El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) desea hacer del conocimiento público la siguiente opinión con respecto a la situación de Venezuela bajo la pandemia de Covid-19, que incluye la convocatoria a elecciones parlamentarias y la reciente liberación de presos políticos.
1) La liberación de un grupo de presos políticos es una buena noticia, para ellos y sus familiares. Desde hace varios años las organizaciones de derechos humanos hemos denunciado los retrocesos en derechos civiles y políticos, por lo que junto a otras voces hemos condenado la represión y exigido la liberación de los presos políticos. Un ambiente favorable para cualquier diálogo productivo, que permita la resolución pacífica y negociada del conflicto, debe pasar por el cese a la persecución por ser disidente, por pensar y opinar de manera diferente a quienes ejercen el poder. Debe igualmente respetarse la autonomía de las organizaciones sociales y partidos políticos.
2) Siendo un primer e importante gesto la liberación de un número importante de presos políticos, no es suficiente para afirmar que el gobierno de Nicolás Maduro coopera y respeta los derechos humanos. Otras medidas deben acompañar esta primera decisión, entre ellas la liberación de todos los presos políticos y el cese de esta práctica, el denominado efecto “puerta giratoria”. Asimismo, cesar el abuso de los cuerpos de seguridad del Estado, señalados por prácticas de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El tiempo dirá si existe una verdadera voluntad política para allanar el camino a la redemocratización del país, mediante acuerdos con diferentes fuerzas políticas, o la medida tiene solamente una lógica electoral y distractora.
3) Asimismo, la liberación de presos políticos por sí sola no es suficiente para afirmar que existen condiciones democráticas para participar en las próximas elecciones parlamentarias. Las organizaciones de derechos humanos vamos a continuar visibilizando las diferentes irregularidades presentes en el proceso, siendo decisión de cada ciudadano el participar o no en ellas. Insistimos en la necesidad de un proceso electoral trasparente, creíble e inclusivo. Por otra parte, el recrudecimiento de la pandemia de Covid-19 en Venezuela debiera motivar a la reprogramación de la fecha de las elecciones pues se pone en riesgo la salud y vida de los electores.
4) El derecho a la salud continúa seriamente comprometido en el país, debido al recrudecimiento del Covid-19. Sin cifras oficiales confiables, la respuesta del Ejecutivo continúa dándole la espalda a la necesaria coordinación de los diferentes sectores, en el diseño de la mejor respuesta posible a la pandemia. La salud y bienestar de la población, hasta que pueda controlarse la enfermedad, debe ser la prioridad actual de todas las autoridades y fuerzas políticas. A la fecha, más de 100 trabajadores del sector salud han fallecido por Covid-19, en muchos casos por exponerse sin contar con condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Cualquier espacio de acuerdo y diálogo debe priorizar la atención de la población en las actuales circunstancias.
5) Vinculado al agravamiento de la Emergencia Humanitaria Compleja por el impacto del Coronavirus en Venezuela se encuentra la dramática situación de los servicios básicos, que incluye el suministro de combustible, vulnerando el derecho al libre tránsito, a la vivienda digna y a un nivel adecuado de vida. El gobierno ha reiterado su ineficacia para solucionar estos problemas, que sólo serán mitigados con la participación de amplios sectores de la sociedad, sin discriminación ni persecución.
6) Provea expresa su preocupación por la grave situación por la cual atraviesan los trabajadores, así como los millones de pensionados quienes reciben en la actualidad ingresos que los condenan al hambre y la miseria. Urge se active el diálogo social que permita garantizar justos salarios e igualmente se adopten medidas para otorgar pensiones dignas. La generación de condiciones para cualquier diálogo debe considerar la grave situación social por la cual atraviesa el país y la necesidad de prestar atención a los más vulnerables.
7) Expresamos nuestro desacuerdo con la posibilidad de la continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional posterior al cese de su período el 06 de enero de 2021, lo cual agravará aún más la crisis de la institucionalidad venezolana, independientemente del mecanismo que legitime esta decisión. Asimismo, hemos expresado nuestro rechazo a salidas insurreccionales o que impliquen hechos de fuerza, así como el aumento de sanciones financieras contra el país que aumenten las penurias de la población. Solicitamos a los diferentes actores del campo democrático la resolución de sus diferencias en un ambiente de respeto, para no sumar angustias adicionales a las ya padecidas por la ciudadanía.
8) Provea continuará suministrando información a los diferentes mecanismos de protección internacional sobre derechos humanos activados sobre Venezuela. Debe mantenerse y aumentarse la presión diplomática sobre nuestro país para viabilizar la transición a la democracia y seguiremos reclamando se adopten las recomendaciones realizadas por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
9) Ratificamos toda nuestra voluntad de contribuir a salidas pacíficas y constitucionales al conflicto venezolano y reivindicamos la necesidad de diálogos a favor de la gente por sus derechos y mejores condiciones de vida.
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