El Programa Venezolano en Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) denunció en la 54° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) la persecución sistemática que sufren los disidentes o quienes son percibidos como disidentes por el gobierno en Venezuela, así como la falta de garantías para el ejercicio de los derechos políticos en el país.
Durante su intervención junto a la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), PROVEA alertó sobre la situación de los dirigentes sindicales, que constituyen hoy un sector de alto riesgo debido a la persecución que sufren por parte de Nicolás Maduro: “La condena el pasado mes de agosto a 16 años de prisión contra seis sindicalistas es un ejemplo de ello”, señaló Marino Alvarado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
La organización expresó su preocupación por la posibilidad de que esta represión se acentúe en los próximos meses como respuesta a las movilizaciones anunciadas para exigir mejores condiciones de trabajo y salarios dignos.
PROVEA también denunció la persistencia de la tortura en el país, poniendo como ejemplo el caso del estudiante John Álvarez, detenido y torturado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana el pasado 30 de agosto. A pesar de que denunció las torturas en la audiencia ante el juez, la investigación no se ha iniciado.
Además, PROVEA alertó sobre la posibilidad de que grupos paramilitares autodenominados “colectivos” realicen actos de agresión contra candidatos y ciudadanos que participan en las concentraciones convocadas para elegir los candidatos de la oposición política a las elecciones primarias, previstas para el próximo 22 de octubre. Estos grupos están siendo investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad.
La organización hizo un llamado a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a exhortar al gobierno venezolano a abstenerse de continuar amenazando y reprimiendo a dirigentes sociales y activistas de derechos humanos, y a garantizar las condiciones para que los ciudadanos en Venezuela puedan ejercer sus derechos políticos.
Prensa PROVEA.
