Quince organizaciones, integrantes de la Coalición por la Libertad de Asociación, suscriben un pedido a la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; al Servicio Exterior de la Unión Europea; y a los embajadores europeos de Derechos Humanos (Alemania, España, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y la Unión Europea): “realizamos un llamamiento a la comunidad internacional a que tome medidas concretas reclamando al gobierno cubano poner fin a la represión, las detenciones arbitrarias y las persecuciones contra personas pacíficas que piden cambios a su gobierno no democrático”.
Las organizaciones integrantes de la Coalición por la Libertad de Asociación expresamos nuestro repudio ante la brutal represión que lleva adelante el gobierno de Cuba como respuesta a las protestas pacíficas iniciadas el pasado 11 de julio.
Las protestas son producto no sólo de la actual y dramática situación coyuntural de escasez, sino de décadas de políticas autoritarias irrespetuosas de las más básicas libertades. Particularmente señalamos la importancia que en los últimos tiempos han tenido los reclamos encabezados por colectivos de artistas e intelectuales como el Movimiento San Isidro y 27N, quienes junto a periodistas independientes han pagado un alto precio, sufriendo constantes persecuciones, acosos, encarcelamiento y hasta desapariciones forzadas durante días o semanas.
Ante esta situación realizamos un llamamiento a la comunidad internacional a que tome medidas concretas reclamando al gobierno cubano poner fin a la represión, las detenciones arbitrarias y las persecuciones contra personas pacíficas que piden cambios a su gobierno no democrático. Invitamos a manifestar solidaridad con las víctimas del hostigamiento político del régimen de partido único de Cuba, mediante una apertura política que permita el pleno ejercicio de los derechos de asociación, expresión y protesta pacífica de su ciudadanía.
En tal sentido solicitamos lo siguiente:
a) A la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que arbitre todos los medios necesarios para que las autoridades cubanas permitan el ingreso de funcionarios de su oficina a efectos de evaluar la situación y recomendar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de estos derechos.
Asimismo, nos permitimos respetuosamente señalar la necesidad de que en el marco de sus competencias ejerza una mayor firmeza con relación a las permanentes y estructurales violaciones de derechos humanos que son parte inherente al propio sistema autoritario. Estas conductas del gobierno cubano no son aisladas ni coyunturales y constituyen una política de Estado que reprime el ejercicio de los derechos humanos, como lo han señalado diversos informes de los sistemas interamericano y universal de protección.
En tal sentido abogamos para que la Alta Comisionada exija que se permita lo antes posible el ingreso de Procedimientos Especiales a dicho país, muy en especial de las Relatorías en materia de Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, y de Libertad de Expresión, así como del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias a quienes también requerimos cursen los pedidos de visita in loco que correspondan.
b) Al Servicio Exterior de la Unión Europea le solicitamos que en el marco del Diálogo sobre Derechos Humanos que mantiene con el gobierno de Cuba, conforme el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, se comprometa a mantener de manera oficial y abierta reuniones con la sociedad civil independiente haciendo efectivo «El compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores» adoptado el 12 de septiembre de 2012. Actualmente, en este diálogo sólo participan organizaciones oficialistas afines al gobierno cubano. La legislación cubana impide en forma absoluta la legalización de organizaciones de la sociedad civil independiente, por lo que si se pretende tener un conocimiento pleno y cabal de la situación del país resulta imprescindible que la Unión Europea no extienda a nuestros colegas en Cuba la ilegalidad a la que es sometida por el gobierno, y le brinde un espacio oficial de reconocimiento y participación.
c) A los embajadores europeos de Derechos Humanos (Alemania, España, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y la Unión Europea), a condenar la represión a la protesta social en Cuba, solicitar la liberación de manifestantes pacíficos, reclamar por el respeto a la libertad de asociación, opinión y reunión, y expresar su repudio a la incitación a la violencia y el odio por parte del presidente Miguel Díaz-Canel.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, Cuba debe cumplir con lo establecido en la Resolución 60 inciso 9 de la Asamblea General de la ONU en cuanto a que “los miembros elegidos al Consejo deberán defender las más altas exigencias en la promoción y protección de los derechos humanos”.
En el dramático contexto actual por el que atraviesa la ciudadanía cubana y, particularmente, su sociedad civil independiente, resulta imprescindible que las autoridades a quienes hemos apelado, así como toda la comunidad internacional comprometida con la defensa de los Derechos Humanos, no permanezcan indiferentes frente a las aspiraciones democráticas del pueblo cubano y la brutal represión ejercida por el gobierno de Miguel Díaz-Canel que incluyó tanto a fuerzas de seguridad como civiles armados.
Organizaciones firmantes de la Coalición por la Libertad de Asociación:
Freedom House, Estados Unidos.
Robert F. Kennedy Human Rights, Estados Unidos.
Civil Rights Defenders, Suecia.
FUSADES, El Salvador.
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Venezuela.
People in Need, República Checa.
Instituto Prensa y Sociedad, Perú.
Programa Feminista La Corriente, Nicaragua.
CADAL, Argentina.
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX, Costa Rica.
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador.
CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela.
International Institute on Race, Equality and Human Rights, Estados Unidos.
Fundación Impulsos, Colombia.
Fundación Patricio Aylwin, Chile.
