El martes 17 de enero, integrantes de Marea Socialista acompañados del Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos, Provea, consignaron ante la Defensoría del Pueblo un documento para denunciar hostigamiento y persecución en su contra, y luego, en rueda de prensa, se denunció públicamente el hecho.
Los voceros por parte de Marea Socialista fueron Nicmer Evans y Gonzalo Gómez quien también es co-fundador del portal Aporrea, y en representación de Provea estuvo Inti Rodríguez, Coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión. Aunque el documento entregado al Poder Moral solamente incluye a Marea Socialista, a la rueda de prensa asistieron integrantes de la Plataforma en Defensa de la Constitución, representada por el Mayor General Cliver Alcalá Cordones, quien también hizo denuncias ante los medios de comunicación social.
“Creemos que se ha venido configurando una situación de creciente autoritarismo que viene teniendo, entre otras cosas, expresiones directamente sobre Marea Socialista”
En el documento presentado se señalan cinco puntos que se catalogaron como “las principales amenazas y actos de retaliación contra Marea Socialista”: 1. Actos de intromisión, persecución y amedrentamiento contra dirigentes de Marea Socialista, 2. Obstáculos para el ejercicio del derecho a la participación en asuntos públicos, 3. Sabotaje a las actividades públicas limitando el derecho a la participación política, 4. Retaliación, persecución política y despidos, y 5. Amenazas, amedrentamiento y presión. “Creemos que se ha venido configurando una situación de creciente autoritarismo que viene teniendo, entre otras cosas, expresiones directamente sobre Marea Socialista”, señaló Gonzalo Gómez.
Sistema de justicia: “…instrumento de presión y de retaliación política a la disidencia y al pensamiento crítico”
Con respecto al “Sabotaje a las actividades públicas limitando el derecho a la participación política”, indicaron que se les ha negado la legalización como partido ante el Consejo Nacional Electoral. “Se nos impidió la utilización de nuestro nombre y la recolección de firmas con el nombre de Marea Socialista con argumentos que no tienen sustentación ninguna”. Ante la situación, Gómez narra que se dirigieron al Tribunal Supremo de Justicia, y hasta ahora no han obtenido respuesta sobre su situación. Además de ello, también denunció que se “han obstaculizado, interrumpido o impedido eventos de Marea Socialista por funcionarios del Estado, y en algunos casos con presencia de organismos de seguridad”.
En relación con el punto “retaliación, persecución y despido”, Gómez explicó que uno de los casos a los que se hace referencia es el de Gustavo Martínez, quien “estuvo al frente de la lucha por la nacionalización de Fama de América con control obrero y terminó siendo despedido en el proceso de burocratización de esa empresa”. Hizo mención al caso de Gilber Gómez en Barinas, detenido y “en condiciones de violación del debido proceso”; y al caso, en Guasdualito, de Freiman Páez (ya en libertad), detenido en diciembre de 2016 luego de intervenir en un programa radial de Fe y Alegría. “Fue liberado después de una campaña que se hizo para esto, pero no fue libertad plena: lo mantienen bajo régimen de presentación y está impedido de poder declarar al respecto”.
En el caso de las “Amenazas, amedrentamiento y presión”, Gómez explicó que había personas relacionadas con el partido de gobierno o afines a él que han expresado ante altas figuras del gobierno intenciones de someter a integrantes de Marea Socialista a averiguaciones, o a algún proceso judicial. “Es ese tipo de falsos positivos que estamos viendo en muchos casos en los que se utiliza el sistema de justicia no como una herramienta para ser justicia sino como un instrumento de presión y de retaliación política a la disidencia y al pensamiento crítico dentro de la misma revolución bolivariana”.
“El gobierno de Maduro es autoritario, bonapartista”
Nicmer Evans, por su parte, consideró que “el gobierno del presidente Maduro está rompiendo el umbral del marco del estado de derecho y de justicia” expresando preocupación por la creación del Comando Nacional Antigolpe, como un indicio de configuración de una neodictadura. “El gobierno de Maduro es autoritario, bonapartista”, sentenció Evans quien además afirmó que se está usando el poder para imponerse y disminuir al resto de los poderes que “no solamente son los poderes constituidos sino los poderes constituyentes” como las organizaciones sociales o comunales que desean participar en la política del país.
Evans explicó que Marea Socialista pasó a formar parte de aquellas organizaciones políticas, como la Mesa de la Unidad, que están siendo objeto de señalamiento y persecución. Considera que estos actos son un mensaje del gobierno “para poder decirle al pueblo chavista, al sector de izquierda del país, y a quienes no se identifican ni con el PSUV ni con la MUD ‘cállense la boca porque si no, vamos por ustedes’. Nosotros denunciamos porque no nos vamos a callar la boca. El gobierno está tratando de atentar contra la posibilidad de que emerjan alternativas distintas al convenimiento que existe entre factores políticos que por un lado están buscando secuestrar el poder, y por otro: asaltarlo”.
Evans también hizo énfasis en que se “ha generado una ola de terror y amedrentamiento operativizada hoy por el comando antigolpe”, y rechazó las amenazas y la tentación dictatorial en el discurso de Maduro.
Expresó que hay rumores sobre su posible detención, así como de Cliver Alcalá, Miguel Rodríguez Torres y otras personas a nivel nacional, además denunció “años de ataques” y descalificaciones mediante campañas comunicacionales en redes sociales “generadas en los laboratorios del Minci y del gobierno, y de las instituciones públicas, acompañados por los medios de comunicación del Estado, en programas como Con el Mazo Dando, o Zurda Konducta”. Además señaló que es posible que se les esté “intentando montar en una olla para poder detenernos y privarnos de libertad”.
“Nosotros vinimos a reclamar el derecho a la participación política como un Derecho Humano tal y como lo ha expresado la Relatoría de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.”, explicó Evans y también denunció la invasión a la privacidad a través del hackeo, y, como bien lo señaló Gómez en su intervención, el bloqueo que le impide a Marea Socialista constituirse como partido político.
“Exigimos el restablecimiento del estado de derecho y de justicia y el restablecimiento de la aplicación de la Constitución de 1999… invitamos a la gente a articularse y a protestar en defensa de la Constitución” finalizó.
«Hoy, los que se dicen sus herederos (de Chávez) le tienen terror a un proceso electoral”
Por su parte, el Mayor General Cliver Alcalá Cordones, miembro de la Plataforma en Defensa de la Constitución, afirmó que “el gobierno se graduó de violador de Derechos Humanos durante el 2016, y comienza este nuevo año recrudeciendo esas acciones que ya vivimos y que no debemos olvidar”, también cuestionó la creación del Comando Nacional Antigolpe cuando el propio presidente “apareció en un evento militar informando que tiene una fuerza armada leal. Entonces, ¿a qué se debe la creación de este comando si, conocemos los venezolanos que los golpes los dan los militares”. Su propia pregunta la respondió señalando que es un comando dirigido hacia la disidencia política, hacia “aquellos que desean estructurar una referencia política como es el caso de Marea Socialista y de la Plataforma en Defensa de la Constitución”.
Acalá también denunció las imposibilidad de hacer elecciones. “Hugo Chávez fue alguien que durante las crisis llamaba a la elección. Hoy, los que se dicen sus herederos le tienen terror a un proceso electoral”. Catalogó de corruptos al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral. “Creo profundamente en alertar al país sobre los actos del gobierno que profundizan la violación de los derechos de los venezolanos”.
Frente a los rumores de su posible detención, el Mayor General alegó que no había razones. “No he cometido ningún delito y no voy a aceptar ningún abuso de parte del presidente ni del vicepresidente ni de ningún comando”
“Estamos en presencia de la posibilidad de una razzia”
La rueda de prensa concluyó con la intervención de Inti Rodríguez, Coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, quien calificó las acciones antes descritas como “actos de hostigamiento y persecución” por parte del gobierno, además de considerarlos como “graves obstáculos serios para el ejercicio del derecho a la asociación y a la participación política”.
Rodríguez también recordó la posición que asumió Provea cuando el 20 de octubre cuando fue suspendido indefinidamente el Referéndum Revocatorio. “Desde Provea hemos calificado al gobierno de la Nicolás Maduro como una dictadura del siglo XXI; una dictadura que se ha valido de los propios elementos que brinda la democracia para cerrar los espacios para el ejercicio de las libertades democráticas. El gobierno de Nicolás Maduro está extinguiendo lentamente el estado de derecho, y los obstáculos que se le imponen a Marea Socialista y a muchas otras organizaciones políticas y sociales del país, forman parte de eso”. Asimismo reclamó el derecho a la asociación y la participación política como elementos para la construcción de una democracia participativa y protagónica. “Reivindicamos el derecho que tiene cualquier organización política, cualquier activista social o político, a defender su identidad política, a expresar legítimamente su descontento con las políticas del gobierno; a participar en los asuntos públicos en el marco de la legalidad y exigir a los gobiernos la realización de elecciones”.
El representante de Provea también explicó que se había documentado la denuncia y se haría el acompañamiento si la Defensoría del Pueblo le diera curso a la solicitud de investigación que se entregó “para garantizar una sanción a los responsables y evitar la reiteración de estos hechos”.
De igual manera expresó la preocupación por la “escalada represiva”. “Este trío conformado por Tareck El Aissami, Gustavo González López y Néstor Reverol constituye una seria amenaza para los Derechos Humanos en Venezuela y las garantías constitucionales. Estamos en presencia de la posibilidad de una razzia que ya comienza a registrar nuevos presos políticos, nuevas personas detenidas por razones políticas, y nuevos actos de hostigamiento”. Rodríguez hizo énfasis en la preocupación por el nombramiento de Tareck El Aissami como vicepresidente. “Con este nombramiento, el propio presidente Nicolás Maduro dijo que Tareck El Aissami estaba llamado a detener lo que han calificado como actos conspirativos o pretensiones golpistas”.
Inti Rodríguez finalizó su intervención poniendo a disposición los oficios de Provea para recibir y acompañar cualquier tipo de denuncia referidas al tema de la convocatoria.
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