Informe anual 2020: Seguridad social fue reemplazada por programas improvisados de asistencia

Transcurrió el 2020 y lo que llevamos de 2021 sin una política integral de seguridad social. El Estado venezolano tiene una deuda con los y las trabajadoras del país y millones de familias, al no desarrollar políticas oportunas, adecuadas e integrales en materia de seguridad social.

En una de las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo se define a la seguridad social como la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.

La seguridad social tiene una profunda repercusión en todos los sectores de la sociedad. Hace que los trabajadores y sus familias tengan acceso a la asistencia médica y cuenten con protección contra la pérdida de ingresos, sea durante cortos períodos en caso de desempleo, maternidad o enfermedad, sea durante períodos largos debido a la invalidez o a un accidente del trabajo. Proporciona ingresos a las personas durante sus años de vejez. Los niños se benefician de los programas de seguridad social destinados a ayudar a sus familias para cubrir los gastos de educación. Para los empleadores y las empresas, la seguridad social ayuda a mantener unas relaciones laborales estables y una fuerza de trabajo productiva. La seguridad social puede también contribuir a la cohesión social y al crecimiento y desarrollo general del país mediante la mejora de las condiciones de vida, amortiguando los efectos de las transformaciones estructurales y tecnológicas en las personas y, por tanto, sentando las bases para un enfoque más positivo sobre la globalización

El gobierno de Maduro, dando continuidad a prácticas ya consolidadas en el gobierno de Hugo Chávez en lugar de desarrollar políticas integrales, implementan una serie de medidas, dispersas, sin continuidad, sin análisis del impacto y sin criterios bien establecidos sobre los beneficiarios. A ello se suma, que algunos funcionarios usan tales beneficios con fines proselitistas y se chantajea o discrimina a la población.

Ante la emergencia mundial por el Covid-19, diversos países han implementado acciones para proteger a las poblaciones más desfavorecidas, traduciéndose en compensaciones reales y efectivas. En Venezuela, Tareck El Aissami, vicepresidente sectorial para el Área Económica del ilegítimo gobierno de Maduro, anunció una serie de medidas “para proteger en primer lugar a la familia venezolana, a la clase trabajadora venezolana”.Una de ellas, relativa al derecho a la seguridad social, es el Sistema de Bonos al Pueblo a través del Sistema Patria, que consiste en transferencias monetarias directas a las poblaciones más vulnerables.

Dentro de este Sistema de Bonos al Pueblo existen dos categorías: regulares y no regulares. En la primera, los bonos tienen una periodicidad entre 30 y 45 días  y consisten en un pago recibido por el jefe o la jefa de familia, cuyo monto varía de acuerdo a los integrantes del grupo familiar. Los más relevantes de este grupo son los llamados Hogares de la Patria y Parto Humanizado.

Sobre los bonos no regulares, estos no tienen continuidad en el tiempo, responden a la discrecionalidad del poder ejecutivo y por lo general están relacionados con la celebración de fechas o eventos vinculados al aparato de propaganda oficial, y sus montos son más elevados que los bonos regulares. Entre los bonos entregados en 2020 se tienen:

Fuente: www.blog.patria.org.ve. Elaboración propia.

En la rendición de Memoria y Cuenta de 2020, Maduro sostuvo que existen

“21,2 millones de personas registradas en el Sistema Patria y las transferencias monetarias por esta vía, que superaron los 396 millones de bolívares”.

La verificación de este dato es prácticamente imposible, pues no existe ninguna publicación en los portales web de los entes competentes sobre lo presupuestado, destinatarios ni criterios de selección, entre otros aspectos. Los principios fundamentales para la ejecución de políticas sociales con enfoque en derechos humanos, gobierno abierto, sistemas de transparencia, entre otros, resultan inejecutables.

Desde otro punto de vista, la asignación económica de los montos anteriores es diversa y, por consiguiente, va a variar dependiendo del tipo de cambio y el contexto hiperinflacionario que atraviese el país. Por ejemplo, el Bono Reyes Magos, entregado a inicios de 2019, ascendía a 500.000 bolívares. Si ese monto se expresara en dólares –calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que para ese entonces era de 56.741,09 bolívares por dólar–, equivaldría a apenas US$ 8,81. Si esa misma bonificación se entrega a finales de año, a tasa oficial del BCV de Bs. 1.063.464,90 por dólar, equivaldría a 47 centavos de dólar.

La OMS ha declarado la década comprendida entre 2021 y 2030 como el Decenio del Envejecimiento Saludable. Con esta iniciativa, los Estados miembros se comprometen a colaborar para mejorar la vida de las personas mayores. Tras la situación vivida debido al COVID-19, este tipo de acciones ha cobrado especial relevancia. En una época en la que el bienestar emocional de los mayores se ha visto resentido, la declaración de Decenio de Envejecimiento Saludable es una buena noticia para el mundo, pero una triste utopía para los venezolanos.

La simbólica pensión que otorga el gobierno de facto a más de 4 millones de adultos mayores los condena a la pobreza, al hambre y a la salud precaria, pues tampoco cuentan con acceso a medicinas debido a la escasez y los altos costos. La pensión de vejez, que era equivalente a menos de un dólar mensual, fue ajustada el Primero de Mayo de 2021 a 7 millones de bolívares, equivalente a 2 dólares con 48 centavos al mes. Quien dependa únicamente de una pensión del IVSS no solo está condenado a la miseria, sino que difícilmente podría sobrevivir.

El activista de derechos humanos Carlos Patiño quien fue un destacado dirigente sindical de los trabajadores del Inces resume la situación de la seguridad social actual y principalmente la situación de los adultos mayores:

“En los hechos, el sistema de seguridad social se ha sustituido por programas asistencialistas improvisados, discriminatorios e ineficaces; tales como los esporádicos bonos de la patria que obligan al registro de las personas en sistemas altamente politizados. No existen políticas públicas con enfoque de derechos humanos sino migajas en formato de propaganda que profundizan la emergencia humanitaria compleja.

Una de las consecuencias de lo anterior ha sido la migración forzada de la población en edad trabajadora, dejando a niños y adolescentes vulnerables al cuidado de abuelos también vulnerables, en espera de una remesa que no siempre llega. Del mismo modo, los pensionados en el extranjero tampoco pueden acceder a sus pensiones de vejez fuera del país.

Mientras el mundo trabaja en pro del Decenio de Envejecimiento Saludable, miles de ancianos malviven o mueren de mengua en Venezuela, con una pensión ficticia y aún sin vacunas que los protejan de la pandemia. Padeciendo las intermitencias de los servicios públicos, la inseguridad y los obstáculos para la movilidad en las calles. Ignorados por una dictadura indolente, nunca han sido más vulnerables. Ancianos atrapados en territorio hostil cual civiles en una zona de guerra. No es país para viejos.”

El capítulo sobre seguridad social 2020 puedes consultar PDF