Decenas de trabajadores, jubilados y pensionados, se concentraron la mañana de este martes frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo en Caracas, para protagonizar una nueva jornada de protesta en rechazo al deterioro de la calidad de vida y en defensa de los derechos laborales.
«Hoy decidimos retomar las calles. Hoy los trabajadores activos y jubilados levantamos nuestra voz, exigiendo aumento general de salarios y pensiones, porque llevamos 663 días sin aumento salarial. Hoy campea el hambre y la miseria», dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas.
Desde marzo de 2021, trabajadores de diversas áreas del sector público, se han movilizado para exigir aumento de salarios y pensiones, y la derogación del instructivo aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), que desconoce las conquistas y derechos plasmados en las contrataciones colectivas, y que aplana los salarios acelerando la pérdida del poder adquisitivo.
2023 fue un año marcado por la persistencia de la crisis económica, la pérdida del ingreso de los trabajadores y el empeño del gobierno nacional en desconocer los derechos laborales. Mientras la vocería oficial insiste en que avanzamos hacía la recuperación económica, los ingresos siguen estancados mientras los indicadores de pobreza y desigualdad siguen en ascenso,
La jornada de este martes, convocada por diversas agrupaciones gremiales y sindicales, sirvió de preludio, para lo que ha sido anunciado como un año de más conflictividad vinculada a los defensa de derechos sociales, en medio de la insistente política anti-obrera del gobierno de Maduro.
«El año pasado fueron más de 3.000 protestas por derechos laborales las que se protagonizaron en el país, y este año haremos las que tengamos que hacer para exigir lo que nos corresponde: el derecho a vivir dignamente. No hay posibilidad alguna de seguir manteniendo una política salarial que ha perder todo valor al trabajo cuando en este país hay dinero suficiente», sostuvo Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).
Al finalizar la jornada, los manifestantes entregaron un documento dirigido a Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, exigiendo el cese de la criminalización de los luchadores sociales y la libertad para las personas privadas de libertad por defender derechos.
