Este 12 de junio de 2017 voceros de Provea formalizaron en la Unidad de Atención a la Víctima, del Ministerio Público, una denuncia sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que actuaron el pasado sábado en las adyacencias de la Avenida Victoria en Caracas. Asimismo, se denunció la actuación de los integrantes de los llamados «Círculos de Lucha Popular», dependientes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en labores de inteligencia contra vecinos que participan en las manifestaciones, en coordinación con grupos de civiles armados. Por último se señala la exclusión de personas que han participado en las manifestaciones del beneficio del CLAP, decidido por estos militantes del PSUV. La denuncia fue presentada por Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, y Lexys Rendón, Directora de Laboratorio de Paz, asistidos por el abogado Carlos Patiño.
Uzcátegui y Rendón fueron testigos, el pasado sábado 10 de junio, de la actuación desproporcionada de funcionarios de la PNB para impedir, desde antes de su realización, la manifestación convocada en la Avenida Victoria. Unidades motorizadas de la PNB dispararon gases lacrimógenos desde las 11 de la mañana, obligando a los manifestantes a replegarse. A la 1 de la tarde los activistas fotografiaban el despliegue policial desde su residencia, en las adyacencias de la Avenida Victoria, cuando funcionarios de la PNB se estacionaron en la esquina de su domicilio para conversar con una ciudadana del sector, quien tiene el cargo de jefa del Círculo de Lucha Popular (CLP) de la parroquia San Pedro y que además coordina la entrega de los CLAP en la zona. Esta ciudadana señaló el apartamento de los activistas, diciendo sus nombres a los funcionarios policiales y amenazando a Lexys Rendón. Uno de los funcionarios les mostró a los defensores de derechos humanos su escopeta de perdigones, haciendo gestos como si la fuera a disparar. Los vecinos comenzaron a cacerolear, por lo que los funcionarios optaron por retirarse.
La actuación de la coordinadora del CLAP y jefa del CLP de la Parroquia San Pedro tiene antecedentes. Según consta en la denuncia “De esta situación fuimos anteriormente testigos el pasado 20 de abril de 2017, aproximadamente a las 08 de la noche, cuando tras la colocación de objetos en la vía pública por vecinos de la comunidad, mientras se realizaba un cacerolazo en protesta contra las sentencias 155 y 156 emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dicha ciudadana coordinó la presencia de personas de civil armadas que recorrieron la Avenida María Teresa Toro portando capuchas y conduciendo motocicletas, que realizaban labores de amedrentamiento contra los manifestantes. En esa oportunidad se estacionaron frente a nuestro domicilio, por lo que pudimos escuchar con claridad cómo le suministraba a estas personas los nombres y los domicilios de las personas de la zona, según la base de datos que manejaba como coordinadora del CLAP, que habían caceroleado y que en ese momento se habían ido a una protesta que ocurría en la Avenida Victoria. Escuchamos cómo les indicaba a los motorizados que esas personas serían excluidas del beneficio CLAP por haber expresado su descontento con el gobierno. Además, la mencionada ciudadana gritó en diferentes oportunidades, en la presencia de los civiles encapuchados, “¿Ya no van a gritar más? ¿Por qué no bajan? ¿Están cagados?” dirigiéndose a los edificios”.
Provea solicitó al Ministerio Público la investigación tanto de los funcionarios policiales que participaron en el operativo como la presunta responsabilidad de los miembros del denominado “Círculo de Lucha Popular” en la realización de labores de inteligencia, en el marco de la creación de un Estado Policial en el contexto del Decreto de Estado de Excepción y el Plan Zamora, así como en la promoción de la discriminación en las políticas públicas que intentan garantizar el acceso a la alimentación para la población, bajo la presunta estimulación del PSUV.
Esta denuncia ratifica los resultados de la investigación realizada por Provea “Los CLAP: 7 indicios de discriminación política”, en el que se recopilaban testimonios de personas que habían sido excluídas del programa alimentario estatal debido a sus opiniones críticas con la gestión gubernamental.
