Pese a sus limitaciones, la Ley de Amnistía puede ser un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha sufrido la población venezolana durante los años recientes. Para continuar en esta ruta es necesario un conjunto de medidas adicionales: reformar el sistema de administración de justicia para garantizar su independencia y la modificación y/o derogación de las leyes que han sido utilizadas para criminalizar la disidencia.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es un primer paso para empezar a desmontar la represión sistemática que ha sufrido el pueblo venezolano. Hay que decir también, sin ambigüedad, que no es una buena ley. Es objetable desde muchos puntos de vista. Sobre todo, es en exceso restrictiva, por las amplias excepciones que, salvo lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley, van más allá de lo exigido por la Constitución. También es indebidamente limitativo el artículo 7, que establece el requisito de ponerse a Derecho.
Además, se mantuvo la referencia a la violencia en casi todos los hechos comprendidos por la amnistía (art. 8), lo cual descalifica muchas acciones realizadas en ejercicio legítimo de reclamo y defensa de derechos. Por el alcance limitado del artículo 8, muchos perseguidos políticos quedarán fuera de la amnistía. Debió incluirse una disposición general que abarcara otras situaciones enmarcadas en la persecución sistemática que condujo a prisión, procesamiento o exilio a muchas personas.
No obstante, se corrigieron algunos errores que estaban en el proyecto original y hay añadidos importantes, como el artículo 24 de la CRBV en el epígrafe del Principio de Interpretación.
Lamentamos que algunas de las observaciones formuladas desde nuestra organización en los espacios de consulta no fueran incorporadas. Propusimos, por ejemplo, incluir disposiciones para dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General de la República, por ser contrarias al derecho humano a la participación política.
Recomendamos a la Asamblea Nacional incluir garantías de retorno seguro y sin persecución para quienes se encuentran en el exterior, incluyendo la restitución de la validez de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias. Planteamos incorporar la restitución de bienes incautados y el levantamiento inmediato de las prohibiciones de enajenar y gravar. Asimismo, establecer la reincorporación a sus puestos de trabajo para quienes fueron despedidos por los hechos objeto de la amnistía.
Estas y otras consideraciones de las organizaciones de la sociedad civil apuntaban, precisamente, a reforzar el espíritu de paz y reconciliación que debe tener una norma de esta naturaleza.
El país atraviesa un complejo, frágil y delicado momento político luego de la incursión militar de EEUU en Venezuela el día 3 de enero de 2026. Paradójicamente, este hecho de fuerza que viola la Carta de las Naciones Unidas en un clima de resquebrajamiento de los consensos posterior a la II Guerra Mundial, ha generado la posibilidad de una apertura económica y también cambios de reordenamiento político interno, pero advertimos que aún no existe una ruta clara hacia la reinstitucionalización democrática que revierta décadas de impunidad y desigualdad. Tampoco se constatan anuncios responsables de medidas que apunten a mejorar la calidad de vida de la población.
En ese sentido, y en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, desde Provea insistimos que hay un camino largo, necesario e impostergable, que es necesario recorrer para el ejercicio del derecho a la verdad, a una investigación transparente y expedita, a la determinación de los responsables de violaciones a derechos humanos de los perseguidos o presos por motivos políticos, a la reparación integral y, en especial, a las garantías de no repetición.
Existe un riesgo real de que no se desmonte el aparato represivo del Estado ni el marco normativo que le dio sustento, y que las víctimas de violaciones de derechos humanos no encuentren verdad, justicia, ni reparación.
Verdad, justicia y reparación
Consideramos pertinente que las organizaciones defensoras de derechos humanos, en articulación con los movimientos sociales y demás actores políticos, educativos, culturales y religiosos, mantengan la exigencia de las reformas legales e institucionales necesarias para desmontar las estructuras represivas que hicieron posibles tantas privaciones arbitrarias de la libertad, pues de nada sirve acordar ahora un buen número de liberaciones si se deja intacto el aparato represivo que las llevó a cabo y que en cualquier momento podría ser utilizado de nuevo. Ello debe ir acompañado de una voluntad real de las autoridades de tolerar la crítica, las opiniones disidentes y el reclamo legítimo de derechos.
Públicamente, solicitamos el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU a fin de que asesore técnicamente a la instancia social que, en interlocución con las autoridades, desarrolle estas iniciativas de auténtica liberalización política.
Exhortamos a la Asamblea Nacional a que asuma un compromiso público y concreto, con plazos claros, para avanzar en una agenda legislativa que modifique o derogue leyes inconstitucionales que afectan a la sociedad venezolana, como son:
- Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en Venezuela.
- Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
- Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
- Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.
- Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
- Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
Así mismo, exhortamos a la Asamblea Nacional a mantener el espíritu de amplitud que permitió a las organizaciones de derechos humanos participar en la discusión del Proyecto de Ley de Amnistía. El respeto a las voces de la sociedad civil venezolana debe ser un pilar para la necesaria reinstitucionalización del país.
En PROVEA seguimos registrando y denunciando el uso excesivo de la legislación antiterrorista y la negación sistemática de las garantías procesales como instrumentos para brindar una aparente «legalidad» a los abusos, tal y como lo definió un grupo de relatores especiales del sistema universal, en una comunicación enviada al gobierno nacional el 13 de septiembre de 2022. Este uso desmesurado e irresponsable de un tipo penal tan complejo y delicado de demostrar, como es el terrorismo, debe cesar, y dejar de ser usado como instrumento de criminalización contra la sociedad civil por parte del Sistema Judicial.
Insistimos en la imperiosa necesidad de reforma profunda del sistema de justica y, en particular, en la transformación institucional basada en la carrera judicial y en el ingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público con base en el mérito profesional y la integridad, mediante concursos de oposición públicos, lo cual contribuiría a establecer un verdadero Estado de Derecho, con jueces independientes que puedan controlar al gobierno y dejar sin efecto medidas abusivas de las autoridades y fiscales ajenos a toda persecución indebida.
Partiendo de la crisis institucional del sistema de administración de justicia, reconocida incluso por las autoridades encargadas en la apertura del año judicial 2026, la reestructuración del sistema judicial venezolano debe erigirse como prioridad para garantizar efectivamente el acceso a la justicia y desarrollar los derechos humanos contemplados en nuestra carta magna.
Muy contundentemente, afirmamos que existen responsabilidades personales que deben asumir el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo. Y debido a que hay méritos, la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, debe evaluar su posible remoción, tal y como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Defensoría del Pueblo. Se debe revisar también las actuaciones de la Defensa Pública y de los magistrados del TSJ.
El andamiaje institucional del sistema de justicia no puede seguir siendo un instrumento para la persecución y para avalar las continuas violaciones a la constitución. No habrá confianza ni estabilidad con un sistema de justicia apartado de sus obligaciones.
Desde Provea apostamos a la convivencia, a la paz, la justicia, y al avance hacia una democracia sustentada en la participación ciudadana, la justicia social y la independencia de los poderes públicos.
El único camino para el desarrollo del país, pasa por escuchar a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los Derechos Humanos.
