Yoel Núñez, un indígena Warao de 38 años, fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, junto a otras cinco personas el pasado octubre. Núñez y sus acompañantes trasladaban combustible presuntamente ilegal por aguas del río Orinoco, en el estado Bolívar, cuando fueron sorprendidos por una comisión de la GNB que los trasladó hasta un comando en la ciudad de Puerto Ordaz, donde Núñez habría sido golpeado. Dos días después, fue liberado y trasladado hasta un ambulatorio en Barrancas del Orínoco, en Monagas, debido a un cuadro febril que presentó. Estando allí su salud no mejoró, por lo que fue remitido hasta el complejo hospitalario Dr. Luis Razetti de Tucupita, donde murió el 30 de octubre de 2018. Según relató su padre, Yoel falleció producto de las torturas que recibió mientras estaba detenido. Su cadáver habría mostrado signos de una evidente golpiza.
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José Alberto Acosta González, un obrero de 27 años habitante del estado Zulia, fue asesinado bajo torturas por funcionarios adscritos al Servicio de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana. Según las investigaciones que adelantó el Cuerpo de Investigacioones Ciantíficas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el trabajador fue detenido el 14 de diciembre de 2018 por los agentes de la PNB, Erick de Jesús Torres Osorio, Rafael Benito Franco Chinchilla, Eduardo Ramón Machado Andrades y dos oficiales más, para ser interrogado por el delito de robo.
Fue trasladado por estos funcionarios en una patrulla hasta el Comando de Tránsito Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, «General Rafael Urdaneta», en la calle 99 del barrio Bolívar, en Maracaibo. Unas horas después de la captura encontraron el cadáver del detenido en una zona del sector El Palotal, al suroeste de Maracaibo, en el estado Zulia. El expediente sobre la detención de Acosta González no llegó a tribunales ni apareció registrado en el libro de novedades del Servicio de Tránsito Terrestre de la PNB. De acuerdo con el informe levantado por el Cicpc, “el oficial Erick Torres, utilizando como método no ortodoxo en su interrogatorio un arma de fuego orgánica desprovista de su cacerina, con la que apuntaba al investigado y en un momento la accionó y le propinó un disparo y cae herido, luego en compañía del resto de los oficiales optaron por trasladarlo a bordo de una unidad policial, clase camioneta, Toyota, Hilux, signada con el número 0887, hacia un paraje solitario donde abandonaron el cuerpo sin vida de la víctima”.
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En Venezuela la tortura es una practica cotidiana. Institucionalizada en la mayoría de los cuerpos policiales y militares, la comisión de este oprobioso crimen contra los derechos humanos tiende a «normalizarse», invisibilizando a las víctimas y manteniendo abierto un ciclo interminable de revictimización y abusos. Sólo cuando el crimen de la tortura trasciende los barrotes y golpea al resto de la sociedad, la opinión pública reacciona ante el inminente riesgo que corremos todos en la Venezuela de Maduro. El riesgo de ser torturados.
Núñez y Acosta, fueron asesinados por torturas en un año en el que 109 personas fueron torturadas y 13 de ellas asesinadas bajo este patrón de violación a la integridad personal, a manos de policías y militares del país.
Pablo Ángel Sivira de 31 años, fue encontrado muerto por sus familiares el 22 de abril de 2018 cerca del sector El Cohete en Carayaca, antiguo estado Vargas. El joven tenía las manos atadas, el rostro quemado y una herida en la ingle. Sus familiares denunciaron que habría sido torturado y asesinado por presuntos funcionarios policiales y presuntos vigilantes de la empresa privada Avícola La Providencia. Según los relatos, Sivira fue capturado por policías y empleados cuando, junto a unas 80 personas, se encontraba dentro de las instalaciones de la empresa saqueando los pollos que eran almacenados en galpones. Su cadáver fue encontrado a 20 metros de uno de los galpones.
En un caso emblemático que generó profunda conmoción nacional e internacional, un concejal del partido Primero Justicia, Fernando Albán, murió mientras se encontraba bajo custodia policial en la sede del Sebin en Caracas, en circunstancias que hicieron presumir un asesinato debido a torturas.
La detención arbitraria y posterior desaparición forzada del concejal Albán generaron serias dudas sobre el trato que recibió mientras estaba bajo la custodia de los funcionarios del Sebin. Además, las contradicciones entre las versiones del Ministerio Público y el Sebin y las circunstancias que rodearon los hechos recordaron ―como lo advirtió Provea― los asesinatos por torturas del dirigente político Fabricio Ojeda en 1966 a manos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada (SIFA) y del también dirigente de izquierda Jorge Rodríguez (padre) en 1976, por la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Ambos casos fueron presentados ante la opinión pública como suicidios y posteriormente se demostró que fallecieron a consecuencia de las torturas recibidas.
El 10 de octubre de 2018, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) pidió a las autoridades venezolanas una investigación independiente e imparcial de la muerte del dirigente opositor venezolano Fernando Albán. Ravina Shamdasani, portavoz de Acnudh, dijo: “Hay mucha especulación sobre lo qué pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado. Hay mucha especulación y por eso necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte”.
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Las sedes policiales y militares del país, especialmente las del Sebin y la Dgcim, se han convertido en centros especializados de torturas donde este crimen se comete a diario contra detenidos por razones políticas. Los testimonios de quienes han permanecido recluidos en los calabozos de estos organismos de seguridad indican un patrón de abusos que institucionalizó la práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos. Pero a diario también se tortura a centenares de personas privadas de libertad por delitos comunes. La mayoría de ellas hombres pobres y jóvenes, sin acceso a abogados y desprovistos de medios económicos para garantizar una defensa adecuada.
El registro de casos de torturas levantado por Provea en 2018 es el segundo más alto desde 2013 y solo es superado por los 185 casos registrados en 2014. En los 109 casos levantados por Provea se identificó a los cuerpos de seguridad responsables por la comisión de estos abusos. La Dgcim encabeza la lista con 75 denuncias que involucran a igual número de víctimas. Le siguen el Sebin con 12 denuncias; el Cicpc con 11 denuncias, la PNB y el Ejercito con 4 cada uno, la GNB y Armada con un caso cada uno, y en uno de los casos no se pudo identificar a los responsables. Del total de víctimas de casos de tortura Provea identificó que al menos 97 (88,99%) fueron del género masculino, mientras que el promedio etario se situó entre los 27 y los 60 años de edad.
A las 13 personas asesinadas bajo torturas en 2018 se ha sumado, al menos, una nueva víctima en 2019, el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) a consecuencia de las torturas que recibió desde el momento de su detención el pasado 26 de junio de 2019. Acosta Arévalo falleció el 29 de junio luego que un tribunal militar que seguía su causa, ordenó su trasladó al Hospital Militar «Dr. Carlos Arvelo», debido a su complicado estado de salud.
En total, 14 personas han muerto por torturas entre enero de 2018 y junio de 2019. Una alarmante cifra que refleja la consolidación del terror y el castigo como métodos para someter a toda la población.
