Eduardo Torres debe aparecer sano y libre | Foro por la vida

Desde la coalición histórica del Foro por la Vida queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la integridad personal, la salud y la vida del defensor de derechos humanos y abogado venezolano Eduardo José Torres Muñoz, miembro del equipo legal de nuestra ONG asociada: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), quien se encuentra desaparecido desde el día 9 de mayo de 2025, aproximadamente a las 4:00 horas de la tarde.

Tras culminar una reunión en la ciudad de Caracas, específicamente en las torres de Parque Central, Torres sostuvo una conversación telefónica con su esposa, la Sra. Emiselys Núñez Ávila, a quien le indicó que se dirigiría caminando a su vivienda ubicada a escasos metros de la avenida Fuerzas Armadas, sin que hubiere llegado a su destino. Se desconoce su paradero actual y tampoco ha sostenido ningún tipo de comunicación con ninguno de sus familiares ni compañeros de trabajo.

Esta situación se da en un contexto marcado por distintas formas de amenazas y agresiones a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela.

Eduardo Torres es un abogado que ha dedicado su ejercicio profesional a proteger y asistir a centenares de víctimas en la exigibilidad de sus derechos tanto a nivel nacional como en el acompañamiento ante organismos de protección internacional de derechos humanos como las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Torres cuenta con una dilatada carrera académica como profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y como líder sindical, actualmente secretario de Reclamos y Contrataciones colectivas del Sindicato Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (APUFAT) de la Universidad Central de Venezuela.

Dicho acontecimiento resulta altamente preocupante por encontrarse Eduardo Torres en una posible detención arbitraria y desaparición forzada, en el marco de su desempeño como defensor de Derechos Humanos y de sus actividades con ocasión al ejercicio de su profesión. Además, Torres ha sufrido anteriormente hostigamientos por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, razón por la que es beneficiario, como parte del equipo de PROVEA, de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 29 de abril de 2024.

Desde el sábado 10 de mayo de 2025, su esposa, la Sra. Emiselys Núñez Ávila en compañía de miembros de PROVEA recorrieron los distintos centros de detención policial de Caracas, para procurar obtener información sobre el paradero de Eduardo Torres, concretamente se acudió a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ubicada en El Helicoide, a las distintas sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que están en Maripérez, Boleíta y Petare, así como a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con sede en Boleíta Norte. En todos negaron que se encuentre detenido.

El 11 de mayo de 2025, transcurridas más de 48 horas sin conocerse el paradero de Torres, familiares y el equipo de PROVEA acudieron al Palacio de Justicia de Caracas, a fin de interponer recurso de Hábeas Corpus el cual no fue recibido³. El 12 de mayo de 2025, el equipo de PROVEA logró interponer recurso de Habeas Corpus en el Tribunal Supremo de Justicia⁴.

Nuestras organizaciones detectaron patrones muy graves que configuran violaciones al derecho a defender derechos reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Se han registrado eventos como: amenazas, campañas de descrédito y estigmatización, ataques y allanamientos a sedes de organizaciones, restricciones a actividades de exigencia de derechos, interceptación de comunicaciones y sitios web de organizaciones, seguimiento, censura, cierre de espacios, agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias, torturas y el uso de la desaparición forzada como mecanismo para aislar, intimidar y reducir a quienes son víctimas.

La negativa del paradero por parte del Estado en el caso de nuestro colega Eduardo Torres puede representar una desaparición forzada, la cual constituye una de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos, empleada a lo largo de la historia como un mecanismo para generar incertidumbre acerca del paradero de la víctima, sobre su integridad personal y su vida y con la intención de provocar intimidación, para reprimir o para impedir su trabajo.

En este delito la víctima queda en completa indefensión, acarreando otras violaciones de derechos humanos conexas.

Las organizaciones del Foro por la Vida recordamos al Estado venezolano que el aislamiento prolongado y la incomunicación a la que presuntamente puede estar sometido Eduardo Torres puede representar una forma de tratamiento cruel e inhumano, lesivas a la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo persona detenida al respeto debido a su integridad personal. Este tipo de acciones tiene un impacto en las víctimas, en sus familiares, en sus colegas, y en la sociedad.

El ejercicio libre e independiente del Derecho configura un eslabón fundamental para el establecimiento de la independencia judicial y de las garantías mínimas que deben existir en un Estado democrático. Como lo ha señalado reiteradamente la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU: “la función fundamental de los abogados en la promoción del acceso a la justicia está firmemente establecida en el derecho y las normas internacionales. La ONU mediante los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, ha constituido el marco normativo internacional más completo orientado a salvaguardar el derecho de acceso a la asistencia jurídica y el funcionamiento independiente de los profesionales del derecho. Estos Principios Básicos establecen una serie de garantías necesarias para el funcionamiento de los abogados. Los Gobiernos deben, por ejemplo, garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus tareas profesionales sin intimidaciones, acosos o injerencias indebidas”.

Sostenemos que el uso de la justicia y el patrón de desaparición para intimidar a las personas defensoras de derechos humanos busca destruir la confianza de la ciudadanía, al quebrar el tejido social y promover la deshumanización e infundir terror.

Por lo anteriormente denunciado, desde el Foro por la Vida realizamos las siguientes solicitudes al Estado venezolano:

Adoptar de manera inmediata las medidas efectivas para garantizar la vida, seguridad, la integridad física y el bienestar psicológico de Eduardo Torres.
Revelar inmediatamente la suerte y el paradero de Torres.
Garantizar su libertad plena si se confirma efectivamente que Torres ha sido víctima de desaparición forzada y detención arbitraria.
Permitir el acceso a sus abogados de confianza.
Poner fin de forma inmediata a todos los ataques, actos de criminalización, intimidación, hostigamiento y desprestigio en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, y a tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas en Venezuela, de acuerdo con los estándares internacionales y regionales de derechos humanos.