Por el derecho a la educación gratuita, un grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB), acompañados por Provea, introdujeron una Acción de Amparo Constitucional contra las resoluciones del 02.04 y 02.07.98, emanadas del Consejo Directivo de esta casa de estudios, las cuales creaban el Fondo de Desarrollo Estudiantil.

Este Fondo imponía, entre otras cosas, la obligatoriedad del pago de una suma de 50 mil bolívares mensuales a todos los estudiantes de esta universidad con la finalidad de cubrir el monto de sus estudios.

Estas resoluciones violaban flagrantemente el derecho a la educación superior gratuita establecido en el artículo 78 de la Constitución de 1961, vigente hasta el 31.12.99.