Este sábado el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público y ratificó la medida de privación de libertad del sindicalista y trabajador humanitario Gabriel Blanco, el también sindicalista Emilio Negrín, y los activistas sociales y políticos Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, quienes fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados durante la semana pasada en medio de una ola represiva que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
La audiencia de presentación de los detenidos inició pasada la cinco de la tarde y se prolongó hasta cerca de las nueve de la noche del sábado.
En las afueras del Palacio de Justicia en Caracas, los familiares y allegados de los detenidos, permanecieron varios horas, aguardando la decisión del tribunal.
Diannet Blanco, activista de derechos humanos y pareja del sindicalista Gabriel Blanco, expresó su aspiración por una decisión basada «[…] en el marco de la justicia, de la verdad y del respeto al debido proceso. Mucha esperanza de que reine la libertad y la justicia, sobre todo de la justicia«.
Pero pasadas las 08:00 de la noche, los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia -quienes asisten legalmente a varios de los detenidos-, informaron a través de la cuenta oficial en Twitter de la organización, la decisión del tribunal.
«Tribunal 4to de control con competencia en Terrorismo, declara con lugar solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público en contra del trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y 3 personas más», escribieron en la red social.
Entonces, llegó la decepción.
Sentados en la acera, a las puertas del Palacio de Justicia de Caracas, y en una calle oscura y desolada, los familiares y amigos de los detenidos no disimularon su inconformidad con la decisión.
La hermana mayor de Néstor Astudillo no podía ocultar su preocupación por la suerte de su hermano y la de su madre -una mujer de 79 años-, que siempre alentó el activismo de Néstor, pero que ahora, a su avanzada edad, depende casi exclusivamente de las atenciones que le brindan sus dos únicos hijos que aún viven en el país. Uno de ellos, en prisión.
El sistema de justicia venezolano, se ha convertido en una desalentadora maquinaria para las víctimas y en un perpetuador de la impunidad.
En 2021 la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, mandatada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo sobre el poder judicial venezolano: “ […] en lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad”.
Y es que -en medio de la ola represiva que privó de la libertad en la última semana a los activistas Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés-, la única detención que fue ajustada a la «legalidad» fue la de Blanco.
Ello, solo fue posible gracias a la presión que ejercieron decenas de vecinos del trabajador humanitario y al papel de actores de la sociedad civil quienes se mantuvieron alerta ante la actuación irregular que protagonizaron miembros de la DGCIM el pasado 06 de julio.
En el resto de casos, hay un cóctel de irregularidades.
Allanamientos ilegales, detenciones sin orden de aprehensión, ausencia de fiscales del Ministerio Público y denuncias de desapariciones forzadas.
Intrépido caminante
El 08 de julio los familiares y allegados de Reynaldo Cortés denunciaron la desaparición del dirigente político.
En un vídeo difundido en Twitter, un vocero autorizado por su familia, afirmó que habían visitado todos los centros de reclusión de San Juan de Los Morros, capital de Guárico, intentando dar con el paradero de Cortés.
Reynaldo Cortés es un reconocido dirigente regional del partido opositor Bandera Roja y un prolífico poeta.
Hace unos años él emprendió una caminata hasta Argentina para juntar a una de sus hijas con su madre.
Cortés narró su hazaña en las redes sociales.
Caminó hasta Argentina al lado de decenas de migrantes que huían del hambre y la represión en Venezuela.
Atravesó países siendo un «ilegal», y al llegar a su destino, y cumplir su objetivo, regresó caminando a Venezuela con la intención de seguir luchando pacíficamente por sus convicciones.
Al volver al país, Reynaldo Cortés se incorporó a sus actividades cotidianas, a la política y la poesía, como señaló en las redes su hermana Carmen Cortés.
Luego de su detención ilegal el 07 de julio, y después de estar desaparecido e incomunicado por las autoridades, Reynaldo Cortés fue presentado en los tribunales de Caracas junto al resto de los detenidos.
Su familia no tuvo el tiempo, ni el dinero, ni la fuerza, para llegar a tiempo a la audiencia en la que se decidió privarlo, sin pruebas, de su libertad.
Perseguir y silenciar
En su Informe Anual 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyó nuevamente a Venezuela en su sección IV.B, por las graves amenazas para el estado de derecho en el país.
El órgano destacó que en Venezuela “persisten las graves violaciones de derechos humanos, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales -especialmente de jóvenes en situación de pobreza-, las desapariciones forzadas y torturas, y las detenciones arbitrarias de personas que expresan su disenso con el gobierno de Nicolás Maduro, entre otras”.
Las más recientes víctimas de la recurrente persecución gubernamental son los trabajadores y dirigentes sociales, movilizados por la defensa de sus derechos y conquistas, en medio de una severa crisis que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida.
La gestión de Maduro insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas y el ejercicio de la libertad sindical, garantizados en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, la Constitución Nacional y la legislación vigente.
Como hemos advertido antes, la persecución contra la oposición política y las voces críticas al gobierno, ha sido posible gracias a un poder judicial que, según el informe de la Misión de Determinación de los Hechos (MDH) de septiembre de 2021 “ En lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad”.
Prensa Provea
