El que alguna vez se denominó «el Presidente de la clase obrera» ha demostrado de todo, menos ser el Presidente obrero: detenciones, incumpliendo laboral, pobreza, son algunas de las principales fortalezas de Maduro, quien engañó a sus simpatizantes con la intención de voto y promesas que aún en el 2019 y bajo un gobierno de facto vislumbran nada de posibilidad de cumplir.
Luego de dos meses del informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su posterior actualización de septiembre, donde se comprobaron las denuncias y el deterioro social del país, además de 20 recomendaciones sobre la situación; el gobierno de Maduro no ha establecido ningún enlace ni señal para cumplir las medidas o intentar frenar la crisis venezolana, en especial en los derechos laborales y sociales, donde el sector ha clamado respuestas y denunciado violaciones, pero solo ha obtenido detenciones o despidos. Solo «entre noviembre y diciembre de 2018, 16 sindicalistas fueron encarcelados, acusados de delitos como violación de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, entre otros», según cifras de nuestro informe anual.
Derechos Laborales y Sociales
Una las preocupaciones de la Alta Comisionada en su informe sobre Venezuela, fue la vulneración a los derechos laborales de los venezolanos, así como el deterioro en la calidad de vida y el trabajo como sustento de la familia. Solo en el ámbito salarial, al finales del 2018 se necesitaban 68,4 salarios mínimos para la compra de la canasta básica alimentaria, de acuerdo con estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), cifra que corresponde con la profundización de la inflación y el bajo ingreso vía salario mínimo, que para diciembre del citado año, se encontraba en Bs. 4.500. Según nuestro informe anual, para el año, una enfermera cobraba menos de un dólar mensual, situación que para este 2019 no ha cambiado, y solo ha empeorado con el silencio de medidas. En los últimos meses, el salario mínimo (principal fuente de cálculo en los ingresos de los venezolanos) solo ha sido aumentado dos veces (Bs. 18.000 en enero y Bs. 40.000 en abril) y complementado con bonos a través del sistema Patria, mecanismo que según la misma Alta Comisionada, Michelle Bachelet, solo ha sido utilizado por Maduro como medida de control político.
En materia de ingresos de los ciudadanos, Venezuela ha sufrido un deterioro continuo en el poder adquisitivo derivado de las políticas económicas. Solo en datos del Banco Mundial, una persona es considerada en situación de pobreza extrema cuando sus ingresos son inferiores a $1,9 diarios, los venezolanos, víctimas de un modelo económico fallido, perciben con salario mínimo de Bs. 40.000 estimado al martes 10 de septiembre con tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), solo 1,8 dólares mensuales, cifra insuficiente para cubrir gastos necesarios como el de la canasta básica alimentaria que para el mes de julio, según datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), se ubicó en unos $146,71 que representaron un poder adquisitivo de apenas 2,4%. Sumado a estas cifras alarmantes, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2018, afirmó que nueve de cada 10 venezolanos no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos, donde la mitad de los hogares venezolanos son considerados como pobres a nivel multidimensional y más de 7 millones de ciudadanos se encuentran en situación de pobreza extrema.
Para el 2018, y según datos de nuestro informe, el sector salud exigía que en el caso de los especialistas en formación, el salario debía ser de 230 salarios mínimos, mientras que los docentes pasaron de ganar entre 6 y 12 salarios mínimos, a entre 1 y 2. Para finales de ese año, Maduro eliminó los tabuladores colectivos de todos los ministerios, y estableció ajustes más similares entre las tablas generales, medida que fue tema de protesta en el sector público, con voces como la exigencia de aumentar los montos a partir del salario mínimo y ajustar los ingresos como en años anteriores, pero la Presidencia y el Ministerio del Trabajo callaron, hasta septiembre del 2019 aún no se realizan cambios en materia salarial que beneficien al gremio, ni tampoco respuesta a las recomendaciones de la ACNUDH.
La libertad sindical fue otro de los derechos vulnerados a los venezolanos, con casos como el de Rubén González, sindicalista que por exigir por años los derechos de sus compañeros y propios, fue encarcelado en noviembre del 2018 y sentenciado en agosto del 2019, ante un tribunal militar, a casi 6 años de condena, luego de participar en una manifestación en Caracas; caso que se suma a otros 150 que Provea contabiliza desde 1999, donde los implicados han sido sentenciados a años tras las rejas, constante régimen de presentación, prohibición de salida del país, entre otros, a pesar de en muchos casos ser inocentes de lo acusado y solo haber alzado en críticas al gobierno, exigiendo sus derechos.
Hasta finales del 2018, y según cifras de nuestro informe anual, el desempleo fue otra parte del sistema venezolano que avanzó, y que en parte debido a la migración venezolana, no aumentó de la forma en la que estaba previsto, resultados preliminares de la Encovi presentados en noviembre de 2018 revelaron que la tasa de desempleo subió a 10% siendo «el nivel más alto desde 2014, cuando la tasa registrada era de 7%», con un empleo formal en 60,8% y un informal que se ubicó hasta el 39,2%. A pesar de contar con la llamada inamovilidad laboral, en el 2018 siguieron las denuncias de despidos, voceras del gremio trabajador como Ana Rosario Contreras expresaron «Están destituyendo a enfermeras por llegar tarde para sancionar a las enfermeras que valientemente nos levantamos para decir que el sistema de salud no estaba garantizando el derecho a la salud de los venezolanos y que los enfermeros estamos en pobreza extrema» sumado a despidos como el de 150 trabajadores de Abastos Bicentenario, son señales que han demostrado poca disposición del gobierno de Maduro en cumplir tratos colectivos, o en su defecto, ser parcializados con las leyes para aplicarlas según su beneficio.
En las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se instó al gobierno de Maduro a tomar medidas para asignar todos los recursos necesarios al país para la recuperación «gradual» de los derechos sociales, así como garantizar programas sociales de manera «transparente y no politizada» a la población afectada que no necesariamente pueda estar relacionada o en apoyo a sus ideologías, además de liberar a todas las personas «privadas arbitrariamente de su libertad», entre otras, recomendaciones que Maduro ha ignorado, burlado, y elegido no tomar mientras el pueblo venezolano continúa padeciendo y emigrando de forma forzosa para intentar recuperar sus derechos sociales y laborales en otros escenarios.
Si desea leer el informe de la ACNUDH sobre Venezuela y sus recomendaciones, puede ingresar al siguiente enlace
Con datos e información de nuestro informe anual del 2018
Prensa PROVEA
