(Caracas 5 de enero de 2020) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) no reconoce la supuesta directiva de la Asamblea Nacional impuesta por la dictadura, este 5 de enero de 2020, de manera inconstitucional. En opinión de la organización Maduro termina de consumar el golpe de Estado iniciado a inicios de 2019, cuando luego de un proceso electoral abiertamente fraudulento, se proclamó presidente por un período de 6 años.
En un hecho notorio y comunicacional la dictadura de Nicolás Maduro impuso una directiva de la Asamblea Nacional violando la Constitución y la normativa del Reglamento por el cual se rige el parlamento. Durante la jornada que debía abrir las sesiones parlamentarias para el año 2020, cuyo punto central era la elección de una junta directiva, La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ocupó las instalaciones del hemiciclo parlamentario e impidió el ingreso del presidente de la AN Juan Guaidó y de varios diputados. Luego, mediante un acto tutelado por la fuerza militar y sin el quorum necesario para realizar tanto la sesión y la votación se impuso una Junta Directiva de manera irregular, la cual quedó conformada por Luis Parra como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente, además de Negal Morales como secretario de Cámara. Esta acción arbitraria es la continuidad de la política de atentar contra el único Poder Público legítimo existente en Venezuela desconociendo la voluntad popular.
El artículo 25 de la Constitución establece que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución y la ley es nula. Por lo tanto, no tiene ninguna legitimidad ni legalidad la directiva impuesta hoy.
Provea viene insistiendo en la necesidad de una salida pacifica, constitucional y democrática a la crisis del país. La arbitrariedad mostrada hoy por la dictadura dificulta aún más esas posibilidades y se constituye en un acto de provocación que puede alentar acciones no previstas por la Carta Magna, obstaculizando el trabajo adelantado por organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Responsabilizamos a Maduro y la cúpula con la que viene gobernando de facto por la generación de condiciones para el aumento de la violencia y la confrontación en el país.
Solicitamos de la comunidad internacional y de las instituciones democráticas del mundo, se condene este nuevo atentando contra la institucionalidad en Venezuela y se ratifique la necesidad de una solución a la crisis de Venezuela que no incremente el sufrimiento del pueblo y contribuya a la reinstitucionalización del país y la plena vigencia de los derechos humanos.
Ratificamos nuestro compromiso de lucha por el rescate de la democracia y el inicio de un proceso de reconstrucción del país, que incluya a todos los sectores de la vida nacional.
