El espacio cívico en Venezuela se encuentra en un grave peligro de cierre, como centro de la política estatal, de intimidación y represalia sistemática, contra las OSC para dejar a la población completamente indefensa ante la grave crisis de derechos humanos, en una emergencia humanitaria compleja de gran escala y profundidad, y múltiples privaciones de derechos.
La política contra las OSC descansa en numerosas sentencias, leyes y normativas dictadas a lo largo de 20 años por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo con el fin de anular las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para actuar ante organismos gubernamentales y participar en procesos de decisión pública, incluyendo cortar todo tipo de apoyo y financiamiento público a estas organizaciones; y convertir en motivo de vigilancia, hostigamiento e investigación judicial sus labores, para apoyar o prestar servicios a comunidades y poblaciones vulnerables, defender a víctimas de abusos, discriminación y privación de derechos, y acudir a órganos de protección internacional, al calificarse a priori como “amenazas internas” a la seguridad y soberanía, por su legítimo desempeño autónomo e independiente.
“Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines”
En esta línea se inscribe el proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines”, hace pocos días anunciado e introducido a la Asamblea Nacional por el diputado y vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, y aprobado aceleradamente en primera discusión, por la mayoría oficialista. Con base en su presentación ante la AN y un texto no oficial circulado, la ley citada, de forma manifiesta, es un instrumento más grave de violaciones a los estándares de la libertad de asociación, porque además de incluir las violaciones en las que incurrían sentencias y leyes vigentes anteriores, declara inexistentes a todas las OSC hasta no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, en el lapso de un año, a partir de la creación de un sistema uniforme y obligatorio de registro de ONG, a cargo del Ejecutivo.
Entre las violaciones más severas, se encuentran:
- Deja en un limbo jurídico y administrativo a todas las organizaciones y hace inviable su regularización por requisitos que dependen de la discrecionalidad del Estado y que están siendo restringidos;
- Somete a las ONG al control absoluto del Estado, en asuntos concernientes a la libertad y autonomía para definir sus fines, formas de gobierno, acceso a medios de trabajo y funcionamiento, actos que serán autorizados por el Ejecutivo por resolución;
- Crea un régimen discriminatorio y segregativo de obligaciones y sanciones para las ONG, con fines persecutorios;
- Establece la presunción y sanción de ilícitos relacionados con supuestos “fines políticos”, no declaración de fondos y su origen o el incumplimiento de registro de información obligatoria, incluyendo el registro para la defensa integral;
- Es también claramente un instrumento de represalia, al decir en su presentación que “todas las ONG tienen carácter político” y mencionar una lista de 62 ONG que estarían de antemano perseguidas al aprobarse esta Ley.
Los diputados Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez fueron muy claros, el fin de la ley es controlar la actividad, la acción política, va contra las Organizaciones de derechos humanos y humanitarias que ayudan, que acompañan víctimas, a sectores más vulnerables y que han construido una legitimidad denunciando las violaciones de derechos humanos. Pero eso es sólo la punta del Iceberg.
No son sólo las ONG, debajo está el país en su conjunto, chavistas, opositores, no alineados, el sector obrero, gremial, campesino, artístico, cultural, de investigación, religioso, las mujeres, grupos indígenas, personas LGBTIQ+, en resumen, el espacio cívico venezolano en su totalidad, es el control absoluto de las voces de un país. Esta ley podría constituir uno de los mayores retrocesos en las libertades democráticas, y sobre todo de la independencia de actuación de la sociedad civil, toda la acción social quedará sujeta a aplicación de una normativa punitiva y persecutoria, a la discrecionalidad del estado y su visión de que toda disidencia es enemiga.
Reunión con el ACNUDH. Volker Türk.
En la reunión sostenida ayer con el ACNUDH, Volker Türk, tuvimos la oportunidad en nombre de noventa organizaciones de hacer una serie de puntualizaciones.
Expresamos nuestro interés porque el Memorándum de entendimiento con el Estado sea de acceso público, conforme al principio de la transparencia.
Exigimos que el mandato integral del ACNUDH se cumpla en nuestro país, y que el componente de protección a los derechos humanos tenga el mismo nivel de importancia que el de asistencia técnica con las autoridades.
Demandamos que en los informes sobre Venezuela la información oficial no sea citada literalmente como cierta, sino que sea debidamente contrastada con otras fuentes.
Solicitamos la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente acerca del cumplimiento o no de las recomendaciones hechas por ACNUDH al Estado venezolano, y que además sean incluidas tanto en las actualizaciones orales como en los informes sobre Venezuela.
Indicamos la necesidad de activar la visita de los relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas, sin limitarse a los que el Estado venezolano decida invitar.
Como asunto fundamental, solicitamos el apoyo explícito del ACNUDH a los mecanismos regionales de protección de derechos humanos y de Naciones Unidas, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, e incluso a la Corte Penal Internacional.
Ante la inminencia de próximos procesos electorales en Venezuela, el presidencial en 2024 y el parlamentario en 2025, instamos a que el ACNUDH se pronuncie sobre las condiciones en las cuales se realizarán las venideras elecciones.
