Nuevamente el Gobierno de facto presidido por Nicolás Maduro no responde a los relatores y los grupos de trabajo de las Naciones Unidas, quienes han pedido información oficial sobre actos de persecución a defensores y defensoras de derechos humanos, cometidos especialmente por jueces y fiscales venezolanos.
Se trata de los casos de los abogados defensores de derechos humanos, Engel Puertas, director de la ONG “Iniciativa para una Justicia Igualitaria”, Theresly Malavé de “Justicia y Proceso Venezuela” y Yasnaia Villalobos, defensora de presos políticos.
Lo mecanismos de la ONU también pidieron de nuevo información sobre la situación de Javier Tarazona, director de Fundaredes, sobre Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, del sindicato de trabajadores de Ferrominera del Orinoco, excarcelado recientemente tras más de 11 años en prisión.
La información fue solicitada el 14 de enero pasado por la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, el Relator Especial sobre libertad de reunión pacífica y asociación, el Relator Especial sobre la independencia de Jueces y abogados y la Relatora Especial sobre derechos humanos y terrorismo.
Una vez más, el gobierno de Maduro incumple con su deber de responder dentro de 60 días a las comunicaciones de los mecanismos temáticos de la ONU y por esta razón ha sido publicada esta comunicación
En los tres primeros casos los actos de amenazas, hostigamiento e intimidación provinieron de jueces y fiscales entre ellos: un juez y un fiscal del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del estado de Mérida, funcionarios del Tribunal Especial Primero de la Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia Nacional en Terrorismo, y funcionarios de prisiones. También estuvieron involucrados funcionarios de la DGCIM e individuos no identificados.
En el caso de Theresly Malavé, los relatores y el grupo de trabajo de la ONU afirman que podría tratarse también de un caso de represalias por haber cooperado con la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela: “No es la primera vez que se reporta la práctica de represalias contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, tal y como lo refleja el informe de 2021 del Secretario General” de la ONU sobre represalias.
Sobre el caso de Javier Tarazona y Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, los relatores y el grupo de trabajo recordaron que el Estado nunca respondió a la comunicación del 27 de julio de 2021 en la que habían pedido información oficial sobre esos casos.
En el caso de Javier Tarazona se manifestaron preocupados por su situación de salud en especial por la falta de atención médica a enfermedades preexistentes a su detención y por la falta de traslado a centros especializados para realizar las pruebas médicas necesarias
Los relatores y el grupo de trabajo realizaron cuatro preguntas que no fueron respondidas por el Estado, entre ellas se pedía información sobre las medidas adoptadas por ese gobierno para proteger a los defensores de derechos humanos y a otros actores de la sociedad civil contra amenazas, intimidaciones y agresiones.
Se anexa el texto completo de la comunicación de los relatores y el grupo de trabajo de la ONU
El texto integral de esta comunicación puede ser consultado AQUÍ:
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