Caracas, 27 de julio de 2024 – Nunca había sido tan difícil en la historia contemporánea de Venezuela sostener una vida con dignidad en el país como en la última década, la cual hemos llamado, en razón de los hallazgos de nuestra más reciente investigación: Nicolás Maduro, una década oscura para los Derechos Humanos.
Hoy estamos ante un país donde el hambre azota a la población alcanzando a más del 45% de los hogares con inseguridad alimentaria; la falta de medicinas, la decadencia hospitalaria y el resurgimiento de enfermedades afectaron a miles de vidas logrando unas 410.684 denuncias al derecho a la salud en 10 años; el patrimonio familiar está pulverizado por la inflación y unas políticas de pobreza que han dado como resultado un salario mínimo de hambre de 130 bolívares, unos 3,55 dólares americanos al mes.
Además, enfrentamos constantes apagones con el desmantelamiento del sistema eléctrico que afecta con mayor intensidad a las regiones más remotas del país; un 69% de la población con severas restricciones para el acceso a agua potable tras un irresponsable manejo de los recursos públicos y empresas estatales; cierre de empresas y locales privados por prestar servicio a dirigentes opositores; una devastación de los bosques y contaminación con mercurio a ríos de la Amazonía venezolana por el violento modelo extractivista del Arco Minero del Orinoco que ha afectado a más de 140 000 hectáreas, incluidos Parques Nacionales y sus ecosistemas frágiles; ilegalizaciones o intervenciones arbitrarias de partidos políticos; y un sufrimiento general sin descanso, agravado por la distancia familiar causada por la migración forzada que ha expulsado a más de 7.7 millones de venezolanos en los últimos años con una Emergencia Humanitaria Compleja sin precedentes.
Recordamos que solo entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado venezolano, con 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes en el mismo período. La impunidad es estructural: Desde 2018 hay 50.855 investigaciones abiertas en el Ministerio Público por violaciones de derechos humanos y solo se han hecho 1.842 acusaciones en este tiempo, apenas un 3.62% de los casos avanza a acusaciones y en el Poder Judicial solo 392 fueron condenados, un 0.77% de respuesta.
Este inviable modelo político y económico encabezado por Nicolás Maduro, adornado de engañosas prédicas revolucionarias, sirve a los intereses de un grupo para perpetuarse en el poder; instaurando un sistema de ilegalidad y abusos que desnaturalizan la democracia y, por ende, desarrolla una política basada en el abuso para atacar la pluralidad del pensamiento político, como se ha evidenciado antes y durante la campaña electoral.
Por todo ello, reivindicamos el derecho de la sociedad venezolana a vivir en democracia, pues así lo hemos consagrado en la Constitución y a lo largo de toda nuestra historia republicana. Esta convicción y la voluntad de defender este derecho han quedado manifiestas en una férrea voluntad cívica de transitar y preservar la ruta electoral frente a quienes han pretendido descarrilarla y desconocerla.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 brindan una genuina oportunidad para iniciar un proceso de restauración de nuestro sistema de libertades, a partir del ejercicio del derecho al voto, que derive en la reconstrucción de un modelo democrático y de convivencia que haga posible la recuperación de la dignidad humana y la vigencia de los derechos sociales y económicos.
En PROVEA, reiteramos las exigencias y recomendaciones que hemos presentado junto a otras organizaciones de derechos humanos al país en este período electoral 2024, constituyen un insumo vital, entre otros, para propiciar una reflexión profunda y necesaria sobre las políticas públicas requeridas para revertir la pobreza, la desigualdad y la impunidad en el país.
La crisis nacional solo tendrá salida cuando las demandas de justicia e igualdad de derechos puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional.
Solo en una Venezuela con democracia y Estado de derecho podremos exigir justicia y el pleno respeto a los derechos humanos. Estamos a tiempo y es el momento de evitar una mayor profundización del autoritarismo en el país.
Hoy, más que nunca, reafirmamos que el voto universal, directo y secreto es una poderosa herramienta ciudadana que nace y da vida al precepto constitucional: El pueblo es el dueño de su destino político (art. 5 CRBV).
PARTICIPA Y VOTA.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Para declaraciones o preguntas: [email protected]
Descargue el comunicado completo aquí
27.7-NDP-PROVEA-ANTE-LAS-ELECCIONES-PRESIDENCIALES-DEL-28-DE-JULIO-DE-2024_-
