Abogados de las ONG Proiuris y Provea consignaron un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando que se restituya el derecho a la vivienda de Limbania Ramírez
Abogados de las organizaciones Provea y Proiuris consignaron un amparo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que le sean garantizados el derecho a la vivienda de Limbania Elena Ramírez Cauro, quien denunció en su oportunidad que fue desalojada el 6 de agosto de 2018 por la jefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari, junto a colectivos armados porque, supuestamente, celebraba el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
Representantes legales de las ONG Proiuris y Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) asistieron junto a Limbania Ramírez la mañana de este miércoles 10 de octubre a la sede del máximo tribunal para introducir el documento.
El petitorio hecho por los defensores fue que el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi, y la Jefa del Gobierno del Distrito Capital, Carolina del Valle Cestari Vásquez, sean citados por su presunta vinculación en el desalojo forzado de la familia Ramírez. También piden que les sean resarcidos los daños ocasionados.
“Acudo ante su competente autoridad a los fines de interponer, como en efecto lo hago, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 19, 26, 27 y 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 25 numeral 18 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la presente acción de Amparo Constitucional, contra el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, en la persona del ciudadano Ministro, Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi, y la Jefa del Gobierno del Distrito Capital, Carolina del Valle Cestari Vásquez, por haber violado por vía de hecho y con violencia mi derecho constitucional a una vivienda digna, garantizado en nuestra legislación en el artículo 82 de la Carta Magna”, se lee en el texto entregado al máximo juzgado.
El abogado de Proiuris sostuvo que el amparo consignado es para que se le garantice una vivienda a Ramírez y responsabilicen a los funcionarios que violentaron sus derechos. “Se espera que el tribunal cite a las personas responsables para que resarzan el daño y le devuelvan su vivienda o una nueva con las misma condiciones. Es importante actual por esta vía para que estas personas se pongan a la orden de la justicia”, señaló.
Desde 2015, Limbania Ramírez vivía en el sector Los Chinos del complejo urbanístico Misión Vivienda, ubicado dentro de Fuerte Tiuna.
Ramírez asegura que la noche del 6 de agosto, dos días después del presunto atentado contra Maduro, fue desalojada de su apartamento por Carolina Cestari, Jefa de Gobierno del Distrito Capital, junto a civiles armados (colectivos) y Llafrancis Colina conductora del programa Zurda Conducta, quienes la acusaron de traidora y de vender efectivo a 400% de su valor.
“A mi esposo lo golpearon varias veces por la espalda y lo obligaron a entregarles las llaves de la vivienda, porque según ellos, nos ‘estábamos burlando del intento de magnicidio en contra del Presidente’. Evidentemente les desmentimos eso, pero igual nos sacaron a patadas”, señaló Ramírez, a las afueras del TSJ.
Ramírez asegura haber recibido amenazas de muerte y llamadas de desconocidos que la insultan. Denunció que teme que le llegue a pasar algo a ella o a sus familiares.
“Desde que nos sacaron hemos recibido amenazas de muerte de desconocidos, hasta de colectivos. Algunos de ellos estaban el día que nos desalojaron de mi casa. Es más, el 7 de agosto, cuando volvimos al apartamento para buscar las cosas que nos quedaban, las que no nos hurtaron, llegó un funcionario del Ministerio de Vivienda y Habitat, que se identificó como Armando Rondón, nos advirtió que ellos no se harían responsables de nuestra integridad personal, si nos quedamos allí”, agregó.
Días después del encuentro con el funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ramírez se enteró que él le suministró un nombre falso y que su verdadero nombre es Diego Romero.
Tres días después de los hechos ocurridos en Fuerte Tiuna, Ramírez fue despedida de su empleo como servidora pública en la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. “Cuando llegue a la oficina de recursos humanos, para pedir explicación sobre mi despido, ellos solo dijeron que las orden fue hecha por los superiores. Además, ‘lo que el gobierno decida, nosotros lo apoyamos”, relató.
Sin empleo ni vivienda, Ramírez tuvo que irse a vivir en el interior del país con sus familiares. Actualmente, vive de la buena voluntad de sus allegados y del dinero que su esposo pueda conseguir.
“Me dejaron si trabajo, sin casa, vulnerable. Ahora, tampoco me puedo defender ante la justicia. Todo esto es injusto ¿qué hice para merecerlo? Ni siquiera de lo que se me acusa yo lo cometí”, cuestionó la denunciante.
Denuncia impunidad
Limbania Ramírez acudió, junto a sus familiares, a la sede del Ministerio Público para consignar una denuncia contra la jefa del gobierno del Distrito Capital, el día 7 de agosto.
El caso fue tomado por la fiscalía 50 del área Metropolitana de Caracas. Dice que desde el 10 de agosto no ha recibido respuesta por parte del fiscal.
“Fui tanto al Ministerio Público en su Dirección de Atención a la Victima, a la Defensoría del Pueblo y a la Inmobiliaria Nacional S.A, con la intención de dar a conocer el desalojo forzoso de mi vivienda y obtener las reparaciones correspondientes. Pero, hasta hoy ninguno de estos organismos me ha otorgado una respuesta en concreto”, detalló.
Los abogados de Provea y Proiuris explicaron que la inacción por parte de los funcionarios públicos se considera una violación al derecho a la justicia, puesto que ellos tienen que dar una respuesta oportuna de la denuncia. Esperan que en los próximos días el Tribunal Supremo admita el amparo constitucional.
Erick S. González Caldea / Prensa Proiuris
