Siguen las preocupaciones. Michelle Bachelet expresó este martes que su oficina observa de cerca las tensiones en Venezuela y lamentó diversas situaciones que continúan afectando los derechos de los venezolanos. Durante una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, presentó una actualización oral sobre la situación venezolana en cumplimiento del mandato que dicho órgano le otorgó en su Resolución A/HRC/RES/42/25 del 27 de septiembre de 2019.
«Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición», dijo la alta funcionaria en una breve intervención desde el Palacio de las Naciones, en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Bachelet lamentó la detención del diputado Gilber Caro y de su asistente Victor Ugas. Destacó que el diputado continúa privado de libertad sin que aún se conozca de manera oficial el sitio donde está recluido. Mencionó además el caso del también diputado a la Asamblea Nacional Ismael León, quien fue detenido e impuesto de arresto domiciliario. «Mi Oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. El 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara», precisó.
La Alta Comisionada añadió que su oficina ha registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, ONGs, y oficinas de medios de comunicación. «Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia», enfatizó.
Otros aspectos que generan preocupación a la Oficina del Alto Comisionado y que fueron mencionados en la actualización oral, incluyen los ataques contra ONG, las restricciones a la libertad sindical y la persecución contra trabajadores, las amenazas contra la autonomía universitaria y las autoridades de las principales universidades del país, las denuncias sobre casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en la sede de la DGCIM, los persistentes retrocesos en derechos económicos, sociales y culturales y la situación de los migrantes venezolanos.
Lo mas resaltante
Provea analiza dos de los puntos más resaltantes de la declaración de la Alta Comisionada, con información actualizada levantada a través del monitoreo y la documentación de casos:
1) Bachelet sobre los derechos de los trabajadores:«También persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales».
Entre noviembre y diciembre de 2018 un total de 16 sindicalistas fueron encarcelados, acusados de delitos como agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada, entre otros. En 2019 y 2020 la situación de amenaza contra la libertad sindical y el derecho a la sindicación persiste. Al menos 13 nuevos casos de detenciones contra trabajadores en empresas públicas y organismos del Estado han sido registrados entre los meses de enero de 2019 y marzo de 2020.
En un histórico informe divulgado el año pasado, la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo exhortó al Estado venezolano a «[…] no utilizar procedimientos judiciales para obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical»
2) Bachelet sobre violaciones a la integridad personal: «Además, mi Oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas»
1.426 personas fueron víctimas de abusos que incluyeron torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante 2019.
Provea documentó 852 casos de tratos crueles contra personas privadas de libertad, que incluyeron 57 muertes bajo este patrón de violación a los derechos humanos. Por su parte, 574 personas fueron víctimas de torturas y 23 de ellas murieron a consecuencia de estos actos.
La DGCIM se ubicó en segundo lugar en el número de casos de víctimas de torturas, acumulando 10 casos que involucraron a 124 víctimas (21,60%), un considerable incremento de 165% en el número de afectados ya que este cuerpo de seguridad registró 49 víctimas más que en 2018. La sede de la DGCIM se convirtió en el nuevo centro de torturas contra detenidos por razones políticas en el país. Al menos 199 casos de torturas se han registrado en ese recinto entre enero de 2018 y septiembre de 2019.
El 78,9% (673) de los casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes registrados por Provea en 2019, se produjeron con posterioridad a la visita de la Alta Comisionada a nuestro país en junio pasado. Mientras que el 75% (430) de los casos de torturas registrados se produjeron entre los meses de julio y diciembre de 2019, también con posterioridad a la visita de Bachelet.
Prensa Provea
