Caracas, 31 de julio, 2024 – Venezuela atraviesa horas oscuras. La escalada de graves abusos a partir de la violación del derecho de los venezolanos a elegir su destino político, abre las puertas a un escenario de alta volatilidad social que compromete la estabilidad y la urgente reconstrucción de la democracia.
El proceso electoral del pasado 28 de julio, que debía servir para allanar el camino hacía el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país, ha sido empañado por una escalada de graves abusos por parte de las autoridades venezolanas, cuyo propósito es claro: torcer la voluntad popular y aplastar el descontento de las grandes mayorías.
En marzo pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó la fecha para la celebración de las elecciones presidenciales, el Ejecutivo -apoyado en el Poder Judicial y el Ministerio Público- aceleró la persecución y aumentó considerablemente los actos de hostigamiento contra personas identificadas con la oposición venezolana, como la ratificación de la inconstitucional inhabilitación de varios dirigentes políticos incluyendo a María Corina Machado, quien resultó ganadora en las primarias opositoras de octubre pasado. Desde entonces aumentaron dramáticamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y los mecanismos de coacción y retaliación contra partidarios y simpatizantes de la campaña opositora.
Al mismo tiempo, las autoridades intentaron minar la ruta electoral, imponiendo todo tipo de obstáculos para la participación ciudadana y el derecho a elegir de la población. El constante incumplimiento de los Acuerdos de Barbados sobre garantías electorales, suscrito por el oficialismo y la oposición, y la negativa a adoptar las recomendaciones formuladas en el informe de la Unión Europea para garantizar elecciones transparentes y competitivas, erosionaron la posibilidad de contar con un proceso electoral ajustado a los estándares internacionales y la legislación nacional que garantizan los derechos a la participación y asociación pacíficas.
A pesar de las barreras, se registró una abrumadora participación en el proceso electoral. Esto es un testimonio de la profunda convicción ciudadana por el rescate de la democracia y por la búsqueda de soluciones a la crisis de forma pacífica.
El autoritarismo gubernamental y su empeño en desconocer la voluntad y el derecho a elegir de los ciudadanos, han conducido a Venezuela a una nueva crisis institucional frente a la cual la respuesta popular ha sido movilizarse para exigir respeto a los resultados electorales.
El precipitado e inconfiable anuncio del CNE emitido la madrugada de este lunes 29 proclamando ganador a Nicolás Maduro se produjo en medio de serias denuncias de impedimentos para la verificación del proceso de conteo y totalización de votos por parte de testigos vinculados al equipo de Edmundo González Urrutia, sin acceso pleno a las actas emitidas en cada uno de los centros de votación y en medio de una oleada de ataques armados contra ciudadanos que aguardaban a las afueras de los centros electorales la publicación del escrutinio. Estos ataques fueron encabezados por miembros de agrupaciones paramilitares pro-oficialismo y agentes de diversos cuerpos de seguridad.
Estas y otras irregularidades han atizado un escenario de conflictividad en las calles del país que ha tenido como epicentro las comunidades populares, cuyos habitantes denuncian la existencia de un fraude y reclaman el reconocimiento de su voluntad expresada en las urnas.
Ante ello, la respuesta gubernamental se ha centrado en la represión a las manifestaciones de descontento mediante el uso desproporcionado de la fuerza, lo que ha cobrado lamentablemente la vida de quince (15) personas manifestantes asesinadas en solo tres días de protestas, debidamente identificados, mientras seguimos verificando más denuncias de fallecimientos. Se ha denunciado la actuación coordinada entre fuerzas de seguridad y agrupaciones de civiles armados proclives a Nicolás Maduro para aplacar las protestas, como ocurrió en la Av. Urdaneta del centro de Caracas la tarde del lunes 29 de julio; al mismo tiempo se ha registrado una escalada de detenciones arbitrarias que en apenas dos días asciende a 1062 casos, según afirmó el Fiscal Tarek William Saab la tarde de este 31 de julio. Esto representa el 41.59% del total de detenciones arbitrarias registradas durante cuatro meses del ciclo de protestas del año 2017.
Nicolás Maduro solicitó este miércoles 31 de julio a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que realice una revisión de los resultados de las elecciones presidenciales, tras tres días de reclamos por falta de transparencia y presión de organismos internacionales y de líderes de la región, incluidos sus aliados el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. No obstante, advertimos que el Tribunal Supremo está estrechamente alineado con el gobierno y es el mismo que ratificó en enero pasado la inhabilitación a la opositora María Corina Machado, lo que le impidió presentarse como candidata.
El mismo Centro Carter, que fue invitado por el CNE para observar los comicios, cuestionó la independencia de ese posible peritaje en manos del Tribunal Supremo.
En este contexto también han surgido amenazas del Ministerio Público de Venezuela contra el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, quienes hemos denunciado los asesinatos, detenciones, desapariciones y violaciones a los derechos de los ciudadanos bajo la política de la represión. Adicional, el hostigamiento político también se ha profundizado contra 6 personas del equipo de Machado que permanecen asiladas en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas.
Las circunstancias demandan la respuesta de todos los actores sociales, religiosos y políticos comprometidos con la democracia y la institucionalidad, para exigir de forma firme y pacífica el respeto a la voluntad ciudadana por parte de las autoridades venezolanas, así como garantías plenas para la verificación transparente de los resultados electorales y el cese de la represión contra quienes manifiestan su legítimo descontento en las calles.
También, consideramos de primer orden que el esfuerzo de los venezolanos debe ser acompañado por el respaldo de la comunidad internacional y los distintos mecanismos de protección de los Derechos Humanos para impedir una escalada aún mayor de abusos.
Urgimos:
- A la sociedad civil, actores sociales, políticos y religiosos a exigir de manera contundente y pacífica el respeto a la voluntad popular, publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de las actas electorales, mesa por mesa y centro por centro, así como mecanismos fiables y transparentes para la verificación de los resultados por parte de los equipos de trabajo de todos los candidatos participantes en la contienda y los observadores y acompañantes internacionales del proceso.
- A la comunidad internacional y a los mecanismos de protección de Derechos Humanos a emitir pronunciamientos basados en el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas el domingo 28 de julio. Los venezolanos necesitan de la respuesta contundente de la comunidad internacional, y la solidaridad de los pueblos del mundo. El futuro de millones de personas depende de ello.
- Que la comunidad internacional acompañe y forme parte de un eventual proceso de veeduría electoral con el fin de verificar todas las actas emitidas y en manos de todos los testigos debido a la falta de independencia de los poderes públicos venezolanos, la cual ha sido denunciado por diferentes organismos internacionales como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela en uno de sus recientes informes.
- A la Fuerza Armada Nacional y a los agentes de seguridad del Estado, a actuar apegados al mandato que imponen la Constitución y las leyes, garantizando el cumplimiento de sus obligaciones sobre uso diferenciado y progresivo de la fuerza en la gestión de manifestaciones y brindando entornos seguros para que las personas puedan expresarse libres de amenazas y ataques por parte de terceros. Los sucesos ocurridos en el país entre los meses de febrero y marzo de 1998, conocidos como El Caracazo, deben ser una lección histórica que guie su actuación y eviten la ocurrencia de hechos similares tan lamentables para la nación.
- A los manifestantes que expresan en las calles y otros espacios su legítimo descontento, a mantener sus demandas dentro de los estándares que amparan el ejercicio del derecho a la asociación y reunión pacíficas, evitando los actos de violencia, promoviendo la solidaridad ciudadana y documentando todos los abusos que cometan los agentes de la fuerza pública y otras agrupaciones.
- A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que profundice las investigaciones sobre los más altos responsables acerca de los graves hechos de persecución y asesinatos que pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad.
A pesar de la oscuridad que ha marcado las últimas horas del país, el pueblo venezolano sabrá encontrar la luz que lo guiará definitivamente hacia la recuperación de la democracia, la justicia y el respeto a la dignidad humana.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Para declaraciones o preguntas: [email protected]
Comunicado aquí
NDP31._Provea-sobre-crisis-post-electoral-en-Venezuela.docx
