Intervención de PROVEA y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
A pesar de las recomendaciones de la Alta Comisionada, en Venezuela han continuado las restricciones al espacio cívico, se han mantenido las campañas de criminalización y desprestigio contra activistas de la sociedad civil.
Coincidimos con la opinión de la Alta Comisionada sobre la agudización de la emergencia humanitaria compleja como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales, tal como se expresó en su informe del año 2019, previo a las medidas coercitivas unilaterales ya existían graves violaciones al derecho a un nivel de vida adecuado, como consecuencia del desvío de recursos, la corrupción, de falta de mantenimiento de infraestructura y el deterioro de los servicios básicos, alertamos que estas últimas situaciones continúan agravándose.
Le exigimos a la Oficina de la Alta Comisionada que continúe sus gestiones para revertir la ausencia de estadísticas oficiales y la falta de información pública. Advertimos que sin información confiable será difícil cumplir los acuerdos del memorando de entendimiento suscrito por la Oficina de la Alta Comisionada con las Autoridades venezolanas.
