Mediante comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, fechada el 30 de mayo, Transparencia Venezuela solicitó se inicie el proceso de destitución del Contralor General de la República, Manuel Enrique Galindo Ballesteros por su responsabilidad en la crisis actual.
“El gran problema que tenemos los venezolanos es la falta de contraloría, la inexistencia de ese órgano vital cuya función es velar porque lo público se utilice en beneficio de todos los venezolanos”, aseguró Mercedes De Freitas, directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela en rueda de prensa.
La Contraloría General de la República tiene entre sus competencias no solo la investigación y evaluación de los órganos del Estado y sus funcionarios, sino además la imposición de la sanción. Eso indica que, en el papel, el Contralor tiene un rol destacado en el equilibrio de la estructura del Estado, fundamentalmente, monitoreando de cerca, y con autoridad, abusos, conflictos de interés, apropiación indebida, malversación de fondos, ineficiencias en la gestión, privilegios, enriquecimiento ilícito, para impedir o castigar que unos pocos se hagan con lo que es de todos para su beneficio particular, reza la solicitud entregada al Parlamento.
“La Contraloría tiene responsabilidad en la crisis porque ha sido durante 15 años o más cómplice y responsable de la impunidad en el país”, sostuvo.
Transparencia Venezuela realizó un informe sobre la gestión de la Contraloría partiendo de las responsabilidades que se le establecen en la Constitución el cual se entregó a la Asamblea Nacional, para documentar la responsabilidad de Galindo en la situación institucional.
En la investigación se identificó falta de actuaciones de parte de la institución. Aunque creció el número de empleados públicos y aumentó a 70% el número de empresas del Estado, la capacidad física y presupuestaría de la Contraloría no se amplió. Tampoco se encontraron acciones ejecutadas para defender su autonomía, ni la solicitud de más recursos para financiar sus proyectos o para el mejoramiento de su plataforma tecnológica, ni siquiera la búsqueda de asesorías y apoyo.
En el último informe de la Contraloría disponible, correspondiente al año 2015, se revisó cuántas declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios públicos había revisado para poder tener confianza en que sus ingresos son obtenidos de forma lícita y se halló que únicamente había verificado tres.
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