En horas de la tarde del día 7 de octubre de 2020, aproximadamente 60 personas con
edades entre los 16 y 30 años fueron detenidas de manera arbitraria e indiscriminada por
supuestamente “violar la cuarentena”, en un operativo conjunto de organismos de seguridad
llevado a cabo por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía
del Estado Mérida en varios sectores del centro de la ciudad de Mérida, para luego ser
trasladadas al Área de Triaje Covid-19 del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los
Andes–IAHULA a los fines de practicarles supuestas pruebas para “detectar” coronavirus
sin su consentimiento. Asimismo, durante el desarrollo de estos hechos los prenombrados
funcionarios retuvieron los documentos de identidad de los detenidos y les anunciaron que
tenían dos opciones: ser reclutados para prestar servicio militar o realizar trabajo
comunitario después de una charla de 6 horas.
Vale destacar que la semana comprendida entre el 5 y el 11 de octubre de 2020 es
oficialmente de flexibilización por lo que durante ese lapso, ambos días inclusive, no operan
las restricciones de movilidad de allí que los hechos descritos se califiquen como
detenciones arbitrarias destinadas a coaccionar a individuos mediante un procedimiento no
oficial e ilegal de “reclutamiento” que es desconocido por la ciudadanía, en el que además
se detuvieron a menores de edad y personas de la comunidad LGBTIQ+ pudiendo éstas
últimas hallarse en riesgo de sufrir actos de violencia sexual y de cualquier tipo. Sumado a
ello, todas las personas detenidas arbitrariamente fueron expuestas al contagio de Covid19 ya que los funcionarios actuantes no acataron las medidas de distanciamiento tanto
social como físico, ni los protocolos de seguridad establecidos para evitar la propagación
del coronavirus.
Es importante hacer notar que tanto el artículo 134 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999 como el artículo 5 de la Ley de Registro y Alistamiento
para la Defensa Integral de la Nación promulgada en el año 2014, prohíben el
reclutamiento forzoso con miras a erradicar la que fuese una mala práctica del siglo
pasado; en consecuencia, los actos conducidos por los funcionarios de la Guardia Nacional
Bolivariana y la Policía del Estado Mérida son altamente condenables e ilícitos en el marco
de un estado de alarma que está siendo interpretado de forma discrecional por las
autoridades para incurrir en violaciones de derechos humanos.
Frente a esta situación, expresamos nuestra más profunda preocupación a la vez que
rechazamos las detenciones arbitrarias e instamos a las autoridades competentes a que se
lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos suscitados que determine la
responsabilidad de los funcionarios y que los mismos no se conviertan en un patrón
deleznable que atenta a todas luces contra las libertades fundamentales de las personas.
Foto referencial.
