La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), en cumplimiento con su responsabilidad reglamentaria y ciudadana, se dirige a la Nación para alertar sobre la profundización de la crisis socioeconómica que vive el país.
La economía venezolana acumula seis años consecutivos de contracción, con niveles un 70% menores a los del 2013, deterioro pronunciado de los servicios públicos, destrucción de la capacidad productiva de la industria petrolera en manos del Estado y reducción sustancial de la producción privada. Las reservas internacionales se encuentran en sus mínimos históricos, el país está en situación de cesación de pago de su deuda externa desde el 2017, el descontrol fiscal y las restricciones financieras internacionales llevaron a una monetización descontrolada del déficit impulsando un proceso hiperinflacionario sostenido, a expensas de asfixiar al sector bancario nacional, anulando el proceso de intermediación financiera.
De acuerdo con los balances del BCV los créditos del instituto emisor al gobierno pasaron del 8,5% en el año 2000 al 59,5% en el año 2019, mientras que los billetes y monedas en circulación en manos del público pasaron del 16,6% en el año 2000 al en 0,1% en el año 2019, con lo cual desaparecen las piezas monetarias necesarias para que la población cumpla con las transacciones indispensables; circunstancia que demuestra la infuncionalidad del sistema monetario-bancario debiendo decir, además, que los créditos de la banca al sector privado, respecto a los activos consolidados de la banca, se redujeron drásticamente al pasar del 41,9% en el año 2000 al 3,6% en el 2019 de acuerdo con los informes oficiales de la Superintendencia de Bancos.
En ese proceso nuestro signo monetario fue pulverizado y con ello su capacidad adquisitiva interna y externa, imponiéndose por la vía de los hechos, y de manera en extremo desordenada, un sistema de monedas múltiples.
En este contexto no ha habido sector de la economía interna que haya escapado a los negativos efectos que han ocasionado la inestabilidad político-institucional y las deficientes respuestas de política económica instrumentadas por el gobierno. En el caso específico de la producción agrícola, ésta es hoy apenas un tercio de lo que demanda el consumo nacional, ya de por sí deprimido considerablemente; actividad que enfrenta además crecientes dificultades para hacer llegar sus productos a los centros poblados, dada la crónica y profunda escasez de combustible, consecuencia de la incapacidad de PDVSA para refinar su propia producción petrolera. A estos factores hay que sumar las limitaciones para acceder al financiamiento externo, restricción que se ha profundizado con las sanciones internacionales que le han impuesto un conjunto significativo de países a un régimen cuya legitimidad se cuestiona como consecuencia de la violación persistente de los derechos humanos, las agresiones a las instituciones democráticas y su asociación con los delitos del narcotráfico y la corrupción.
Como resultado, la población está sumida en niveles de miseria nunca vistos por las últimas tres generaciones, con salarios mínimos de menos de tres dólares mensuales, y con más de cinco millones de emigrados -casi la quinta parte de la población- impulsados en su mayoría por necesidades de sobrevivencia. Esta situación se agrava ante la pandemia del Covid-19, dada la vulnerabilidad de la población por su pobreza y desnutrición, y una situación sanitaria y hospitalaria sumamente precaria, producto de años de desidia y corrupción.
Esta pandemia exige al Estado, además de prestar atención a la salud pública, prever la estrategia global y las políticas económicas a emprender para enfrentar l situación de estancamiento económico con inflación. Sin embargo, en sentido contrario a lo requerido, se impone una mayor presión tributaria a la ciudadanía y se colocan nuevas exigencias contables, tal y como evidencian la reforma al Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Aduanas y la Ley del IVA (Gaceta Oficial 6507). Asimismo, se retoma la perniciosa política de controles de precios y restricción de permisos de distribución de alimentos, retornando al riesgoso contexto de desabastecimiento de años recientes, estimulando la aparición de mercados informales con precios inaccesibles y una distorsión todavía mayor de los mercados internos.
La gravedad de la situación reclama un gobierno capaz de concertar los apoyos internacionales necesarios para enfrentar exitosamente la pandemia e instrumentar las medidas requeridas para sacar a Venezuela de la profunda depresión que deprime los niveles de vida de su población. La situación venezolana es crítica y harto compleja, su superación exige desarrollar un programa de profundas reformas estructurales y políticas económicas que permitan estabilizar las variables macroeconómicas fundamentales. Avanzar en esta dirección exige un sólido respaldo de la sociedad y un compromiso del liderazgo político que va mucho más allá de las agendas político-partidistas y las apetencias personales. Esta corrección de rumbo permitirá la construcción de una Venezuela próspera e inclusiva.
