre y en septiembre estás diciendo que no vas a colaborar con un organismo del propio Consejo.
De no ingresar a Venezuela la misión tendría que trabajar desde afuera, pero con cuatro millones de víctimas que tiene el régimen de Maduro afuera no habría ningún problema para determinar responsabilidades, porque de esas cuatro millones de personas una gran parte ellas han sido víctimas de violaciones a los DDHH, a partir de ahí la comisión podría levantar información, además que también puede vía telemática, entrevistar a víctimas y establecer responsabilidades.
—¿Qué pasa si la misión no logra cumplir sus objetivos?
—La propia resolución del Consejo de DDHH de la ONU dice que si los obstáculos que se le imponen a la misión son de tal magnitud o la situación de Venezuela vaya a agravar, entonces se pasaría a una comisión de investigación, que ya es el más alto nivel, la medida más extrema que puede tomar la comisión de DDHH para investigar un país.
Entonces, como ven todavía queda un cartucho por agotar en el caso de que la misión diga —mira lo intenté, pero me fue imposible—, yo creo que aún cuando la misión no pueda venir, tiene mecanismos para hacer, aunque sea parcialmente su mandato, aunque no pueda cumplirlo totalmente, queda la comisión de investigación como recurso adicional.
—¿Cuál es la diferencia entre la misión de determinación de hechos y la comisión de investigación?
—No es lo mismo porque la misión lo que busca es una colaboración o una investigación mucho más acotada, la comisión de investigación como su nombre lo dice investiga al país, tiene un mandato más amplio y como les digo es el mecanismo de mayor nivel.
Mientras que la misión es intermedia, la comisión de investigación es para la situación general del país, no solo para determinar los responsables de las torturas, persecuciones y desapariciones forzosas, sino lo que ocurre en general en materia de DDHH.
Los matices de uno y otro son más políticos que reales, los organismos propusimos una comisión de investigación, por tema político y negociaciones en el consejo de DDHH se optó por darle el nombre de la misión.
Es un llamado del Consejo de DDHH de la ONU diciéndole al Gobierno que si no colabora con la misión vamos a nombrar la comisión.
Pero yo no tengo ninguna expectativa de que el Gobierno venezolano vaya a colaborar, ni con esta ni con ninguna misión de las Naciones Unidas, una prueba de ello es que el Gobierno nunca utiliza la palabra tortura cuando es el elefante de la cristalería de las violaciones a los DDHH de este régimen.
Alianza Tal Cual- Provea
