Durante los últimos cinco días, la FANB ha intervenido más de tres zonas mineras de Tumeremo, en Bolívar, y ha desmantelado campamentos que los mineros aseguran que cumplen con los permisos de la Corporación Venezolana de Minería.
Laura Clisánchez Bellorin | Especial para Provea
Desde el viernes 28 de octubre y hasta la fecha, la población de Tumeremo, en el estado Bolívar, es el escenario de una incursión militar de al menos 670 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que, bajo la operación “Roraima 05-2022”, desmantela campamentos mineros que califican como ilegales y detiene a las personas sin reportar su paradero, según denuncian los pobladores.
La FANB está desplegada en la selva desde mediados de agosto en un operativo militar, junto a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), Instituto Nacional de Tierras (Inti), y los Órganos de Seguridad Ciudadana (OSC), que aseguran tiene el propósito de erradicar la minería ilegal, “limpiar” el territorio de grupos irregulares, y recuperar áreas naturales protegidas que no pertenecen al Arco Minero del Orinoco (AMO).
El despliegue militar inició más de una semana después de que una delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) – que ocupa varias zonas del estado Bolívar -viajó de Cuba a Venezuela para definir la negociación con el Gobierno colombiano.
A finales de septiembre, Nicolás Maduro ordenó a la FANB “colaborar” con el reinicio de las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN, que además consiste en la desmovilización de este grupo armado.
El 17 de octubre, los militares ingresaron a la Reserva Forestal de Imataca – un territorio de 38.219 km 2 ubicado en la frontera con Guyana – destruyeron campamentos mineros y arrestaron a al menos 11 personas supuestamente armadas, de las cuales se desconoce paradero y condición física actual.
En esa zona, Nicolás Maduró creó, en diciembre de 2020, la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (ZEEMDEF), con el fin de “aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización, con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”. La ZEEMDEF ocupa la meseta de Nuria, situada entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz del estado.
Hasta el momento no hay información oficial sobre la cantidad total de detenidos y de mineros desplazados hacia Guyana o las montañas del territorio.
Aunque la minería está prohibida en esta reserva forestal por el impacto ambiental que ocasiona, los mineros alegan que contaban con el permiso de la CVM para extraer el material aurífero.
Aseguran que la corporación también les proporcionó las maquinarias, combustible y guías de traslado para trabajar.
“Eso lo hizo la CVM en su afán de recolectar oro, aunque no les dió Alianzas Estratégicas a ninguno de los mineros, sí les permitió trabajar ahí de forma ilegal para luego robarles el material”, manifestó un trabajador que solicitó mantener su nombre en reserva.
Diez días después, el 27 de octubre, la incursión militar acompañada de aviones de combate, tanques y armas de guerra llegó a Tumeremo, capital del municipio Sifontes.
Con la militarización también llegó el miedo y la incertidumbre, comerciantes bajaron sus santamarías y pobladores salieron a protestar para exigir a la FANB el cese de las detenciones, los allanamientos y la destrucción de equipos de trabajo de los mineros.
Los militares reportaron la detención de cuatro presuntos miembros de la presunta banda delictiva 3RRR, grupo que opera en la zona y que también está vinculado con obras sociales en Tumeremo.
“El Ejército nos está atropellando, nos está quemando todo y nos están maltratando. Nos están dejando sin techo para vivir y de paso quieren golpear a toda la población minera. ¿Dónde está la CVM? Porque nosotros les arrimamos al Estado, y todos tenemos un registro. Entonces, necesitamos por favor que con su colaboración retiren al ejército”, denunció la vocera de un grupo minero en el sector Kilómetro 50, vía redes sociales.
“No vamos a permitir más atropellos, ni que nos quemen las máquinas porque es el sustento de nuestros hijos. Nosotros trabajamos decentemente”, agregó.
Mientras a través de las redes sociales, la FANB y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) exhiben lo que llaman poderío militar, y graban la destrucción de los campamentos mineros, el pueblo de Tumeremo salió a protestar en contra de la militarización del territorio.
«Hoy 31 de octubre a mediodía, entraron efectivos militares y atropellaron al pueblo minero quemando sus equipos de trabajo que con sacrificio compramos a la CVM, que pagamos un impuesto al Estado, las familias que trabajamos en la mina Las Cocuizas, para llevar sustento a nuestras familias… Presidente, le pedimos que pare los atropellos contra los pequeños mineros que hacemos vida en el municipio Sifontes», declaró otro minero de la zona Las Cocuizas.
La misma situación se reportó en el sector minero Nueva Lucha.
En los últimos dos años, las alianzas mineras de pequeña minería han acusado a la CVM y la FANB del robo de material aurífero y el monopolio de guías de traslado.
Han denunciado que la Corporación Venezolana de Minería niega a las alianzas mineras, coordenadas de explotación previamente otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, y las otorga a discrecionalidad, a otros grupos de poder.
“El proyecto extractivista comenzó con 700 alianzas de pequeña minería, y ahora quedan menos de 50”, agregó el trabajador.
Allanamiento de fincas y detenciones arbitrarias
Residentes informaron que los militares recorrieron las fincas en busca de miembros de grupos armados, como la organización Tres Raíces (3R, OR, 3 RRR), y en el proceso, también detuvieron a los dueños de las parcelas.
Los miembros de los grupos armados hacen vida civil y política en el pueblo desde hace más de una década, en ocasiones con la complicidad o tolerancia de funcionarios del Estado.
“Unos 100 militares revisaron nuestra finca dos veces, la primera vez entraron a nuestra casa y ahí estuvieron más de una hora. Los militares no llegaron prepotentes, pero entraron a los cuartos, y agarraron el teléfono de mi suegra, se lo querían llevar, y a mi suegro le quitaron la linterna. Se están metiendo en todos los fundos esperando encontrarse con alguno de estos miembros de grupos armados, o presumiendo que los malandros están escondidos en la finca”, relató Ricardo Bejarano*, ingeniero agrónomo de la zona.
“Cada esquina, cada cuadra está llena de militares. La gente está inquieta. Al dueño de un fundo cercano al nuestro lo detuvieron el domingo, y lo soltaron hoy (lunes)”, agregó.
Residentes explican que estos grupos armados suelen utilizar los fundos como apoyo logístico por la electricidad, el mobiliario y el agua potable.
“Según ellos están haciendo un barrido para ubicar personas irregulares, la zona hacia Atenas es una zona minera”, dijo el ingeniero.
En los últimos años ha sido muy común la militarización de las zonas mineras en Tumeremo, pero esto no se traduce en seguridad para los pobladores que -aseguran-, el despliegue militar obedece más a intereses territoriales, económicos y políticos que a un interés real por despejar la zona de grupos delictivos.
Llegan a esa conclusión porque los militares tienen molinos y empresas mineras que han sido en ocasiones invadidas por los grupos armados irregulares. En medio del conflicto, quedan atrapados los mineros artesanales.
“Los militares piensan que los propietarios son copartícipes de los grupos armados, pero eso no es así, nos invadieron, es algo obligado. El propietario de esa finca tuvo que sacar a su mamá de ahí. No podían ordeñar, o hacer vida en su finca porque los irregulares estaban ahí”, expresó el afectado.
“Trabajé con el Estado por 15 años. Se volvió insostenible para mí ir a las fincas a inspeccionar y tener que ver la presencia de estas personas irregulares conviviendo con los propietarios. Muchos propietarios han abandonado la zona”, agregó.
Pugna por el territorio
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Especial Arco Minero del Orinoco (AMO), un proyecto de mega minería que se desarrolla en la franja sur del río Orinoco entre los estados Bolívar y Amazonas, en vastas regiones habitadas por comunidades indígenas y personas en condición de pobreza.
La creación del AMO propició la masificación de las actividades mineras a gran escala -con la consecuente afectación al medio ambiente y a los territorios indígenas-, y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
En marzo de ese mismo año, se produjo la Masacre de Tumeremo, un suceso en el que 17 mineros fueron víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, a manos de agrupaciones armadas que ejercen gobernanzas criminales en esos territorios.
Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas fronterizas y ricas en recursos minerales, y el territorio ha sido penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación, a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional.
Un escenario de emergencia humanitaria compleja; ausencia de institucionalidad democrática y sistemáticos abusos contra los derechos humanos, han condenando a los venezolanos a condiciones de vida extremadamente precarizadas. Las ausencias institucionales para brindar a los pobladores acceso a servicios públicos como electricidad; agua potable; servicios sanitarios y educativos, entre otros, constituye una permanente negación de la ciudadanía.
La actuación pendular del Estado pasa, de la absoluta ausencia, a la irrupción violenta a través de sus agentes de seguridad. En contextos de aumento de la conflictividad social; crecimiento del delito; y crisis económica, el Estado venezolano ha impuesto históricamente una visión de seguridad territorial hegemónica, en la que no se atiende -con una visión democrática y respetuosa de los derechos humanos-, las debilidades y ausencias institucionales, y por el contrario se impune la visión militarizada de la seguridad ciudadana.
