Las organizaciones Provea y Acceso a la Justicia enviaron una comunicación al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Nacionales Unidas, para denunciar las violaciones de los derechos al trabajo; la libertad de pensamiento, opinión y expresión; derecho a participar en los asuntos públicos en Venezuela y derecho a la justicia, cometidos en perjuicio de 12 de trabajadoras despedidas de la Fundación Nacional El Niño Simón (FNNS), por la presidenta de de dicho ente Carolina del Valle Cestari Vásquez.
Las afectadas por los despidos arbitrarios, fueron removidas de sus cargos debido a actos de discriminación por razones políticas en junio de 2016. Ese año fueron convocadas a una asamblea en el auditorio de la institución ubicada en la avenida Andrés Bello de Caracas, en el evento Cestari entregó a cada una de las afectadas un comprobante impreso de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se detallaba que las trabajadoras habían solicitado la activación del mecanismo constitucional de referendo revocatorio. “Tome, usted votó contra el presidente Maduro y entregó la soberanía del país”, comentó entonces Aida Vargas -una de las trabajadoras despedidas que se desempeñaba como Analista PIII en la institución- sobre lo que habría dicho la funcionaria durante la asamblea.
Las 16 trabajadoras despedidas cumplían funciones en diversas dependencias de la institución en el estado Miranda y Distrito Capital y se desempeñaban como instructoras docentes, una abogada, obreras, asistentes administrativos y una secretaria. Estas ciudadanas eran funcionarias de carrera administrativa, algunas con más de 20 años de servicio en entes públicos.
Estos despidos afectaron gravemente a varias de las víctimas, algunas de las cuales se encontraban a la espera del derecho a la jubilación por años de servicio en la administración pública; las afectadas han declarado públicamente en diversos medios de comunicación nacional que les fueron retirados sus beneficios sociales y de seguro médico que son parte fundamental en la atención de familiares enfermos.
Las afectadas, agrupadas en el Comité de Trabajadores Despedidos de la «Fundación Nacional El Niño Simón», han denunciado un total de 217 personas despedidas por Carolina Cestari y otros altos funcionarios del órgano -dependiente del ViceMinisterio de la Suprema Felicidad-, durante los últimos cinco años, han ejercido los recursos legales necesarios para ser reincorporados en la institución, pero a pesar de contar con providencias administrativas favorables, dictadas por la Inspectoría del Trabajo, estas no han sido cumplidas ya que en los procedimientos de ejecución los representantes legales de la FNSS, se niegan a recibir a los funcionarios del Ministerio del Trabajo y a los propios trabajadores.
Las despedidas por solicitar la revocatoria de Maduro, Nélida Josefina Parra Castro, Aida Josefina Vargas, Elba Margarita Araujo de Quintana, Niurka Yajaira Guerrero Rodríguez, Mayela Martínez Smith, María Teresa Martínez, Judith Josefina Zambrano Requena, Moraima Josefina Figuera de Lozada, Aracelys Josefina Caraballo Espinoza, Yennifer Ysveth Soriano Sanz, Alida Coromoto Albarran Villareal, Belkis Elena Vallejo Rivero, acudieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU representadas por Provea y Acceso a la Justicia, luego de esperar casi tres años por la justicia venezolana.
Provea recibió un total de 16 denuncias de trabajadoras que fueron despedidas por la señora Cestari, de las cuales solo 12 denunciantes decidieron interponer la denuncia ante el Comité, ya que el resto de las víctimas culminarían su proceso en instancias nacionales para el agotamiento correspondiente de las vías internas, y otras debieron emigrar a otros países de la región engrosando la estadística de migración forzada venezolana reconocida por ACNUR en busca de una mejor calidad de vida.
