Sindicatos del país alzan su voz y reclaman medidas que favorezcan a la clase trabajadora en un momento donde se amplían las dificultades y carencias que ya padecían en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país, agudizada por la emergencia sanitaria del Covid 19-
El mundo atraviesa por uno de los momentos más difíciles de la historia contemporánea. La economía mundial está en recesión por la pandemia del COVID-19, que afecta en proporciones que muchos no esperaban. Esta situación golpea a las mejores economías y países desarrollados del planeta, pero está acelerando las dificultades en regiones débiles. En Venezuela que ya atravesada un extendida y aguda crisis económica como consecuencia de erradas políticas, el panorama es desolador y afectará aún más a los trabajadores y sus familias.
El movimiento laboral de Venezolano sufrió una desmejora considerable de sus beneficios desde que la Administración de Maduro implementó el convenio cambiario del 2018: una medida que pulverizó buena parte de los beneficios pautados en las convenciones colectivas y desmejoró los ingresos de trabajadores en el sector público mediante la igualación forzada de salarios. Una decisión que diversos sindicatos, como el educativo, vienen denunciando como ilegal e inconstitucional.
Por lo tanto esta emergencia sanitaria encontró a los trabajadores y trabajadoras del país es condiciones bastante desfavorables y ante una ofensiva gubernamental contra conquistas históricas. Políticas y medidas ilegales contrarias a los artículos 431, 432, 434 del Capítulo II de la Convención Colectiva de Trabajo en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). En esta Ley, principalmente se habla de favorecer las relaciones colectivas para una protección social y la obligación del cumplimiento de las cláusulas pautadas Aunado a esto, se infringen los artículos 89 y 91 de la Constitución de Venezuela, que hablan sobre la protección social y el derecho a un salario digno que permita vivir a los trabajadores y sus familias.
Los trabajadores de Venezuela han quedado más expuestos al hambre y la miseria con la llegada del COVID-19. En la actualidad el salario mínimo de un trabajador más el bono compensatorio equivale a 2.5 dólares americanos, es decir lo que cuesta un kilo de carne. Con el salario mínimo un trabajador hoy no cubre ni el 5% de la canasta alimentaria y mucho menos otras necesidad básicas. Salarios de hambre, en una Venezuela donde se multiplican los precios en menos de un mes.
Propuestas
Desde movimientos sindicales de todo el país se han realizado exigencias y propuestas para atender con eficacia y urgencia la actual situación. Por ejemplo, el Movimiento Sindical del estado Lara expresó; «cómo organizaciones sociales y legítimas de los trabajadores, exhortamos y proponemos al Ejecutivo Nacional, Asamblea Nacional, patronos públicos y privados aplicar medidas de protección a la clase trabajadora y su grupo familiar; una urgente prima especial de auxilio equivalente a cien (100) dólares($) mensuales como primera fase de auxilio inmediato mientras dure el periodo que estime la OMS y sus recomendaciones para la cuarentena social»
Finalmente hicieron un llamado al consenso nacional de todos los sindicatos, gremios, asociaciones, jubilados, movimientos de trabajadores y organizaciones sociales para desarrollar propuestas país como un solo cuerpo, apoyando a propiciar acuerdos diáfanos que faciliten a superar esta dramática crisis y permitir repuesta a la desesperada situación que viven de los trabajadores y sus familias.
Otro requerimiento solicitó la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) que exige un acuerdo político que permita obtener recursos financieros de la comunidad internacional y ayuda humanitaria para Venezuela. Afirman que el objetivo fundamental es el derecho a la vida y la solidaridad humana. Los trabajadores necesitan medidas que se antepongan a los conflictos políticos y ubiquen la vida por encima de todo lo demás.
Las distintas instituciones del Estado venezolano deben analizar con carácter de urgencia el conjunto de exigencias y propuestas del movimiento sindical. Consideramos es un momento propicio para que se convoque un diálogo tripartito entre autoridades, empresarios y sindicatos para establecer por consenso un plan de acción que permita mejorar el ingreso del sector laboral, garantizar la producción esencial en medio de esta crisis y estimular a los empleadores para evitar que cierren empresas y en consecuencia aumente el desempleo.
Testimonios
La crisis por el COVID-19 en Venezuela ha ocasionado descontento en miles que necesitan comer y requieren ayuda. Ese descontento se expresa no solo en los pronunciamientos sino en las calles con la protesta. Para dirigentes sindicales, como Dick Guanique, es urgente una política de compensación salarial para enfrentar estos momentos de profunda crisis. «El Estado puede establecer un aporte periódico por cada familia. Si en una vivienda habitan dos familias de cinco perdonas cada familia, cada jefe de familia recibe una compensación salarial; cada una debe recibir una compensación para su manutención hasta que superemos la crisis; no proponemos ningún monto, ello dependerá de las capacidades financieras del Estado»
Por su parte el dirigente sindical del estado Bolívar Carlos Ramírez exhortó al Ejecutivo Nacional a cumplir la promesa de garantizar en todas las empresas básicas las condiciones de seguridad necesarias frente al coronavirus y que se cumpla con las convenciones colectivas.
El gremio de las enfermeras viene exigiendo que se de un aumento salarial no menor a 300 dólares que le de a este personal de saluid un piso mínimo de ingresos ante la actual coyuntura de hiperinflación y mayor incertidumbre del futuro económico del país.
Provea continúa insistiendo en la necesidad que se adopten medidas de carácter integral que permitan por un lado garantizar que el covid 19 afecte lo menos posible a la población y de manera simultánea atender el problema del poco o nulo ingreso de millones de personas condenadas a penurias mayores a las que ya venían padeciendo en los últimos años.
Exhortamos igualmente a que se cumpla la promesa que el Estado asumiría el pago de la nomina de las empresas. Se cumplió un mes del anuncio y a la fecha ningún trabajador ni empleador ha sido beneficiario. Esa ineficacia para ejecutar medidas en principio adecuadas, profundiza la crisis y el sufrimiento de quienes deben ser beneficiarios.
Es momento de acuerdos institucionales, de diálogo y de escuchar los reclamos de los más vulnerables. La actuación unilateral, arrogante y excluyente produce mayores dificultades y es contraria a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que convoca a articular todos los esfuerzo y capacidades que se tengan en cada país-
Prensa PROVEA.
