El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) observa con interés el anuncio realizado por la administración encabezada por Delcy Rodríguez, sobre la aprobación de una ley general de amnistía para “garantizar la convivencia”, luego de meses de intensos reclamos ciudadanos por la liberación de personas privadas de libertad por razones políticas.
Liberaciones anunciadas sin transparencia
Provea recuerda que el 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció “numerosas liberaciones”. Sin embargo, las excarcelaciones se han producido de forma parcial y sin información oficial clara sobre los criterios, listados o condiciones del proceso.
Esta falta de transparencia ha agravado la angustia y la incertidumbre de familiares de presos políticos, prolongando una situación de trato cruel, inhumano y degradante que se extiende desde hace años.
La amnistía no es un perdón del Estado
Si bien es urgente la liberación plena e inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, Provea subraya que una eventual amnistía no debe ser concebida como un perdón ni una medida de gracia otorgada por el Estado.
Estas personas fueron encarceladas por ejercer derechos protegidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y en las leyes venezolanas.
Las restricciones a los derechos a la libre asociación, la manifestación pacífica, la libertad de expresión y la sindicación, junto con la construcción de una plataforma jurídica represiva, el uso ilegal de la fuerza policial y militar, y la instrumentalización de un sistema de justicia cooptado por el Poder Ejecutivo y el partido de gobierno, han derivado en una escalada sin precedentes de graves violaciones de derechos humanos.
Un número significativo de personas detenidas en los últimos años, y especialmente tras la escalada represiva post-electoral, ha sido víctima de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de violaciones sistemáticas y generalizadas al debido proceso y al derecho a la defensa.
Verdad, justicia y reparación
Provea insiste: no es el Estado quien debe perdonar. Son los responsables de graves crímenes quienes deben reconocer los hechos, pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y rendir cuentas ante la justicia.
En ese sentido, las amnistías no pueden obstaculizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Como ha advertido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las “amnistías que purgan la condena de personas anteriormente condenadas por sus actos de disentimiento político no violento (…) corren el riesgo de perpetuar algunos aspectos de la violación inicial a menos que se redacten de forma apropiada”.
Esto exige, entre otros elementos, el reconocimiento oficial de que se cometieron graves abusos, así como la voluntad real de investigar y sancionar a los responsables, como base mínima para una convivencia genuina.
Exclusiones anunciadas: un estándar incompleto
Según el anuncio oficial, la amnistía excluiría a personas condenadas por homicidio, delitos de drogas y delitos comunes. Para Provea, esto no es suficiente.
De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, las amnistías no pueden beneficiar a personas involucradas en genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada u otras violaciones graves de derechos humanos.
Tras este anuncio, corresponde a las autoridades concretar sin más dilaciones indebidas la liberación plena e inmediata de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, como paso indispensable para aliviar la angustia de cientos de familias y avanzar —con hechos y no solo con anuncios— hacia una verdadera reconciliación nacional.
